Presentación

28 de febrero de 2018 

El modelo neoliberal se ha instalado dando la impresión de que es la única forma posible para que el mundo prospere. Nos intenta convencer que la economía tiene unas reglas a las que hay que someterse. Que lo natural es dejar que las cosas se arreglen solas. Que los mercados ya se autorregulan y por lo tanto hay que limitar el papel de los Estados en su papel de regular, recoger impuestos, crear marcos de convivencia, poner en marcha sistemas públicos de salud o de educación. Nos intentan convencer de que las cosas se arreglan dejando que los mercados decidan quién gana y quién pierde. Nos intentan convencer, en definitiva, de que no hay que hacer nada, porque basta con la apertura al comercio internacional, la eliminación de trabas para la libre circulación de los capitales, la eliminación de rigideces y regulaciones en el mercado laboral, la incentivación a que cada individuo emprenda la búsqueda de su propia aventura empresarial, etc. Nos intentan convencer de que la devaluación de los salarios es la única forma de competir en un mundo global. Nos intentan convencer de que ya hemos salido de la crisis y que así lo demuestran los indicadores macroeconómicos. Nos intentan convencer de que las políticas de austeridad son las únicas posibles si queremos mantenernos como un país desarrollado.

MUFACE UN PRIVILEGIO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS QUE NO SE DEBE MANTENER

Miguel Toro

9 de enero de 2025

Este artículo se publicó originalmente en elDiario.es el pasado 19 de diciembre de 2024

Ante todo, debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la Universidad de Sevilla. Pero dicho esto leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40 % en la prima que debe pagar el Gobierno.

Loa funcionarios públicos que están en Muface y que han elegido la opción de ser atendidos por la medicina privada exigen que se respeten sus derechos, que el Gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas aunque ello signifique un robo de lo público. Amenazan con movilizaciones si no se mantiene el convenio, si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada. Los sindicatos de funcionarios, todos que yo sepa, apoyan estas exigencias. Esto es defendido por CSIF, pero también por UGT y CCOO. No hay diferencia esencial en este tema entre unos sindicatos y otros, lo cual es paradójico al menos.

Los datos de la primera propuesta del Gobierno fueron: alza del 17,11 % (del 16,5 % el primer año y del 0,62 % el segundo). Esto pareció insuficiente a las aseguradoras y el concierto quedó desierto en un primer momento. Ante estas exigencias y el temor de una huelga de funcionarios el Gobierno ha subido la prima a un 19,37 % en 2025; un 7,25 % en 2026 y un 4,32 % en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5 %. En estos últimos días del año 2024 todavía no sabemos si las aseguradoras privadas aceptarán esas condiciones o exigirán una subida aún mayor de la prima. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a abonar casi 1.000 millones más que con el convenio vigente. El Gobierno ha echado el resto para intentar salvar el concierto de Muface y garantizar así la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.

El futuro de este peculiar sistema de provisión médica ha causado un importante conflicto dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar y dirigido por Mónica García, elaboró un informe en el que defendía que era “viable y razonable” que todos los funcionarios fueran atendidos por la sanidad pública. En cambio, desde las filas socialistas, con un enfoque ideológico distinto, siempre han defendido que el sistema se mantendría tal y como estaba hasta ahora. Dentro del gobierno el PSOE ha impuesto su visión: parece que habrá nuevo concierto de MUFACE, aunque esto signifique trasvasar 1000 millones más a la opción concertada con la privada. Sumar ha defendido muy débilmente la opción de que todos los funcionarios sean atendidos por la sanidad pública, pero se ha plegado a la visión socialista.

Pero, debemos preguntarnos: ¿por qué existe todavía Muface? ¿Porqué los trabajadores públicos tienen más derechos, más privilegios, que el resto de los trabajadores? Este sistema de aseguramiento privado con fondos públicos supone un privilegio en la medida que permite al colectivo de funcionarios sortear las listas de espera de la sanidad pública, aunque cada vez lo es menos porque también la privada se está masificando y sufre la presión que supone el envejecimiento de la población.

Es un privilegio que viene de muy lejos. Muface fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado por el franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora. En los años 70 aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los servidores públicos pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. Quedaron al margen los funcionarios de Defensa y de Justicia, que tienen sus propias mutualidades en régimen muy parecido. El sistema Muface permite que cada año los beneficiarios puedan elegir entre continuar en la mutualidad o pasar al Sistema Público de Salud. El 76 % elige la primera opción. El sistema se mantiene en la actualidad y, cada año, los profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, pueden escoger si quieren atención sanitaria pública o concertada.

La polémica sobre Muface manifiesta que aún perduran anomalías estructurales herederas del franquismo y de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. Una anomalía es el caso de la vivienda, que se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado donde las políticas públicas no se deben aplicar, lo que deriva en la creciente especulación actual. Otra anomalía es la educación concertada, difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los defensores de esos modelos creen que tienen derecho a tener un seguro médico privado o un colegio concertado pero pagado con dinero público.

