Marxismo en el Partido Popular

 

José Antonio Bosch. Abogado.

7 de julio de 2026

Parece que no era tan trágico para el señor Moreno Bonilla, como había anunciado, no obtener la mayoría en las pasadas elecciones autonómicas, toda vez que ha sido capaz de alcanzar un acuerdo de gobierno en tiempo récord. Otra cuestión es el tipo de acuerdo que, en realidad, no se diferencia demasiado de los ya suscritos por el PP y VOX en otras comunidades autónomas, y ello pese a la “especialidad de la vía andaluza” que desde tantas plataformas se vendía.

Hasta el presente, se nos decía por activa y por pasiva que, si bien la música era de VOX, la letra era del señor Moreno Bonilla. Así que, pese a acuerdos puntuales PP y VOX, en realidad la habilidad y el buen hacer del presidente andaluz nos conducía por la senda de la moderación y nos mantenía a salvo de las estrambóticas propuestas de la extrema derecha. La cruda realidad nos ha demostrado que la letra y la música la compone VOX, incorporando así a Andalucía a la larga lista de gobiernos (autonómicos y estatales) dirigidos por la extrema derecha en todo el mundo.

Me imagino a “Juanma presidente” -como lo presentaban las vallas y demás soportes electorales- llegando a la reunión para pactar con VOX y poniendo sobre la mesa una firme postura, muy marxista (de Groucho, no de Karl) parecida a aquella de estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Y lo digo porque, tras la lectura de las 160 medidas del Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Andalucía (en adelante Acuerdo) podemos comprobar cómo rompe e incumple en forma descarada compromisos ofrecidos en el programa electoral del PP de Andalucía (en adelante el Programa).

Así, por ejemplo, en el Programa se utiliza en veintinueve ocasiones el término «género» en contextos tales como perspectiva de género, violencia de género o igualdad de género, mientras que en el Acuerdo el término «género» ni está ni se le espera. Por el contrario, si observamos las referencias a la inmigración o a las personas inmigrantes, vemos que en el Programa se realizan siete menciones en contextos tales como la promoción social de las personas inmigrantes, la afirmación de que la inmigración no está saturando el mercado laboral andaluz o la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico. Frente a ello, en el Acuerdo se realizan quince referencias en contextos como «inmigración masiva», «rechazo a la política migratoria del Gobierno», «inmigración ilegal» o «repatriación», sin que podamos encontrar una sola medida que suponga el más mínimo reconocimiento a las personas inmigrantes y, mucho menos, cualquier tipo de ayuda.

Por supuesto, en las 441 páginas del Programa no existe una sola referencia al concepto de «prioridad nacional», concepto que sí se incluye en el Acuerdo. Ya sé que los portavoces autorizados del PP sostienen que ellos lo llamaban arraigo y que, en realidad, significa lo mismo que prioridad nacional, pero, por más que consulto diversas herramientas de inteligencia artificial, no logro encontrar ninguna que me ilustre sobre la similitud de ambos conceptos. Prioridad nacional significa «los españoles primero» —pretensión muy acorde con el trumpismo militante de VOX—, que además resulta contraria al principio de igualdad y, en consecuencia, a nuestra Constitución. Por su parte, el arraigo es un término que no establece distinción alguna en función de la nacionalidad, sino que atiende a circunstancias objetivas aplicables a todas las personas, con independencia de su origen.

Inmigrantes, de entrada, sí, pero, por Dios, que no sean muy oscuros de piel; que además recen a nuestros dioses; que recojan nuestras fresas y nuestras aceitunas a cambio de salarios ínfimos y en las condiciones laborales que determine el empleador; que cuiden de nuestros mayores con esmero y respeto, pero que no pretendan convertirse en un español más. Hasta ahí podíamos llegar. Cuando nos sobre algo ya lo compartiremos, pero sentarse en nuestra mesa en condiciones de igualdad, de ninguna manera.

¿Y qué decir del llamativo acuerdo de incluir en los planes de estudio la historia del terrorismo en España? La verdad es que no espero muchas sorpresas. A buen seguro no se incluirá a los GAL, ni al Batallón Vasco Español o Fuerza Nueva, por ejemplo; ni mucho menos al terrorismo de Estado o al comportamiento de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la dictadura y la transición. Con suerte, y si el asunto se le escapa al censor, se citará el atentado de Atocha y ya veremos a quién se le atribuye la autoría. Se trata, como en los mejores ejemplos del fascismo, de alterar la historia para justificar el presente.

