La masiva invasión por la frontera de España y la UE en Ceuta el 30/31 de julio rompe normas y hábitos de las entradas irregulares de migrantes: muertes por ahogamientos y 70/80 mil personas que forzaron todos los sistemas fronterizos habituales, creando una situación crítica en lo social y en la vida política, acentuado por lo que esconde el trasfondo de su organización y la enorme dificultad de una respuesta justa y humanitaria.
Manuel Armenta
18 de septiembre de 2026
Desde el 31 de julio Ceuta duplicó sus habitantes: 84.208 residentes habituales y un número muy parecido de ocupantes ese día. Una parte de la población ceutí vive en condiciones de vida dignas, aunque los datos sean muy distantes de la situación que se vive en España: hay un 22,41 % de tasa de paro, 15.005 personas cobran el Ingreso Mínimo Vital y 36.325 están en riesgo de pobreza/exclusión social. Ceuta está gobernada por el PP desde los últimos 25 años, y España por el Gobierno de Coalición progresista los últimos 8 años. Hay que destacar que la ciudad de Ceuta es un territorio aislado del resto de España, que necesita blindar su frontera, y que en 2014 el gobierno del PP (presidido por M. Rajoy) preparó un proyecto para ampliar 40 metros el Espigón de Tarajal, y se abandonó, y que en 2024 el PP rechazó la ampliación de los Espigones, y su Alcalde (Vivas) votó en contra de la misma en 2025.
La
migración de Marruecos y otros
países africanos hacia España y Europa es frecuente y forzada para sus
protagonistas por sus condiciones de
vida, pero este formato masivo y la diversidad de personas con riesgo de
muertes e inviabilidad, NO resulta admisible por la forma y tipo de invasión
producida. Solo cabe marcar como
referente de lo ocurrido dos aspectos: la
génesis de su impulso y organización responde a un carácter político nacional
e internacional dirigido contra el Gobierno de España, y hay un menosprecio
absoluto por la vida de las personas.
La
carencia de Ceuta de espacios de alojamiento provisionales de migrantes provocó una fuerte confrontación con la
ciudadanía por las calles, convertidas en
asentamiento de personas que buscan comida y acomodo mínimo de vida… Situación
que el Gobierno de España supo afrontar en las primeras 48 horas, con
importantes refuerzos de militares y policías para retornar a Marruecos en torno a 60.000 personas, y entre unos 25/30
días, otros 5.300 más también han sido retornadas
de forma voluntaria. Hablar de la defensa de la ciudadanía ceutí y su territorio, fue y sigue siendo uno de los
referentes de hechos del Gobierno
del Estado. 2.100 menores sin
respaldo familiar y personas que se ajusten a la ley de migración deberían ser acogidas.
Las
competencias fundamentales del Gobierno
de Ceuta ante la migración siempre
han sido: la Protección de menores, la Asistencia Social, los Servicios
Públicos y la Gestión Urbana. Y aunque en este caso, la forma masiva rompa moldes y normas, no se
pueden cambiar las leyes ni el Derecho Humanitario, ni manipular al conjunto de
la ciudadanía de España con el eslogan de “invasión y desalojo”, “defensa del
pueblo ceutí” y contra las políticas humanitarias del Gobierno de España que priman al pueblo ceutí y buscan devolver
la tranquilidad a sus miembros, gestionar la atención a los recién llegados y esclarecer
los hechos ocurridos... Porque quien tenga derecho al asilo lo tendrá y quienes NO serán devueltos… Solo así se trabaja por y para Ceuta y su ciudadanía.
El
Gobierno de España, que en la primera semana de septiembre ya ha habilitado en el Puerto de Ceuta fórmulas
protegidas de alojamiento para 4.500 plazas
y en pocos días llegaran a 6.000, así
como comprometido con Ceuta más de 300 millones de euros para reactivar el tejido económico, la
seguridad y la frontera, así como recursos de todo tipo para mantener la calma
posible, los procedimientos administrativos y unas condiciones de vida dignas
para quienes tengan que soportan el procedimiento legal. También Bruselas
desbloqueará 115 millones de euros en fondos
de emergencia para ayudar a gestionar la situación y reforzar FRONTEX.