Creemos que debe abordarse una transición para integrar de forma paulatina a los funcionarios públicos en el régimen general de la Seguridad Social. Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública, que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes. Si se destinan a la Seguridad Social, entre otros recursos, los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. El colapso de la sanidad pública puede ocurrir, ya se está intentando por el gobierno de la Junta de Andalucía, si derivan recursos públicos al sistema privado.

Pero el debate sobre Muface es más profundo porque Muface, aunque es lo más importante, no solo ofrece la posibilidad de elegir la atención médica pública o privada. También ofrece otras prestaciones de las que tampoco disfrutan el resto de los trabajadores. Desde mi punto de vista la pregunta relevante es si queremos mantener un modelo como Muface que da unos privilegios a un conjunto de trabajadores públicos frente al resto de trabajadores. Para mí la respuesta debe ser no. Y debe ser no fundamentalmente por razones de justicia y equidad. Los trabajadores públicos globalmente constituyen la parte privilegiada de la sociedad por sus salarios, la estabilidad de su empleo, la falta en muchos casos de evaluación de su rendimiento, etc. No es un buen mensaje para el resto de la sociedad mantener los privilegios de los ya privilegiados. Un gobierno progresista no debería hacerlo.

EL SINDICALISMO DE CLASE, ESENCIAL EN LA LUCHA OBRERA

 

Antonio Sánchez Rodríguez

7 de enero de 2025

A fecha de hoy nuestro país está bien surtido de sindicatos de amplio espectro, en cambio CEOE sólo hay una que a veces obtiene igual cantidad económica que el conjunto de los sindicatos. La fuente donde encontrarlos es en el BOE donde se publican las subvenciones del Estado. Estas ‘ayudas’ están en manos del gobierno del momento y son ‘variables’ en cada ejercicio, por lo que dependen de las prioridades económicas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de la ideología imperante en el gobierno del momento (que evidentemente siempre se comporta bajo un criterio ‘imparcial y democrático’, algo así como algunas de las ‘apolíticas’ resoluciones judiciales de los últimos tiempos del gobierno de coalición).

Algún ejemplo imparcial. En el caso Rajoy que gobernó desde 2011 a 2018 pueden comprobar que realizó recortes hasta la mitad o más de las subvenciones habituales, en cambio Rodríguez Zapatero puso un nivel que a fecha de hoy no se ha alcanzado, pero que el gobierno de coalición con Pedro Sánchez se ha acercado bastante y ha igualado la cantidad con la CEOE. Esto quiere decir que en unos casos la economía estaba muy mal y nuestro comportamiento sindical no había sido muy bueno, o que la economía se distribuía con equilibrios y la sintonía ideológica apuntaba igualmente al equilibrio y reposición de una desigualdad rampante.

En cualquier caso los sindicatos obreros de implantación nacional y que son referentes para este artículo son UGT y CCOO.

1.- El primero se fundó el 12 de agosto de 1.888 -hace 136 años y casi 5 meses- a pocos meses de la masacre de la protesta de los mineros de Ríotinto por sus condiciones laborales y aprovechando la Ley de Asociaciones que incluía la Libertad Sindical del gobierno de Sagasta. Su fundador fue Pablo Iglesias Posse. La UGT nació en íntima relación con el socialismo marxista (sindicato de clase) a pesar de su apoliticismo estatutario. Tuvo conexiones temporales con la CNT (anarcosindicalistas). En XIV Congreso de 1920  asumió la ‘Lucha de clases’ como principio básico de acción. Con la llegada de Primo de Rivera interrumpió sus relaciones con la CNT dado que frente al régimen apostó por un distanciamiento posibilista que le permitió seguir en su tarea mientras que la CNT fue duramente tratada. Esa posición la lleva sobre sus espaldas toda su historia. No obstante se redimió en 1934 con la organización con el PSOE de la Revolución de octubre de 1934 –movimiento huelguístico revolucionario, contando con la participación del incipiente Partido Comunista de España (PCE), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Asturias y con la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Hay que destacar que desde su fundación está ligado al PSOE y la sindicación a UGT suponía la afiliación al PSOE y viceversa.

En el 1979 el PSOE nombra a Felipe González como Secretario General pero teniéndole que aceptar que el partido abandonase las tesis marxistas, la idea del PSOE era posicionarse en el ámbito de un socialismo democrático ‘sui géneris’, pero su desarrollo se decantó por el apoyo de las clases medias pasándose a una socialdemocracia –ya conocemos su marco insalvable- que al poco se dejó apellidar ‘liberal’. Si bien al principio pretendía el apoyo de una UGT que se resistía con varios silencios y algún apoyo, el PSOE buscó una ruptura que también interesó a la UGT en su competitividad sindical con CCOO en la decena de los 70. En el 1987 se resolvieron las cosas. PSOE y UGT caminaron separados y la UGT y CCOO establecen una unidad de acción, quizás sea el momento de decir que 1987 tampoco fue un año llevadero con el PC para las CCOO. 

