- Se requiere un cambio estructural de las políticas migratorias estatales y europeas, contrarias a la dignidad humana y absolutamente ineficaces.
- La ciudadanía debe exigir una política migratoria eficiente y respetuosa con la dignidad y los derechos humanos.
Juan Manuel Valencia Rodríguez
20 de julio de 2018
La globalidad de la inmigración obliga a
soluciones internacionales, y en especial, desde nuestra situación geográfica, a
soluciones europeas. La reciente sentencia del Supremo, que condena
al Estado español por incumplir sus obligaciones de asilo de refugiados
procedentes de Grecia e Italia, debería servir de
estímulo al Gobierno de Pedro Sánchez para promover un cambio radical en las
políticas migratorias y de asilo de la UE y de España, más allá de gestos
puntuales de uso político y mediático.
Se requiere un cambio estructural de las
políticas migratorias estatales y europeas porque hasta ahora han sido, además
de crueles y contrarias a la dignidad humana, absolutamente ineficaces: el
flujo de inmigrantes que atraviesan el Mediterráneo en condiciones inadecuadas
y peligrosas no cesa, y la situación política, económica y humanitaria
internacional indica que el problema continuará en los próximos años.
Respetar los derechos de las personas es un deber
jurídico y moral, lo contrario es la barbarie. La ciudadanía debe exigir una
política migratoria que respete la
dignidad y los derechos humanos, que establezca vías legales y seguras de
acceso, para que la gente no tenga que ponerse en manos de mafias y emprender
un viaje infernal en el que su vida corre serio peligro, para encontrarse al
final, en caso de sobrevivir, como personas “sin papeles” privadas de la
posibilidad de trabajar, sin derecho a recursos básicos como la sanidad o la
educación, o cuyo destino es ser internadas en un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) a la espera de ser deportadas.
La política migratoria se desenvuelve en tres
procesos básicos: la actuación en los lugares de los que emanan los flujos
migratorios, el control sobre el acceso de las personas en las fronteras y los
modos de acogida de los inmigrantes.
Una política migratoria eficaz y respetuosa con la dignidad
humana debe actuar no solo sobre los efectos, sino también y de manera
prioritaria sobre las dos causas principales que generan las grandes migraciones:
la violencia extrema y el hambre. La comunidad internacional progresista debe
combatir a los que hacen de la guerra un negocio y presionar por la solución de
los grandes conflictos armados que provocan éxodos masivos de población (en la
actualidad, los de Siria,
Sudán del Sur, República Centroafricana, Afganistán, República Democrática del
Congo, la represión contra la minoría rohingya en Myanmar, además del largo
exilio del pueblo palestino). En el
aspecto económico, es preciso invertir en desarrollo de una manera eficaz,
promoviendo de verdad el progreso de los pueblos y evitando que las ayudas para
el desarrollo vayan a parar a élites corruptas de una y otra parte y no a sus
destinatarios.
El control de fronteras debe efectuarse encauzando el flujo
migratorio de una manera ordenada, según marcos legales negociados
bilateralmente con los lugares de origen, y no solo teniendo en cuenta los
intereses de los países de destino. No hay otro camino humanitario que no sea
acabar con las políticas europeas de externalización del control y la
militarización de las fronteras, establecer corredores humanitarios seguros en
las áreas de conflicto, posibilitar los visados en origen en las embajadas y
consulados españoles y conceder el derecho de asilo a todas las personas que lo
soliciten (en
2017 España solo otorgó el estatuto
de refugiado a 595 personas, de las 31.120 solicitudes de protección
internacional que recibió, cifra
mínima comparada con las 745.265 solicitudes de Alemania, las 123.370 de
Italia o las 83.485 de Francia en 2016).
Los programas de acogida y asentamiento de los
refugiados e inmigrantes deben contar con los medios legales, materiales y
personales necesarios para ofrecer un trato digno a estas personas. La Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estima necesario un plan de acción
estatal que incluya un protocolo unificado de actuación, y una protección
especial a los menores. En España el Defensor del Pueblo ha insistido en la
necesidad de recuperar con urgencia la Agencia Estatal de Inmigración y
Emigración (creada en 2006 y eliminada en 2015), y el Fondo de Acogida e
integración (creado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que después lo recortó
drásticamente en 2011 para finalmente ser suprimido al año siguiente por el
Gobierno Rajoy). Es preciso derogar cuanto antes la
vigente Ley de Extranjería, cerrar los Centros de Internamientos de Extranjeros,
que tanto se asemejan a los infames campos de concentración de otros tiempos, y
suspender de inmediato las “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y
Melilla (declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
octubre de 2017). Hay que tramitar los numerosos expedientes de concesión de nacionalidad
(unos 400.000) y las solicitudes de asilo (42.025 en febrero de 2018) que el gobierno
de Rajoy dejó sin resolver. Y derogar en seguida el Decreto 16/2012 que suprimió
casi totalmente el acceso de los inmigrantes irregulares a la Sanidad pública. Regularizar
la situación de los mal llamados “ilegales” supondría incorporar a la vida laboral
legal a unas 100.000 personas, que se convertirían en cotizantes a la Seguridad
Social y contribuyentes a la Hacienda pública.
