Francisco Casero
Rodríguez
12 de abril de 2022
La gran manifestación del pasado 20 de marzo en Madrid, las intervenciones
de sus participantes y entidades convocantes, ha reflejado la variedad y
complejidad de la realidad del medio rural en su plano social, cultural, manejo
agrario. Algo que a veces se aborda con demasiada simpleza desde el medio
urbano y se utiliza interesadamente desde un ámbito partidista. Por eso no
puede meterse en un único saco, haciendo un totum revolutum con la caza, el
manejo agrario, el despoblamiento, los servicios públicos o los toros, por
citar sólo algunas de las consignas presentes.
Existe un juego en las escuelas de dirección de empresas en el que se pide
a los participantes que, con los ojos vendados, toquen. El instructor lo acerca
a una zona y entiende que toca un muro, en otra, un felpudo o escoba, en otra
zona, una manguera. Sólo cuando se quita la venda y se retira lo suficiente
entiende el jugador que lo que estaba tocando es un elefante.
A algunos, demasiados, parece que les sucede lo mismo que al que toca el lomo del elefante y lo confunde con un muro al calibrar la dimensión del problema al que nos enfrentamos en la gestión del territorio. Sólo cogiendo la perspectiva suficiente se entenderá que estamos afrontando únicamente una parte del problema en la mayoría de las iniciativas puestas en marcha, que la política de fijación de precios es sólo la punta del iceberg, que la estructura de costes del sector primario es correcta, que el problema de la rentabilidad está en otro sitio. Hay que entender que el despoblamiento no es un problema, sino la consecuencia de otros muchos. Y en todo ello, el cambio climático, que ya está, que ha llegado para quedarse, y que está acabando con mucho del manejo y técnicas que teníamos aprendidas a lo largo de siglos.
Hace apenas dos años, durante el confinamiento, entendimos que nuestros
ganaderos y agricultores eran nuestros héroes porque nos aportaban de forma
“sencilla” productos y servicios de calidad, a precios asequibles. Mucho de lo
liviano en lo peor de la pandemia se lo debemos a nuestro sector primario, el
mismo que sigue saliendo al campo de amanecida cada día. No podemos cometer la
estupidez de cuestionar su esencialidad.
Y este mismo rasgo es el que debe trasladarse a las políticas públicas.
Justo lo que lleva fallando desde hace años. En la Fundación Savia venimos
reclamando desde nuestra constitución, y muchos de nuestros miembros desde años
antes, políticas de gestión transversal del territorio. Servicios públicos
básicos (salud, sanidad, movilidad, seguridad, conectividad) de la misma
calidad para todos, cuestión que lamentablemente no se cumple en el medio rural
en el que asistimos al cierre de colegios, la pérdida de plazas de médicos,
cuerpos de seguridad, etc. Hay que combatir con toda la energía posible esa
sensación creciente de abandono de los habitantes rurales, que se enfrentan a
un deterioro continuado de servicios vinculados a derechos básicos.
Lograr aplicar justicia en la cadena de valor alimentaria es una
reclamación enquistada. El excesivo poder de los intermediarios y las cadenas
de distribución hace que el precio pagado por el consumidor no se convierta en
rentas justas para el campo. Técnicas demasiado habituales como el dumping, los precios reclamo y contratos
abusivos deben ser erradicados. Sólo así estaremos llevando a la práctica
medidas que sigan permitiendo esa gobernanza alimentaria que ahora algunos
contemplan como objeto de deseo, pero muy poco se hace en la práctica para
defender la ganadería extensiva, las pequeñas explotaciones e industrias
familiares o el sector ecológico, justo los actores que la permiten.
El medio rural es la parte de nuestro territorio y sociedad que es donante.
En Andalucía somos extremadamente solidarios y nuestro medio rural y nuestra
gente de pueblo lo es. Porque además de esos alimentos imprescindibles nos
proporcionan toda una serie de bienes públicos esenciales para la vida y que no
se forman en las ciudades: el agua, el aire, la energía, el propio clima, se
genera en el territorio rural y natural, pero sin embargo aún siguen sin
existir políticas de compensación que permitan a las mujeres y hombres del
campo poder seguir viviendo y trabajando en el pueblo. Todo ello, es importante
reiterarlo, lo hacen de forma generosa, altruista, como un servicio social. Por
eso es entendible que muchos estén enfadados, ofuscados, desesperados ante la
desidia de los gobiernos. No se percibe que sus necesidades son atendidas, que
su diversidad es entendida.
Es cierto que gobernar es difícil y los recursos limitados, pero afrontar
el reto del medio rural y pesquero se hace imprescindible, urgente. Desde
Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la Unión
Europea y su Pacto Verde Europeo traducido en la Ley de Cambio Climático
Europea, las Estrategias de Biodiversidad 2030 y De la Granja a la Mesa, se
están definiendo líneas de trabajo y objetivos que irán ayudando, conduciendo a
la viabilidad y sostenibilidad del territorio. Es hora de agarrar estas ideas y
abanderarlas poniendo en marcha esa verdadera transición ecológica justa que es
la que permitirá que nuestras mujeres y hombres rurales ocupen el lugar de
privilegio que les corresponde. Todo esto requiere no solo la responsabilidad
del Gobierno Central, también de las Comunidades Autónomas por las competencias
que tienen asumidas, se necesita una verdadera actuación como política de
Estado...
Como si de un pacto de Estado se tratase, porque la envergadura del
problema así lo requiere, tenemos que trabajar en un gran acuerdo que ofrezca
respuestas a las complejas, múltiples, diversas demandas que de forma lícita,
justa y honesta está reclamando nuestra gente. Esa, nuestra gente de los pueblos
que es la que sostiene todo el sistema.
