Ahora a la industria agroalimentaria lo que le interesa, insistimos, no es alimentarnos, sino vendernos.
Antonio Aguilera Nieves
20
de octubre de 2026
Anuncian la desaparición de las cocinas de nuestras casas. En las próximas décadas, muchas viviendas reducirán al mínimo sus funcionalidades relacionadas con la alimentación. La cocina requiere espacio, muy codiciado en las ciudades, utilizan mucha energía para conservar y transformar alimentos, precisan aparatos voluminosos y costosos. Comprar y cocinar requiere un tiempo que preferimos dedicar a otra cosa.
Algunos
empresarios impulsan esta idea con criterios lucrativos, investigadores lo
respaldan basando su análisis en criterios de eficiencia y utilidad espacial,
energética y alimenticia. El efecto arrastre asociado puede suponer un cambio
cultural de tremendas dimensiones.
A
los que nos hemos criado pegados a la tierra y los fogones nos cuesta
visualizarlo, puede parecernos una distopia, pero no podemos subestimarlo.
Basta con mirar a Japón, una de las sociedades organizativamente más avanzadas.
Basta con mirar el crecimiento de los lineales de productos de cuarta y quinta
gama. Basta con reconocer las responsabilidades nutricionales que delegamos en
nuestro móvil. Cocinar requiere espacio, energía, tiempo, dinero. Todos ellos
cada vez más valiosos por la urbanización de la sociedad, la crisis climática y
el modelo de vida consumista que aprieta a las clases medias.
El
proceso está en marcha, la apuesta de la gran distribución de alimentación y el
canal HORECA es clarísima. Es mucho más eficiente y rentable manipular y
procesar en los grandes centros de catering. Aprovechar las economías de escala
y servirse de las utilidades de la economía circular en los centros de
procesado, cuestión que ha sido muy bien acogida por las administraciones
públicas que necesitan de la seguridad, salud alimentaria y la reducción del
desperdicio.
La
Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio
alimentario, obliga desde abril de 2026 a todos los agentes de la cadena a
implementar un Plan de prevención para reducir el desperdicio.
Aun
así, en 2025 las familias españolas tiraron a la basura 1.101,8 millones de
kilos de alimentos, el 22 % derivados de recetas elaboradas que no consumieron,
y el 77,5 % de productos sin utilizar. A pesar de las campañas públicas desde
hace seis años, son 4,6 millones de kilos más que en 2024. Son 281.111 familias
las que incrementan su desperdicio. En Andalucía el desperdicio alimentario en
hogares se ha incrementado un 23,8 % respecto a 2024.
Hay
que admitir que somos malos gestionando nuestra alimentación. Desperdicios que
suponen echar a la alcantarilla mucho dinero y energía al final de la cadena
del sector. Pero si miramos al inicio, a la producción de alimentos, lo que se
observa es un incremento en la tensión productiva. Ante la subida de la
demanda, la respuesta de la cadena de valor alimentaria es optar por criterios
de productivismo como ley máxima.
En
este escenario, ganan el relato los que proclaman que la única agricultura
viable es la intensiva de regadío, que la única ganadería posible es la industrial
y que la única pesca factible, la piscicultura. Nos amenazan con aquello de que
no tenemos alimentos suficientes para la creciente población cuando el hecho es
que ya producimos alimentos suficientes para la población que habrá en 2050.
Mientras
tanto, el criterio productivista, más volcado en vendernos cosas que en
alimentarnos, donde el poder y los márgenes económicos se lo quedan los
intermediarios, está consiguiendo agotar los recursos hídricos, llevar a los
territorios a la especialización y la mecanización, implantar un oligopolio en
las semillas, los insumos y la maquinaria. Causas, en última instancia, de la
transformación del paisaje y la despoblación. Según los informes del Grupo de
Expertos del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC), el sector
alimentario es el causante del 37 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero, y el responsable del 75 % de la deforestación del mundo. Uno de
los mayores impulsores, por tanto, del aumento de la crisis climática.
Los
mecanismos para revertir el proceso son conocidos: proteger las explotaciones
familiares, incentivar la producción ecológica, facilitar los canales cortos de
comercialización, permitir la gobernanza efectiva del medio rural, pero los
intereses son muy poderosos. Ahora a la industria agroalimentaria lo que le
interesa, insistimos, no es alimentarnos, sino vendernos. Dejamos de ser consumidores
y nos convierten en compradores, degradando un sector esencial, socavando el
derecho humano a la alimentación digna y saludable. Por el camino se pierden
criterios de equidad, salud y justicia social que acaban pagando los eslabones
más débiles, esto es, los agricultores, ganaderos y pescadores, y las familias.
Esas
mismas a las que se les vende que lo mejor es comer el plato preparado que el
supermercado le pone en el lineal. Mientras, desarticulando el sector que ha
posibilitado el desarrollo de nuestra sociedad, el sector primario, el que cada
vez representa menos peso en la economía nacional, tiene cada vez menos
empleos, cada día más denostado por las políticas públicas y desconectado de
una sociedad urbana, ajena, ausente de esta realidad. Sin valorar lo suficiente
que, a profesionales como abogados, fontaneros, mecánicos, los precisamos
puntualmente, pero a los agricultores, ganaderos y pescadores, los necesitamos
todos los días.