Mientras en el Programa se hablaba de educación en valores democráticos y al rechazo de la violencia terrorista, en el Acuerdo se contempla que antes de finales del 2026 deberá estar registrada una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica. No hay problema: Juanma es un hombre muy versátil. Sus principios no pueden ser un obstáculo frente a la posibilidad de ostentar un tercer mandato en Andalucía.

Por supuesto el Acuerdo contempla la bajada de impuestos junto con el aumento de las prestaciones sociales, es decir la cuadratura del círculo que tantas veces nos ofrecen pero que siempre termina empobreciendo a los menos favorecidos y haciendo más cuantiosas las fortunas de los que más tienen.

También acuerdan derogar leyes ideológicas —medidas 148 y 149—, como si el propio Acuerdo fuera algo empírico, objetivo y ajeno a las ambiciones personales de quienes lo suscriben y de sus respectivos partidos. Sin embargo, lo cierto es que el Acuerdo constituye la antesala de las políticas ultraderechistas que guiarán a Juanma y a todo su gobierno durante los próximos cuatro años, en los que veremos cuestionados el principio de igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la protección del medio ambiente o los avances en materia de violencia de género, por ejemplo.

Un Parlamento y un Gobierno rancios como el tocino añejo, que nos empujarán a creer que el enemigo común es quien es diferente y no quien acumula rentas y capital a costa de que las personas vulnerables vean reducida su protección. Un Parlamento y un Gobierno que, ante la evidente emergencia climática, acuerdan reducir tasas a quienes contaminan o dejar de financiar a quienes promueven zonas de bajas emisiones.

No puedo sino recomendar la lectura detenida del Acuerdo. El PP se ha quitado el «burka» siguiendo las instrucciones de VOX y ambos se han compinchado para construir una realidad que normalice lo que, hasta hace muy poco, eran claras vulneraciones de los derechos humanos. Se trata de que nos vayamos acostumbrando a una «nueva normalidad» que, pisoteando principios, valores y derechos constitucionales logrados con sumo esfuerzo, y con un evidente desprecio por los derechos humanos, permita, en pocas palabras, que la desigualdad, como mínimo, se mantenga y, preferentemente, aumente.

Lamentablemente, no estamos ante escenarios desconocidos; la extrema derecha no es especialmente innovadora. Se están reproduciendo patrones que ya se utilizaron en el siglo XX. No miremos para otro lado y, como diría el señor Aznar, «el que pueda hacer, que haga».

CUESTIÓN DE PRIORIDADES

 

Carmen Yuste Aguilar

26 de mayo de 2026

 

La “prioridad nazional”

El resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo no ha sido ninguna sorpresa: las derechas han obtenido un amplio porcentaje de los votos emitidos. Si el PP lograba mantener la mayoría absoluta o no era la duda más relevante y el resultado es que no, por lo que muchas cosas dependerán de los acuerdos a los que Moreno Bonilla llegue con la ultraderecha. Y puesto que de lo único que han venido hablando en los últimos meses es de la aberrante “prioridad nacional”, el asunto está en el debate público, aunque ni sus propios voceros saben muy bien en qué se plasmaría este engendro ideológico.

Este infame constructo no ha nacido ni en Andalucía ni en ningún otro territorio del Estado; discursos y propuestas semejantes llevan décadas siendo planteadas en diferentes partes del mundo. Pero se ha colado ahora en nuestra tierra a través de la brecha abierta por los resultados electorales. La ultraderecha sabe que tiene la llave, si no para la investidura, sí para la aprobación de cualquier medida de calado del gobierno de Moreno Bonilla. En su primera intervención pública la noche electoral, el candidato de la ultraderecha repitió –y desde entonces no ha dejado de hacerlo- la cantinela de la que no saben salirse últimamente: la prioridad nacional.

Ya sabemos, porque juristas y personas expertas lo han señalado y argumentado, que la consigna difícilmente tendrá alguna aplicación práctica en el terreno normativo, pues contravendría los principios contenidos en la Constitución, la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero el daño ya está hecho y ha cumplido su objetivo ideológico, al azuzar la desconfianza y el recelo hacia las personas migrantes que viven en Andalucía, hacia nuestras vecinas y vecinos, hacia nuestras alumnas y alumnos.

La infancia y la adolescencia de Andalucía tiene que ser nuestra principal prioridad

Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y empatía, con un mínimo de respeto por los derechos humanos, se horroriza cuando escucha hablar de prioridades basadas en el origen o la raza, pues se nos vienen a la cabeza las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Pero quienes trabajamos con niños y niñas de orígenes diversos, con las potenciales víctimas de ese horror, tenemos el deber de plantarle cara en primera línea.

