Tras su admisión a trámite por el Pleno del Parlamento el pasado 26 de noviembre, con cincuenta y ocho mil firmas verificadas de apoyo de ciudadanos y ciudadanas andaluzas, la iniciativa legislativa popular de las Mareas Blancas continúa su tramitación parlamentaria.
Sebastián Martin Recio. Médico. Mareas Blancas de Andalucía
22 de
septiembre de 2026
En las
próximas semanas este proyecto de ley será debatido en la Comisión de Salud del
Parlamento donde los distintos grupos parlamentarios, así como organizaciones
sociales, sindicales, profesionales y ciudadanas, convocadas como
comparecientes, podrán emitir su opinión y plantear aportaciones al texto de
este proyecto. El resultado de estos debates confluirá en el Pleno donde
finalmente se procederá a las votaciones correspondientes.
A
nadie se le oculta que teniendo el PP y Vox conjuntamente mayoría absoluta
tanto en las comisiones parlamentarias como en el Pleno, difícilmente este
proyecto de ley saldrá aprobado en su integridad.
El sentido común ante la realidad del
deterioro de la sanidad pública andaluza
Sin
embargo, nuestra estrategia va más allá de la mera correlación numérica que
pudiera darse en el interior del Parlamento. Nuestros planteamientos están
imbuidos del sentido común ante la realidad del deterioro de la sanidad pública
andaluza. Un sentido común y una preocupación que consideramos comparte la
inmensa mayoría de la población andaluza y que se sustenta en la más pura
realidad que estamos viviendo: El incremento de la mortalidad evitable, las
inmensas listas de espera, la demora asistencial en la Atención Primaria, el
abandono real del seguimiento periódico y necesario de muchos enfermos
crónicos..., todo esto está generando un enorme sufrimiento de la población
andaluza a la que se está sometiendo asimismo a un auténtico chantaje
asistencial nunca visto: "Si quieres que esa prueba diagnóstica o esa
consulta con el especialista hospitalario, te llegue mucho antes, vete a la
privada o contrata una póliza privada de seguro de salud..."
Y el
efecto, a todas luces visible, está plasmado en principio en las más de dos
millones de pólizas de seguros privados existentes y en el aumento de
contrataciones y externalizaciones con las empresas privadas de la sanidad. Y
junto a esto, algo realmente muy grave: desde 2019 a 2025 el número de médicos
que compatibilizan su trabajo en la sanidad pública con trabajos en la sanidad
privada ha pasado de 2.400 facultativos (un 16 %) a 10.700 (un 40 %). Ya vemos
la política de Recursos humanos que ha llevado en estos años el gobierno
andaluz.
Una política sanitaria que está
desmantelado la sanidad pública
Una
política sanitaria que ha vaciado en la práctica real de recursos humanos y
materiales al sistema público, con un sistema de transferencias presupuestarias
al sector privado, un impulso a este sistema sanitario privado generado por el
propio deterioro de los servicios públicos y un "traspaso" compatibilizado
de profesionales sanitarios, mayormente médicos, facilitado por este gobierno a
las empresas privadas de la sanidad. Por cierto, ninguna empresa importante,
ninguna entidad financiera, permitiría que técnicos de su plantilla fueran por
las tardes a trabajar a otras empresas del mismo ramo...
Cuando
el gobierno andaluz públicamente presume de los mayores presupuestos habidos
para la sanidad y de contrataciones de personal..., el sentido común nos
plantea igualmente: "¿Cómo es posible que con tan ingente cantidad de
presupuestos y de contrataciones, esté la sanidad pública cada vez peor?" Hablaríamos, pues, también de una falta
de capacidad en la gestión... Con ello, el gobierno andaluz del PP, al mismo
tiempo que hace gala publicitariamente de los enormes presupuestos y
contrataciones realizadas, se echa tierra encima al constatarse, a pesar de
ello, los malos resultados de las políticas aplicadas.
Las estrategias de las Mareas Blancas en
este proceso de debate en el Parlamento de Andalucía se basarán precisamente en
eso: la realidad y el sentido común. Podrán atiborrar de
argumentos llenos de números, podrán descalificar lo que quieran a quienes
quieran, pero hay una realidad evidente que nadie puede obviar y es que la
sanidad pública está en un proceso de deterioro que puede llevarle a su
desmantelamiento real, y que ese proceso está auspiciado por políticas que
comienzan con insuficiencia presupuestarias, contrataciones y externalizaciones
con la privada en aumento, falta de personal y contrataciones precarias,
saturación asistencial, demora en las listas de espera, etcétera.
La política del PP: cambiar el modelo
sanitario público y universal
Una política
que va dirigiéndose progresivamente a cambiar el modelo sanitario existente. Lo
que hemos percibido por parte de las políticas del PP es que no creen en
absoluto en lo que es un modelo de sanidad pública, universal, gratuita en el
momento del uso y de calidad. Ya Moreno Bonilla dijo en su día que ese modelo
era “inviable”. Entonces lo que estamos presenciando es una transición, en
algunos casos salvaje, para pasar a un modelo “dual” en el cual los que tengan
más recursos económicos, bien a través de una póliza de seguro privada -que
irán subiendo de precio, por supuesto- o acudir directamente a consultas
privadas con dinero “de su bolsillo”. Y de otra parte una sanidad pública
universal, pero empobrecida, deteriorada, saturada, y que, curiosamente, la
sanidad privada utilizará cuando le convenga para deshacerse de enfermos
crónicos vulnerables, pluripatológicos, con antecedentes de procesos
cancerígenos, cardiovasculares, musculo-esqueléticos, neurológicos, pulmonares,
etc., de mayor gravedad, que no les resulten “rentables”.
La necesidad de la participación y la
movilización social
Por
todo esto para las Mareas Blancas es fundamental la movilización ciudadana, la
toma de conciencia y de compromiso, la organización ciudadana abierta y
transversal en cada pueblo y en cada barrio. Defender la sanidad pública hoy
requiere ese apoyo político y social amplio. Y esperamos que, con el apoyo de
los grupos de la izquierda y, por qué no decirlo, con la propia capacidad para
ceder lo que la realidad y el sentido común vienen exigiendo, el mismo gobierno andaluz asuma lo esencial
y prioritario que planteamos en nuestro proyecto de Ley.