Francisco
Casero Rodríguez
8 de mayo de 2018
Se
debate en estos días el texto de la que está llamada a ser Ley de Agricultura y
Ganadería de Andalucía. Una norma, sin lugar a dudas fundamental si consideramos
el alto porcentaje de nuestro territorio dedicado a ganadería y agricultura, si
tenemos en cuenta la trascendencia estratégica de nuestro sector primario, y,
sobre todo, que la norma va a contener gran parte de las reglas que pueden
permitir una adecuada salud, un futuro digno de nuestro medio rural, nuestro
sustento diario.
Tenemos
que considerar, en primera instancia que, como ley, debe tener vocación de
mejora de nuestra convivencia, de nuestro progreso a la vez que tener
disposición de permanencia. En otras palabras, en Andalucía, una ley de
agricultura es una pieza clave de gestión de nuestro hoy, de nuestro mañana.
El
proyecto de ley de ganadería y agricultura, por tanto, no puede un puñado más
de las miles de hojas que cada año componen el BOJA. Tiene una trascendencia fundamental, no puede
ser una norma más con la que el gobierno engrose el crédito de su gestión. Más
leyes no nos hace mejores, más texto normativo no tiene por qué ser la alfombra
de un mejor futuro. Es fundamental, como premisa básica, considerar que emitir
una nueva ley supone un cambio para miles, cientos de miles de ciudadanos, y merecen
un respeto, sólo si la norma mejora la convivencia, es digna de aprobación.
Para
que la ley de agricultura cumpla ese objetivo, considerando la complejidad de
esta segunda década del siglo XXI, sabiendo que los próximos años pueden
resultar aún más inciertos, la norma tiene que contemplar un modelo de
producción, un modelo de uso del territorio, que considere los efectos del
cambio climático en Andalucía, por ejemplo. La ley tiene que prestar central
atención al sistema de producción ecológico, tiene que considerar el progresivo
y triste despoblamiento que también se está produciendo en nuestras zonas
rurales, tiene que articular mecanismos que permitan a los agricultores y
ganaderos desarrollar su actividad con acceso a rentas dignas, corrigiendo las
prácticas abusivas de los intermediarios y su habitual uso del dumping y los
productos reclamo.