La situación de la vivienda asequible que se vive en Europa, y en España de forma “acusada”, es un reto básico y fundamental. Su reconocimiento como derecho se ha visto violado por las políticas tan nefastas que se han aplicado en su gestión y eficiencia institucional. En los últimos diez años en Europa su precio subió un 58 % y en España un 67 %, por muchas causas e intereses ajenos a la vida social.
(imagen:
https://gatossindicales.blogspot.com/2017/02/derecho-una-vivienda-digna.html)
Manuel Armenta
21 de enero de 2025
Cuando hablamos del Derecho a la Vivienda de las personas en términos generales, no debemos olvidar que éste es un derecho básico amparado en multitud de las normas y leyes, en España, en la UE y en el mundo. Por ejemplo:
- La Declaración Universal de los DD.HH. de 1948 (art. 25.1)
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1)
- La Constitución española (art. 47)
- La Carta Social europea (en su art. 31, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda)
- La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (año 2.000, en su art. 34.3), que para combatir la exclusión social y la pobreza reconoce el derecho de “ayuda social y de vivienda” a todos los que no dispongan de recursos suficientes.
La
Unión Europea ya trabaja en un Plan de
Vivienda asequible, que aportará a todos los países recursos y políticas
que prioricen la creación de nuevas viviendas asequibles a los sectores más necesitados y con la regulación más
efectiva de los precios, para la compra o alquiler, y esperemos que también se
incluya en el Plan la exclusión de las
ayudas a quienes accedan a su titularidad o alquiler (personas o entidades)
con fines de uso propio NO residencial. Asimismo, también esperamos que los
referentes de la Eficiencia energética sean
imprescindibles en los proyectos de nueva construcción y en la rehabilitación
de los existentes, ejes fundamentales de las medidas del nuevo Plan.
El
gobierno de coalición progresista de España, liderado por el PSOE, ya aprobó su
1ª Ley de Vivienda en mayo de 2023, que aportó como referente la posibilidad de
abrir caminos para implementar las políticas de construcción de nuevas viviendas, y la rehabilitación de las existentes.
Esta misma línea de actuación es la aprobada por el PSOE en su reciente
Congreso, que igualmente reforzará la aplicación de las políticas que desde el
Estado se impulsarán como el principal referente de la “vivienda digna y adecuada” para los sectores sociales más
necesitados, y avanzar así por el camino de superar el abismo entre el
reconocimiento jurídico del derecho (que
se establece en el art. 47 de la Constitución y otras leyes), y la realidad que
se vive. La Unión Europea y España avanzan
por el camino de convertirlo en un auténtico Derecho Fundamental.
La
estrategia debe ser primar las políticas públicas de vivienda social y su
ejecución al margen del mercado privado, que hoy alcanza importantes hitos de
especulación que tan negativamente afecta a la mayoría social. Hay una evidencia:
la vivienda se ha convertido en la
principal preocupación de la sociedad. Y es que el 6,9 % de los hogares
españoles (1,3 millones de personas) se encontraba en 2023 en situación de pobreza energética, que tanto afecta a la calidad de vida y al endeudamiento, lo que
unido a otros impagos, provocan desahucios
y desalojos en la propiedad y en los alquileres.
Para
que las políticas públicas en materia de vivienda tengan la eficiencia necesaria se tiene que favorecer
el protagonismo ciudadano, en cada municipio
y en los Órganos e instrumentos de gestión y control del Estado, en las
políticas de vivienda de nueva promoción y respecto a los patrimonios públicos
existentes. La colaboración de la ciudadanía en el ámbito territorial más
cercano, el municipio, es imprescindible para su eficiencia, porque es esa
cercanía de convivencia cotidiana la que hará más REAL y POSIBLE que el derecho
constitucional a la vivienda sea una realidad, al margen de los mercados
económicos, financieros y especulativos de la vivienda, en los que pasa de ser
el lugar de residencia habitual a un
elemento del mercado de inversión especulativo. El concepto constitucional de
vivienda y su destino y uso choca con la realidad de que también afecta a las
políticas sociales y al concepto de vivienda residencial habitual.