En las aulas andaluzas estudian niñas y niños de todas partes del mundo. En las aulas del barrio donde yo trabajo, prácticamente todo el alumnado es de origen migrante, fundamentalmente latinoamericano. Solo sus historias personales deberían hacer enmudecer de vergüenza a quienes se les llena la boca con “los de aquí primero”.

El patrón se repite implacablemente entre el alumnado con el que convivo cada día, como entre el de cualquier centro educativo de las periferias andaluzas y del resto de territorios. En algún rincón de América Latina, una mujer muy joven tiene hijas e hijos, se queda sola y como no puede mantenerlos, decide emigrar a Sevilla y recala en un barrio obrero de gente humilde. La idea es traerse a sus hijos e hijas en cuanto sea posible, pero el tiempo pasa y los trabajos precarios no permiten la reagrupación familiar tan pronto como le gustaría. Mientras, sus hijas e hijos quedan a cargo de la abuela, la tía o una vecina a la que se le envía algo de dinero para su cuidado. Cuando por fin logra reunir lo bastante como para que puedan venir, son ya casi adolescentes, con todas las dificultades y temores de esta etapa de la vida, a los que se suma el duelo migratorio y una profunda sensación de abandono y desarraigo por partida doble: lo sufrieron una vez en la primera infancia y otra, en la pubertad. Llegan a Andalucía y han de vivir con una madre a la que apenas conocen, si no es a través de video llamadas y, en muchas ocasiones, con otras familias con las que comparten piso, porque el precio de la vivienda solo permite alquilar una habitación. La madre sigue trabajando, como interna en una casa de un barrio pudiente, como cuidadora de los padres o niños de otros, en la hostelería, como jornalera o en cualquier otro trabajo extenuante, con jornadas interminables, sueldo de miseria y probablemente sin contrato y, por tanto, sin prestación alguna. Aflora entonces otro problema, cuando los y las adolescentes que han sido arrancadas del sitio y el entorno en el que se han criado, se encuentran prácticamente solas en una ciudad y un país extraños. Deben afrontar retos que no les pertenecen y deben cocinar, limpiar, hacerse cargo de todas las tareas domésticas o de sí mismos, si se encuentran tristes o enfermos.

Hace algún tiempo, supe que un alumno había estado en cama con un problema respiratorio de cierta gravedad. Su madre es jornalera y estaba trabajando en una empresa dedicada a los frutos rojos en Huelva. Cuando supo de la enfermedad, pidió permiso para ausentarse del trabajo y atenderlo, pero se lo denegaron. Fueron su tía y una vecina los que lo cuidaron durante esos días. La madre decidió dejar el trabajo para que esto no volviera a ocurrir, pero los trabajos en el campo a los que tiene acceso, no le permiten pasar con su hijo todo el tiempo que le gustaría. Por la misma época, una alumna nos confesó que tenía miedo de estar sola en casa y no se encontraba bien, porque su madre volvía muy tarde de trabajar, cuidando de unas niñas, en la otra punta de Sevilla. Tenía ansiedad y tuvo que irse a vivir con una amiga de su madre, hasta que terminó su contrato y buscó otro con un horario algo más reducido, pero también con un sueldo más bajo aún que el anterior.

Lo descrito se repite como un calco, una y otra vez. Es un fenómeno que, en términos más generales y teóricos se conoce como “cadena global de cuidados”: la transferencia de las tareas para el sostenimiento de la vida, desde el centro a la periferia del sistema capitalista, a través de una serie de eslabones en base a desigualdades de clase social, género, etnia y lugar de procedencia. La convivencia diaria en el aula permite, si se presta atención y se pone interés, conocer las consecuencias personales devastadoras de este proceso que son especialmente graves para las niñas y chicas adolescentes.

La migración forzada por decisión familiar en la infancia y la adolescencia supone un sentimiento de desarraigo y un choque cultural en un momento muy vulnerable de la vida. Cada una y cada uno lo manifiesta a su manera, pero es difícil no percibir su tristeza, frustración y confusión. Duermen poco, les cuesta concentrarse, pasan muchísimo tiempo con el móvil y el ordenador, desarrollan conductas disruptivas, a veces pierden por completo el interés por la escuela y abandonan.

