Si mantenemos vivo el derecho de la ciudadanía a una
vivienda como es reconocido por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Constitución Española, ninguna de las instituciones del Estado
competentes en la materia pueden dejar de priorizar su aplicación con leyes,
imponiéndose sobre cualquier referente inmobiliario especulativo imperante en
el sector.
Manuel
Armenta
16 de diciembre de 2025
La crisis que estamos viviendo durante años, se ha convertido ya en un gran problema que afecta a todos los países como un auténtico fenómeno global, aunque existan los referentes de subidas “moderadas o excesivas” en unos u otros. Esta crisis ya configura la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental, que afecta prioritariamente a los sectores sociales más necesitados de ellas: por la escasez de recursos económicos y por el abandono de las políticas sociales y leyes de viviendas que las instituciones están practicando.
La vivienda se ha convertido en un bien de inversión muy importante no solo para las empresas, sino para personas de clases medias y altas que están generando rentas de los mercados superiores a otros ámbitos de inversión: el sector inmobiliario. Y ello afecta no solo a las viviendas de nueva construcción, sino a las existentes de todos los tipos que también se enajenan, incluidas las provenientes del nivel protegido que también se descalifican con el tiempo. Todo ello profundiza aún más la crisis, con especial énfasis en los sectores de población más desprotegidos y escasos o carentes de recursos. La vivienda es el sumidero de derechos básico por el que se retrocede en la igualdad de oportunidades y la justicia social por la que la España progresista hoy avanza.
Este modelo o sistema de crisis en el ámbito de la vivienda, emplaza principalmente al conjunto de las instituciones públicas a afrontar especiales políticas y actitudes en el sector inmobiliario: las políticas de control de los sistemas de arrendamientos; nuevas construcciones con especial énfasis en las definidas como libres o protegidas en suelos –privados o públicos- de nueva ordenación urbanística, que deberá ampliar el nivel de las protegidas en venta y alquiler, con especial énfasis en los suelos públicos; así como introducir nuevas normativas para que en viviendas protegidas descalificadas en venta o alquiler, tenga la Administración Pública derecho preferente a su adquisición o arrendamiento.
Aunque la principal responsabilidad política de esta crisis de vivienda corresponda a las Comunidades Autónomas por sus competencias, el Estado y los Ayuntamientos tienen que asumir y protagonizar políticas, normativas y planes de actuación, impulsando proyectos de ejecución de nuevas viviendas y adquisición o alquiler de las provenientes de los regímenes protegidos –descalificadas o no-, así como desahucios de entidades financieras. Los Ayuntamientos son los que disponen de la titularidad del suelo público en su territorio y los que reciben el porcentaje de la edificabilidad de las promociones libres del mercado, convirtiéndolos en ejes básicos de la vivienda social.
Hay que recordar también en esta dirección los sistemas cooperativos y de autoconstrucción, para no depender siempre de las empresas promotoras de vivienda, y que la demanda y necesidad de las personas para vivir siempre está en el Municipio, como el espacio fundamental del desarrollo urbano y la convivencia social.
La vivienda es uno de los referentes básicos para la igualdad, porque la ordenación urbana y la mezcla de viviendas libres y protegidas es el único camino para avanzar en convivencia social, quebrada siempre por la implementación de barriadas marginales para las viviendas protegidas en venta o alquiler. Y en esta dirección, serían el Estado y los Municipios quienes deberían reforzar sus competencias en el Ordenamiento Urbano y en su integración social, de todo tipo de nuevas viviendas: venta o alquiler, de régimen libre o protegidas. La integración urbana habitacional en los Municipios y las Comunidades Autónomas, es clave para que España avance en igualdad.
