Leandro
del Moral Ituarte,
Fundación Nueva Cultura del Agua y Mesa Social del Agua de Andalucía
15 de julio de 2025
En el momento actual, para
enfocar adecuadamente la transición socio-ecológica justa del sistema
agroalimentario es imprescindible la reconceptualización política de la
agricultura familiar, social o profesional, un concepto sometido a intensos
debates y necesitado de cambios importantes. Por una parte, se multiplican los
mensajes con los que, mezclando argumentos contradictorios e instrumentalizando
emociones, se confunde a sectores fundamentales para esa transición. Desde la
extrema derecha se intenta neutralizar al sector agrario profesional y
arraigado en el territorio con mensajes sobre el “desprecio de los urbanitas a
nuestros agricultores”, a los que la sociedad urbana, dicen, considera “simples
parásitos, vividores de subvenciones, y enemigos del medio ambiente”, como
repite nuestro exministro, y antes personaje relativamente razonable, Manuel
Pimentel (2024)[i], en un libro que se devora
en medios agrarios. Un fenómeno, planteado de manera tendenciosa y desorbitada,
que se apoya en algunas verdades parciales. En efecto, hay que constatar que
todavía se mantienen en sectores del mundo ecologista planteamientos y visiones
negativas del sector agrario, enraizados en los debates históricos de la
izquierda marxista sobre ‘la cuestión campesina’, actualizados en el marco de
la crisis ecológica, que conducen a la falta de empatía hacia esa pequeña
agricultura (“son los mismos pillos”) que para sobrevivir tiene que sacar la
última gota de agua del acuífero ya sobreexplotado y labrar el último rincón de
tierra de la ribera del arroyo ya invadido al extremo.
Pero, frente a eso, además de la fuerte tradición de pensamiento, organización y práctica que simboliza, por ejemplo, La Vía Campesina, estamos asistiendo en el territorio español a la emergencia de algo nuevo, apoyado en múltiples experiencias de ‘coaliciones tácticas’ entre ecologismo y agricultores; y dinamizado sin duda por la gran protesta agraria de 2024, que puso en evidencia la enorme potencia territorial del sector agrario, minoritario en términos de porcentaje de población ocupada o del PIB, pero que tiene en sus manos el 90 % del espacio no urbanizado, los suelos, la biodiversidad, el agua y la alimentación. Además de raíces culturales y señas de identidad socialmente compartidas.
El mundo agrario, que es
profundamente desigual, con una gran parte de sus miembros en situación de
‘vulnerabilidad’, no expresa social y, sobre todo, políticamente con claridad
esa desigualdad y los conflictos intrasectoriales que se derivan de ella. Sin
duda, la propia estructura económica-productiva del sector deja poco margen y autonomía
a los agricultores que, en gran parte, ceden su voz a estructuras organizativas
sujetas a las demandas de las corporaciones que controlan los suministros y las
‘cadenas de valor’. Las organizaciones que se arrogan la representación de la
parte del sector enraizada en el territorio saben que existen subsectores que
encaran las presiones del mercado desde diferentes posiciones y relaciones de
poder. Por eso, tienden a lanzar mensajes unitarios sobre los intereses
agrarios, sin señalar y menos subrayar las diferencias, pensando que, si no lo
hacen de forma ‘equilibrada’, eludiendo conflictos, la parte del sector agrario
de mayor poder social y político va a desacreditar y a confrontar los
planteamientos que afecten a sus intereses. Son conocidos, también, los
episodios de ‘repliegue estamental’ en situaciones de crisis -sequía, crisis
ambiental- en las que domina la identificación sectorial agraria global
(cooptación de la portavocía por las élites agrarias, como FERAGUA en Andalucía
o SCRATS en Murcia) frente a la expresión social de las distintas posiciones e
intereses dentro del sistema agroalimentario.
Sin embargo, también es
cierto que, sin pretender simplificar una larga y diversa trayectoria, esa
tradicional y persistente hostilidad del sector ecologista y de la izquierda
han facilitado y siguen facilitando el cierre de filas defensivo del sector
agrario. Las situaciones son muy diferentes entre zonas o provincias de una
misma comunidad autónoma, lo que pone de manifiesto la mezcla de factores
estructurales y de liderazgos personales. Allí donde se produce, la
incomunicación y confrontación entre élites agrarias y organizaciones
ecologistas por un lado, y entre agricultores y activistas ecologistas por el
otro, estos procesos son factores explicativos adicionales de la dificultad de
los territorios rurales españoles para articular un movimiento de mayor calado
y transversalidad capaz de disputar el modelo agrario dominante y el imaginario
de una transición socio-ecológica hídrica y agraria justa.
