José Antonio Bosch. Abogado.
10
de julio de 2026
No
voy a entrar en el origen del Estado de la Ciudad del Vaticano (los Pactos de
Letrán suscritos en 1929 entre la Santa Sede, representada por el cardenal
Pietro Gasparri, en nombre del papa Pío XI, y el Reino de Italia, representado
por Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III), ni en los acuerdos
vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, ni en la vigencia parcial del
Concordato de 1953 suscrito por la dictadura franquista con la Santa Sede.
Simplemente voy a aceptar que hemos tenido la visita de un jefe de Estado
extranjero a quien, en un hecho bastante excepcional, se le ha invitado a
intervenir en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados.
En
esa democrática sede y ante nuestros representantes, un jefe de Estado
extranjero ha demandado la abolición de derechos, como el derecho a una muerte
digna o el derecho al aborto, porque, desde su posición moral —y, por supuesto,
desde su condición de hombre al que nada le impide disponer de su propio cuerpo
a su arbitrio y voluntad—, considera que los avances en los derechos sexuales y
reproductivos, la lucha por la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir
sobre su propio cuerpo deben estar subordinados a su concepción moral de la
vida.
Y
lo cierto es que no me extraña que una organización que priva al 50 % de sus
fieles —en concreto, a las mujeres— de recibir la gracia de Dios a través del
sacramento del sacerdocio, y que ejerce una discriminación prohibida
actualmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales,
sostenga tales postulados. Se cuente como se cuente, es una organización que
practica una discriminación estructural basada en el sexo y, como tal, sería
casi un milagro que respetara el derecho de la mujer a decidir sobre su propio
cuerpo.
Y
es de una lógica aplastante. Esa norma moral que impone la negativa a respetar
el derecho al aborto es una norma concebida y aprobada por una jerarquía
masculina. La jerarquía de la Iglesia, históricamente, en la actualidad y,
previsiblemente, en el futuro próximo, está conformada por varones. Los órganos
de decisión —como el papado, el episcopado y el colegio cardenalicio— han
estado integrados tradicionalmente de forma exclusiva por hombres, lo que
implica una ausencia absoluta de mujeres en los niveles más altos de poder
institucional. Son hombres quienes han decidido y pretenden seguir decidiendo
sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el rol social que estas deben
desempeñar, cuál debe ser su sexualidad o su papel como reproductoras… Por
ello, todo lo relacionado con anticonceptivos, aborto o derechos sexuales es
considerado por dicha doctrina como cosa del maligno.
No
es necesario extenderse demasiado sobre las posiciones oficiales de la Iglesia
en relación con el papel de la mujer en la familia —estructura que, según su
doctrina, debe estar conformada por un hombre y una mujer unidos bajo el
sacramento del matrimonio— para comprender las limitaciones que se formulan y
que se tratan de imponer desde esa organización a los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, a las que sitúa en una posición subordinada o
condicionada por su función reproductiva.
Así,
lo que ha venido a solicitar el señor Prevost en el Congreso de los Diputados
es la derogación de normas que, con gran esfuerzo y sacrificio a lo largo de
años de muchas ciudadanas y ciudadanos de este país, han incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y lo
sorprendente no es que predique semejante doctrina (conocida, pública y
notoria), sino que lo haga en la sede de la soberanía nacional donde se
aprobaron las normas cuya derogación solicita y que, además, nuestros
representantes le aplaudan como si no hubiera un mañana.
El
Papa puede pensar lo que quiera, faltaría más, pero, en su condición de jefe de
Estado —en el rol en que ha sido recibido—, debería observar, al menos, las
exigencias básicas de la cortesía parlamentaria. Si algo no le ha faltado en su
viaje han sido ocasiones para predicar y altavoces desde los que difundir su
mensaje. Tanto los medios de la Iglesia como los públicos y los privados han
retransmitido, en directo y en diferido, cada una de sus palabras, por lo que
no tenía necesidad de faltar al respeto a nuestro poder legislativo para
difundir su moral.
No
me imagino a ninguno de los jefes de Estado que han visitado el Vaticano en
viaje oficial diciéndole al papa de turno que debe derogar la confesionalidad
del Estado vaticano porque Dios es una ficción, o que una organización que hoy
no reconoce la igualdad de las personas está anclada en el medievo. Por muy
ateo que sea un visitante del Vaticano, lo normal, lo adecuado, lo propio de
una diplomacia moderna, es el respeto entre las partes.
Pero,
claro, el respeto es un valor más extendido entre iguales, y el señor Prevost
ostenta la ventaja de presentarse como el representante de Dios en la Tierra,
lo que le sitúa, a su juicio, por encima de cualquier interlocutor. Ello le
permite mantener esa pretendida superioridad moral desde la que decide qué
derechos humanos están amparados por la ley divina y cuáles son contrarios a
ella. Y a mí me parece perfectamente legítimo que lo haga respecto de sus
fieles, en la medida en que estos se lo permitan, pero utilizar su visita como
jefe de Estado al Congreso español para tal fin me ha parecido un abuso.
Personalmente,
no tenía ninguna duda sobre la posición de la Iglesia católica en relación con
la anticoncepción, el aborto o cualquier cuestión vinculada a la capacidad de
decidir sobre el propio cuerpo. Tampoco albergaba dudas sobre el carácter
marcadamente patriarcal de sus postulados. Sin embargo, episodios como este
deben recordarnos la cantidad de actores que mantienen abierto el frente contra
los derechos sexuales y reproductivos, que, aunque hoy parezcan consolidados,
del mismo modo que se conquistaron pueden perderse.
Discursos
como el descrito —nada extraordinario a la vista del auge de movimientos
reaccionarios que avanzan, cuando no se imponen, en distintas partes del mundo—
deben impulsarnos a seguir atentos y activos en la defensa y consolidación de
los derechos humanos en todas sus vertientes, y a asumir que, al igual que las
flores, los derechos, si no se cuidan con esmero, acaban marchitándose.
Publicado en NR Periodismo Alternativo el 28/06/26.