El precio medio de la vivienda en 2025 sube un 18 %, elevándose hasta los 2.789 € el m2, lo que sitúa a una vivienda de 80 m2 en los 223.129 euros, que supone sobre el precio medio de 2024 un incremento de 34.067 euros. Destacan en esta tendencia de incrementos Euskadi, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares; los alquileres más bajos en cualquier tipo de viviendas ya se sitúan en el entorno de los 1.000/1500 euros. A a este panorama unimos que en 2024 la precariedad laboral alcanzaba a 11,5 millones de trabajadores/as, que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social; que 1 de cada 4 hogares sufre algún problema residencial en alquiler (por vencimiento de contrato e incremento excesivo de renta) o en propiedad (por el impago de hipotecas), así como la temporalidad de los contratos laborales que rompen el ritmo de la igualdad de los ingresos temporales. Todo ello crea las situaciones para los desahucios, que acentúan el problema de la vivienda como uno de los motores de la exclusión social. En consecuencia, es imprescindible que se impulsen ya por las instituciones públicas nuevas políticas que eviten la precariedad laboral y la exclusión social, ofertando viviendas sociales existentes y las de nueva construcción.
En un reciente estudio económico sobre España la OCDE señala que el déficit de las viviendas sociales en alquiler entre 2022/2025 se situaba en unas 600.000, así como que al alquiler social se destina tan solo el 3 % del parque inmobiliario, muy por debajo de los promedios en la UE. El estudio también indica que España tiene 3,8 millones de viviendas vacías, y que necesita aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social, lo que implica construir o convertir más de 850.000 viviendas en los próximos 4 años: 213.000 por año. El estudio concluye con la necesidad de ayudas a las familias/hogares con ingresos bajos y establecer sistemas impositivos al mercado libre.
El Gobierno de España aprobó su primera ley de vivienda en 2023, pero seguimos en un abismo entre su reconocimiento jurídico y la realidad de su aplicación, de acuerdo con el derecho fundamental del artículo 47 de la Constitución. En diciembre de 2024 dio también los primeros pasos para crear la Empresa Pública de Vivienda, un registro para alquileres de poca estancia, y renovar la Moratoria anti-desahucios antes del 1-1-2026, para impedir que los 60.000 casos existentes y no ejecutados por ella se realicen, y evite también los nuevos que se producirían y ejecutarían, que afectan básicamente a las familias vulnerables. El Gobierno debe también emprender y asumir las medidas de solución definitiva con los Bancos y propietarios.
En esta misma dirección de políticas de vivienda, el Congreso del PSOE de diciembre 2024 acordó: “blindaremos la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública, e incluiremos en la Constitución el derecho a la seguridad climática y al agua potable”. Así se garantizaría que la vivienda pública no podrá tener titularidad privada nunca más.
Siguiendo las políticas de vivienda del gobierno progresista, cabe añadir que como la SAREB es de propiedad mayoritaria del Gobierno de España y que dispone de más de 50.000 viviendas, deberían ser referentes para su adquisición; así como la expropiación o compra de las viviendas vacías que hoy poseen los Bancos y Fondos Buitre, muchas de ellas vendidas por instituciones públicas. Y para el alquiler de viviendas como forma permanente de vida para millones de familias trabajadoras, es imprescindible ampliar por ley las prórrogas de los contratos temporales pero con proyección de indefinidos, sin incrementos libres de rentas en los períodos de años de revisión contractual, porque ello está siendo el problema grave de millones de familias que pierden sus hogares y condiciones de vida dignas. Entre 2025/2026 esto le va a ocurrir a casi un millón de personas, que perderán sus viviendas por los incrementos especulativos de propietarios y empresas, al amparo de leyes y normas.
En esta dirección de políticas de vivienda como
elemento fundamental del desarrollo
urbano, la convivencia social y
la igualdad, los nuevos núcleos
urbanos/urbanizaciones deberían producir la mita de viviendas libres y la otra
mitad protegidas. Igualmente habría que establecer una nueva norma para todo el Estado del nuevo coste máximo
para el alquiler social a niveles de
ingresos no superiores al IPREM, y para las ventas de los diferentes tipos de vivienda protegida, que no
superen en ningún caso el 3,5 del IPREM.
El gasto en vivienda (alquiler o compra y coste de suministros), en ningún caso debe superar el 20-30 %
de los ingresos familiares.