La
ciudadanía de Ceuta ha sido agredida y
necesita volver a su vida cotidiana en todos los órdenes de la vida, aunque
dadas las circunstancias en esta ocasión, todo el trabajo pueda alargarse más,
por la amplitud del procedimiento
selectivo y reparto de quienes
se acojan a la legalidad migratoria.
Todas las zonas urbanas se necesitan libres (unas 1.000 personas que
pernoctaban en calles ya están en un dispositivo temporal), aunque siga siendo
imprescindible mantener mayor vigilancia policial. Y para ello, también se
necesita que las comunidades autónomas que se están negando a recibir a los
migrantes menores y los que sean legalizados, cambien el paso
para que los traslados puedan agilizarse sin ningún tipo de confrontación
política. La ciudadanía ceutí, a la que tanto se dice defender, también lo necesita.
España
y su Gobierno han vivido, con importante
protagonismo territorial de Ceuta y su
ciudadanía, una mezcla invasiva de
movimiento migratorio inusual, con
la intención de ocultar el acto de ataque deliberado
al presidente Sánchez y su Gobierno y a las democracias europeas, en el
contexto de la crisis geopolítica de primera magnitud que el
mundo vive, con guerras y todo tipo de confrontaciones. España y su Presidente
ya es uno de los referentes que se quieren destruir, porque protagonizan el
modelo progresista que más se necesita para unas condiciones de vida dignas y la igualdad.
Esta
operación invasiva afecta a un flanco
débil de la frontera europea. España, sin vínculos directos territoriales,
siempre ocultará el respaldo real a dicha operación por los países o voluntades de tipo político que
la hayan promovido, porque el objetivo contiene actos delictivos, por sus consecuencias en muchas de las personas
migrantes necesitadas (muertas,
vivas o dañadas) que han protagonizado el paso por mar o tierra, como víctimas, y el ajuste al derecho
internacional. Los partidos políticos más conservadores y ultras, no solo de España, no paran su guerra contra el Gobierno de España
y contra las políticas que se mantienen para poder acoger a migrantes necesitados ajustados al Derecho,
y las condiciones de vida dignas del pueblo ceutí, España y Europa. Tampoco parece aceptable la petición
reciente de MARRUECOS a España, del
regreso de todos…
La
guerra política, institucional y en
todos los órdenes de la vida contra el Gobierno de España y su Presidente no
parará, porque todo el conflicto/guerra se promueve para conseguir el objetivo
básico de ella. Lo secundario es la migración, como ya se evidencia con las
nuevas estrategias de errores de
eficiencia en la gestión, retrasos de actuaciones y hasta comisión de delitos
contra el Gobierno.
La
confrontación radical suscitada
contra el Gobierno para convertirlo en responsable de una invasión que daña al pueblo ceutí y a toda España, soportada en los
relatos de que se conocía la invasión (horas
antes de producirse), más masiva aún, aclara
con más contundencia que la forma de proceder del Gobierno ha sido la más
objetiva que se podría realizar en horas, para evitar agresiones y muertes en línea con el concepto “guerra”, que
tampoco podrían haber evitado daños imprescindibles con Marruecos, y el Derecho
Humanitario y Migratorio de menores y personas con respaldo legal para cruzar
fronteras. Este tipo de invasión y
estrategia oculta de sus promotores era difícil de resolver sin acabar en
guerras, actos de violencia y atropello de los Derecho Humanos.
Lo
determinante en este conflicto HOY para sus promotores es llevar a la gran
mayoría de la ciudadanía española a
censurar al Gobierno y poder derribarlo. Esta guerra no tendrá fin, porque
también las puertas están abiertas a que sea el actual Gobierno y su
presidente, el que consiga transmitir y
convencer con hechos y palabras
a esa mayoría social que decidirá con apoyos
y votos que el gobierno-Sánchez se
mantenga en las próximas elecciones generales de España, para que sigan
prevaleciendo los Derechos Humanos y
Condiciones de vida Dignas para el conjunto de la ciudadanía por todo el
mundo, con MÁS DEMOCRACIA Y LIBERTAD.