AMNISTÍA - CONVIVENCIA Y ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Desde la proyección de caminar por el Estado de progreso DEMOCRÁTICO en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, era imprescindible ya, recuperar los derechos arrebatados a la ciudadanía CATALANA, y eliminar las condenas de muchos de sus dirigentes políticos por “sedición, rebelión, terrorismo y organización criminal”, impuestas a partir de la aplicación del art. 155 de la Constitución, por actuaciones pacíficas de la ciudadanía, así como del independentismo, “incorrectas o ilegales”. Esta LEY DE AMNISTÍA beneficiará a toda la sociedad española, porque le permitirá avanzar en Convivencia y Derechos.

‘Amnistía’ de  Agustín Ibarrola 1976. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Manuel Armenta

7 de Abril de 2024 

Diez años después de los acontecimientos vividos en Cataluña, con los referentes de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), y la aplicación del artículo 155 de la CE (Constitución Española) que sobrepasó todos los límites y alcance de su contenido en su aplicación por los órganos de poder del Estado (gobierno, cuerpos de policía y poder judicial), hoy, con la AMNISTÍA aprobada por el gobierno y la mayoría parlamentaria, se reinicia el camino de la convivencia y el entendimiento de la gran mayoría social no solo de Cataluña, sino de todas las nacionalidades y territorios de España, que retoman los derechos arrebatados reconocidos en la Constitución.

CONVERGENCIA REAL PARA UNA PAC MÁS JUSTA

Francisco Casero Rodríguez

23 de marzo de 2021

Que quienes detentan un privilegio no quieran renunciar a él es comprensible, incluso que se resistan a perderlo e intenten evitar su desaparición o su devaluación, y que para ello se asocien con quienes gozan iguales o similares prebendas. Quizás no sea ético, y desde luego no es solidario, pero se entiende. Lo que no es tan comprensible es que organizaciones que representan a conjuntos más amplios de la ciudadanía, que pretenden hacerlo con sectores completos como es el caso de las organizaciones profesionales agrarias, hagan una defensa cerrada de esas posiciones de privilegio de una parte de sus representados, y se opongan a cualquier modificación que las debilite, manifestando además posturas dispares según el territorio desde donde se hagan, lo que está evidenciando una visión localista que nos confunde.

Es necesario, ante la confusión interesada de ciertos intereses, hablar de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y del debate que está generando la puesta a punto de la reforma prevista para el periodo 2023–2027, que incluye una -ya retardada- “convergencia” en la cuantía de los pagos.