La política
practicada por los gobiernos durante la crisis económica ha efectuado recortes
considerables en el gasto educativo, a la vez que se incrementaban los fondos
públicos destinados a centros privados concertados.
España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la Iglesia concentra el 60 %
España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la Iglesia concentra el 60 %
Juan M. Valencia
Rodríguez - 29
de mayo de 2018
El
acceso universal y gratuito a la educación, al saber y la cultura, es una de
las grandes conquistas de las clases trabajadoras de la sociedad contemporánea,
que no pudieron tener las poblaciones de épocas anteriores. La exigencia social
hizo que el Estado liberal primero, y en especial las democracias en un momento
posterior, asumieran como propia la
tarea de la “instrucción pública”.
En
España, ese formidable logro tuvo uno de sus hitos más importantes en el primer
bienio (1931-1933) de la Segunda República, en el que se produjo un esfuerzo
mayúsculo de alfabetización y de construcción de centros escolares públicos. El
retorno a la democracia tras la dictadura de Franco abrió nuevas esperanzas y
posibilidades para el desarrollo de la enseñanza pública en nuestro país. La
Constitución de 1978 sancionó el derecho de todos a la educación al establecer
la enseñanza básica como obligatoria y gratuita.
La
educación es un derecho universal, una prioridad humana y un bien público. Permite
a las personas desarrollar las capacidades intelectuales para hacerse su propia
idea de la vida y del mundo, adquirir la formación necesaria para ganarse el
sustento con dignidad y también para disfrutar de las creaciones culturales y
artísticas de la Humanidad. Hacer realidad tal derecho exige medios económicos,
una financiación suficiente y adecuada. Cada colectividad debe preguntarse qué
cantidad de la riqueza socialmente producida, es decir, qué porcentaje del
Producto Interior Bruto (PIB) debe asignarse al gasto en Enseñanza pública, a
través de la parte correspondiente de los impuestos recaudados por el Estado.
En
este asunto la realidad española deja mucho que desear, porque a nuestro atraso
secular se une la política seguida por los gobiernos durante la crisis
económica, de recortes considerables en el gasto educativo (iniciados en los
dos últimos años de gobierno de Zapatero y agravados en los gobiernos de Rajoy):
de un 4,94 % del PIB en 2009 se pasó al 4,1 % en 2015, y sigue bajando: en el
Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno de Rajoy a Bruselas se
contempla que España rebaje el gasto educativo en 2020 al 3,67 %.