El
proyecto de vivienda social que
afrontan el Estado español y la UE tiene que buscar estrategias de
planificación y actuación no solo para la puesta en marcha de nuevas construcciones, porque su
ejecución proyectada en el tiempo siempre está sujeta a ciclos de 3/4 años hasta
su ocupación efectiva. Siendo esta una estrategia básica para avanzar por buen
camino, dada la situación tan crítica que viven millones de personas y familias
se tendrían que afrontar otras medidas urgentes dirigidas al acceso a la propiedad de las viviendas
ya existentes sin uso ni destinatario
que están en manos de los “Fondos Buitre”, la Sareb, y las instituciones
financieras por motivos de desahucios, así como las que se encuentren en los
mercados por criterios especulativos. La expropiación
para un uso y destino justo y necesario ya es reconocida por las leyes y la
respalda la Constitución para el cumplimiento real de un derecho básico y fundamental para familias y personas tan
necesitadas.
En
el caso de las viviendas ya existentes calificadas como de protección oficial cuyos propietarios o arrendatarios, cuando por
motivos de su descalificación alcancen
la posición de vivienda libre y proyecten venderla o alquilarla, se podría
buscar la alternativa de otorgar prioridad
al Estado en su adquisición. Ello supondría una aportación de viviendas en
el corto plazo, sin que reporte daños para los propietarios que deciden
legalmente su venta o alquiler.
Asimismo,
para conseguir las viviendas de protección oficial en fase de construcción por entidades privadas, se
podrían establecer normas para que sean las instituciones municipales o el
Estado quienes tengan prioridad en el
acceso a todas aquellas cuya compra aún no esté formalizada; ello permitiría
una configuración diversa de nuevos destinatarios dentro de la diversidad de ingresos, de compra o alquiler, desde las administraciones públicas. Y en esta línea de actuación
de proyectos urbanísticos aprobados y en ejecución también caben normas y acuerdos para el entendimiento
con las empresas privadas, para que las instituciones públicas tengan prioridad
en el acceso a las viviendas destinadas a protección oficial. Estos caminos permiten al corto plazo
avanzar hacia soluciones reales para atender las necesidades de las familias y
personas más necesitadas.
Sin
perder el protagonismo del concepto urbano
y la vivienda que tiene el Municipio, tiene que primar la imperiosa
necesidad de fraguar normas y acuerdos del Estado con todos ellos, o con aquellos que lo demanden, para
proyectar planes urbanos y constructivos que se puedan ejecutar en los suelos
de propiedad pública. Y todo ello, con independencia de que las Comunidades
Autónomas acompañen o no los acuerdos entre los municipios y el Estado,
que son las dos administraciones públicas más afectadas por la titularidad de los suelos urbanos y
edificables y, en consecuencia, son las instituciones que tienen la más potente
responsabilidad de su uso y destino.
LA
VIVIENDA SOCIAL como un derecho indiscutible solo necesita protagonismo político y social de quienes son los principales
protagonistas de la trama urbana y su propiedad para construir y reconstruir sus viviendas, la trama urbana y las
ciudades. La justicia política y social para su ejecución depende
fundamentalmente de las instituciones progresistas
y amplios sectores de la población que demandan los derechos básicos de todos,
con especial énfasis de los sectores más necesitados.
La
vivienda social ha sido uno de los derechos fundamentales más abandonados para los sectores de población más necesitados de
ellos, no solo por las instituciones, sino por los mercados especulativos. Este
problema afecta al conjunto de la sociedad, y se ha convertido en uno de los asuntos
de más difícil solución, porque viene agravado por la crisis general derivada
de la confrontación permanente entre los poderes políticos institucionales y
fácticos. Vemos ahí dos referentes: el de progreso
en derechos y condiciones de vida digna (representado por las corrientes
políticas que gobiernan y apoyan al Gobierno del Estado), y el de retroceso en el modelo de Democracia (representado
por las derechas ultraconservadoras y poderes fácticos más especulativos).
Ambos caminos son imposibles de conjugar y nos obligan a elegir los objetivos
más apremiantes en el corto plazo, porque también la población se divide en respaldar a una u otra de las dos opciones
señaladas.
La confrontación en el ámbito
de la vivienda ya ha comenzado también, y por ello es imprescindible unir las instituciones
de progreso y los sectores sociales más progresistas y necesitados de la
sociedad, para conseguir alojamiento y vivienda digna, conforme a un derecho constitucional
hoy conculcado por la realidad.