Una vez tuve una conversación con una alumna que estaba muy decaída y faltaba demasiado a clase. La explicación que me dio es que se quedaba dormida, porque se acostaba tarde usando el móvil. Nos pusimos a contar y llegamos a una media de 18 horas diarias de juegos online y redes sociales. No es que se fuera tarde a la cama, es que no salía de su habitación, ni siquiera para comer, porque pasaba el tiempo hablando con la gente que había dejado en su país de origen, mientras su madre trabajaba todo el día cuidando a un anciano.

En otra ocasión, dadas las peleas y conflictos que un alumno estaba teniendo, nos sentamos a charlar. Estuvimos hablando largo y tendido y al cabo de un rato, estalló: “¡Pero esta que me va a decir a mí ahora lo que tengo que hacer!”. “Esta” era su madre y estaba presente. Ante una situación similar, otra madre me contó que los problemas no se producían solo en el instituto, sino también en casa. Trabajaba en la hostelería mañana y tarde, estaba sobrepasada y no encontraba estrategias. Al final, llorando, acabó diciendo: “Es que en realidad me he traído a un muchacho al que no conozco”.

Las experiencias vitales de estos chicos y chicas no son propias de su edad. Sobre todo en el caso de ellas. Han sido varias las chicas que nos han manifestado alguna forma de agresión sexual, tanto en su país de origen, cuando se encontraban a cargo de familiares, como aquí, por parte de alguna de las personas con las que se ven obligadas a convivir en pisos compartidos. O ambas.

No hace falta explicar los efectos que esto tiene y hemos observado en su salud mental: problemas de autopercepción, trastornos de la alimentación, conductas autolíticas, ansiedad o cambios de humor. Desde los centros educativos, hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero no es, ni mucho menos, suficiente: me sigue pareciendo increíble que, a pesar de todo, sigan hacia adelante y sean capaces de sonreír.

Sonríen sobre todo cuando hablan de su lugar de origen. Se les ilumina la cara hablando de las arepas que hacía su abuela en Antioquía, de las playas de Varadero, de las selvas de Costa Rica, de la horchata de arroz que venden en el mercado de Tegucigalpa, de merengue, bachata, reggaeton o trap… Y sus profes nos preocupamos de que tengan espacios para el recuerdo y la reivindicación de lo propio. La inclusión pasa por la participación en igualdad y no podemos permitir que nos hagan comulgar con una integración que no es más que menosprecio y renuncia forzada.

Las prioridades de la gente decente

Sabiendo o sin querer saber que todo lo anterior está pasando, un porcentaje no pequeño de la población andaluza ha dado su voto a la ultraderecha de la “prioridad nacional”. Resulta interesante comprobar que los pueblos y barrios en los que se concentra este voto ultra es donde viven los mayores beneficiarios de la migración y la cadena global de cuidados: las zonas agrícolas donde abunda el cultivo de invernaderos y los barrios pudientes de quienes pueden permitirse contratar a las mujeres que cuidan de sus familias.

La gente decente tiene otras prioridades: una sociedad más libre y más igualitaria, cohesionada, solidaria y empática; sanidad pública; un sistema de pensiones público y con garantías; vivienda digna asequible; trabajos que nos permitan vivir y convivir; una verdadera igualdad entre hombres y mujeres; el cuidado del medioambiente sin el que no hay futuro... Y para toda la ciudadanía, pero en particular para las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, la prioridad principal es una educación pública de calidad e inclusiva para todas y cada una de las niñas y niños, de la juventud de Andalucía, sin importar su origen.

ABORTO: DERECHO UNIVERSAL, PERO NO PARA TODAS

 

José Antonio Bosch. Abogado.

3 de febrero de 2026

 

Hace escasas semanas, desde los servicios sociales de atención primaria de una Comunidad Autónoma remitían a una clínica de interrupción de embarazo a una mujer extranjera de 26 años, con varios años de estancia continuada en España, que, junto con sus cuatro hijos, conformaban una familia monoparental. En el informe de derivación se señalaba que vivía en un piso de alquiler, con mensualidades pendientes de abono, y que su situación administrativa era “irregular”, es decir, “sin papeles”, lo que limitaba su acceso a un trabajo de calidad, abocándola a una situación económica absolutamente precaria.

Hasta aquí, desgraciadamente, nada novedoso. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención es que en el informe, después de reseñar que debía “de ejercer su decisión y derecho evitando un daño psicológico, social y físico, obligándola a seguir con un embarazo no deseado y afrontar una maternidad”, se señalaba que, dada su situación de “irregular”, no tenía derecho a la prestación del aborto, por lo que se solicitaba a la clínica que le practicasen, de manera gratuita, la interrupción voluntaria del embarazo dada su situación de “vulnerabilidad extrema y precariedad económica”.