La tendencia de la evolución
de las contradicciones y conflictos dentro del sector agrario es hacia el
agravamiento. La información disponible apunta a la intensificación de los
procesos de concentración de las explotaciones, de financiarización del sector
con la extensión y fortalecimiento de nuevos agentes ajenos al territorio;
procesos de modernización, de desarrollo y aplicación de innovaciones
tecnológicas que requieren escalas de explotación y capacidades financieras y
de gestión cada vez mayores. Es la expresión en el sector agrario del orden
económico internacional identificado con la globalización de la economía
capitalista, regido por principios neoliberales que orientan las funciones del
Estado en beneficio del poder ejercido por grandes grupos empresariales con un
elevado volumen de activos y, por tanto, capacidad negociadora, junto a la
difusión de una lógica de acumulación financiera que permea ya todo tipo de
actividades produciendo la pérdida de anclaje territorial de las grandes firmas
agrarias controladas por fondos de inversión transnacionales. A la vez, como
respuesta todavía insuficiente, se acentúa la conciencia de las propias
diferencias dentro del sector agrario, tal como se ha reflejado durante las
movilizaciones agrarias del año pasado, que propiciaron una nueva reflexión por
parte de organizaciones ecologistas y partidos políticos sobre el mundo
agrario, en el marco del debate sobre la necesidad de cambio del conjunto del
modelo agro-alimentario.
Sin embargo, hay dudas sobre
el futuro y la entidad política de estos debates y sobre el sentido del trabajo
de apoyo a la activación discursiva y política del sector de la agricultura
familiar-social profesional. El fortalecimiento del neoliberalismo y la
financiarización es la tendencia real en la que estamos sumidos, impulsado por
lo que parecen fuerzas motoras imparables. Pero también existen movimientos de
resistencia y construcción de propuestas, muchas ‘alianzas tácticas’ y debates
estratégicos como el que representa la Mesa Social del Agua de Andalucía, que
suscita rechazo por parte de los poderes pero también curiosidad y estimulación
de debates. Por arriba, también las instituciones tienen que responder con algo
más que concesiones de carácter antiecológico y proteccionista. Un reciente
documento de la Comisión Europea habla de justicia social en el campo e
incorpora elementos de esta nueva conciencia en el discurso público y en el
plano operativo. También la anunciada Ley de la Agricultura Familiar podría, y
debería, ser una ocasión de avances significativos contra la hegemonía
reaccionaria en el campo.
Hay que preguntarse, finalmente,
sobre la especificidad y potencialidad que tiene situar estas reflexiones en el
mundo del agua, es decir, hablando del sistema agrario, el mundo del regadío.
¿Qué aportaciones se pueden ofrecer desde la gestión del agua a los
interrogantes que rodean la construcción de la transición ecológica, en nuestro
caso hídrica, justa? Localizar la reflexión sobre la transición justa en el
agua nos sitúa en un terreno de naturaleza física, jurídica, cultural y
política especial. ¿Quién habla hoy de repartir la tierra? Pero, ¿por qué no de
repartir el agua de otra manera, que es un dominio público de gestión
colectiva, cuyo uso de hecho se asigna administrativamente? Del reparto del
agua con criterios de carácter social y ecológico sí podemos hablar, abriendo
un debate jurídico e instrumental sobre mecanismos concretos como la modulación
de la reducción de dotaciones en sequías (que son laboratorios de situaciones
crónicas en perspectivas de cambio climático), o la defensa de la reasignación
de recursos vía centros de intercambio (‘bancos públicos de agua’) frente a los
contratos de cesión de concesiones (‘mercados de agua’). En el momento
histórico actual, además de mejorar los aspectos económicos y ambientales de la
gestión del agua, hay que afrontar los cambios institucionales (normativos,
organizativos, políticos) que permitan incorporar claramente la dimensión socio-ecológica en su asignación y
reparto. A través de ese proceso de ‘transición hídrica justa’, el agua puede
ser una referencia para el cambio general de modelo de desarrollo necesario.