2.- En el caso de CCOO he de decir que se funda en el año 1962 organizada por militantes comunistas y otras identidades políticas y que al igual que UGT con el PSOE, CCOO tenía fuertes vínculos con el PCE y en Cataluña con el PSUC.

Marcelino Camacho definía como muy original el modelo organizativo de Comisiones Obreras porque se basaba en experiencias históricas como los ‘consejos’ obreros –asambleas- de los países del Este.

Según sus Estatutos, CC.OO. se define como un sindicato: «reivindicativo, de clase, unitario, democrático, feminista, independiente, participativo, de masas, de hombres y mujeres, sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural». Ideológicamente, «se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista»​

Mediados los 50 las comisiones se infiltran en el sindicato vertical e incluso gana  representación dentro de dicho sindicato, pero en 1967 el TOP las declara subversiva e ilícita y son reprimidas con miles de detenciones. El 1968 es detenido Marcelino Camacho y Julián Ariza con otros muchos dirigentes sindicales. Cuatro años más tarde en junio de 1972 detienen a la Dirección de CCOO en Madrid que terminó conociéndose como proceso 1001. En 1975 los resultados de las elecciones sindicales reflejaron una abrumadora mayoría de delegados.

Desde la transición democrática hasta 1987 su secretario general fue Marcelino Camacho dirigente obrero y también dirigente del PCE y diputado entre 1977 y 1981.

En 1976 celebró la «Asamblea de Barcelona», donde se sentaron las bases para la transformación de CC. OO. de movimiento sociopolítico de base a confederación sindical de clase, pero sus antecedentes impidieron su  legalización junto a otras centrales sindicales.

El asesinato de abogados en Atocha en enero de 1977 y las protestas que le siguieron aceleraron las cosas y en abril de 1977 se legaliza tanto CCOO como el PCE.

El crecimiento de afiliados en CCOO y de todos los sindicatos se frena una vez cerrados los Pactos de la Moncloa (1977) y no se recupera hasta 1987. En este intervalo de años se celebran tres congresos sindicales: 1978 I Congreso Confederal que confirma a Marcelino Camacho como Secretario general, reelegido en II Congreso (1981) y en el III Congreso (1984)

A partir de este último congreso se evidencia la diferenciación en sensibilidades que protagonizará la década de 1980, entre una mayoría ligada al PCE y encabezada por Camacho, y tres minorías vinculadas al PTE-UC (carrillistas); al PCPE los (prosoviéticos) y la LCR y el MC (la izquierda Sindical)  

Desde el IV Congreso (21 de noviembre de 1987) el secretario general del sindicato fue Antonio Gutiérrez que también reelegido en el V Congreso (1991), durante cuyo mandato se impulsó un alejamiento del PCE y un fomento de la negociación y el pacto social. Mandato duramente criticado por el que pasó a denominarse Sector Crítico como ala izquierda contestataria de la dirección del sindicato, apoyado por Marcelino Camacho y Agustín Moreno, a partir del VI Congreso (1996). En este congreso, Camacho fue cesado como presidente.

Conclusión:

Desde la entrada de Antonio Gutiérrez han pasado poco más de 37 años, como podemos observar ambos sindicatos se quedaron en reposo, en una suerte de socialdemocracia entregada a la sociedad de libre mercado y la propiedad de las empresas de los medios de producción (y esto en el mejor de los casos) porque lo esencial sigue siendo lo mismo, estamos en nuestros puestos esperando las ‘ordenes’ no participamos en los objetivos de las empresas, los medios de producción siguen siendo suyos y aumentando por nuestras aportaciones que está por debajo de nuestras producciones, la acumulación de capital siempre les parece poco, por ello somos cada vez más vigilados en nuestro tiempo minuto a minuto y por idéntica razón los salarios no avanzan con la productividad, las muertes por accidentes laborales se siguen produciendo y si hubo cambios no son los nuestros sino del sistema capitalista en sus adaptaciones en la producción. En cualquier caso en CCOO aún existe y persiste el Sector Crítico, pero obviado y a un lado.

Creo que todo sindicalista de clase conoce que en el núcleo o infraestructura de una sociedad se encuentra en las relaciones laborales de la producción y los sistemas y contratos que se utilizan. Desde él y de ahí se desarrollará la superestructura social: sanidad y viviendas, educación y empleo, etc.

Si es así ¿Por qué los sindicatos, que están inmersos totalmente en el mundo laboral, no intervienen claramente en política? ¿Por qué han de pasar de lado si es su mundo en el que los políticos no llegan con  la misma facilidad?  Marcelino Camacho sindicalista y político si lo entendió.

En mi opinión no es este el tipo de sindicato que nos llevaría a lo que la clase asalariada necesita, en la práctica su mensaje de negociación, negociación, negociación… En mi práctica sindical he comprobado que es la respuesta inmediata de las empresas porque implica ganar tiempo, aplazar los asuntos y hacer que los convenios o implantación de mejoras, etc. se eternicen; he conocido como para la firma de algún convenio han pasado años, siempre, siempre la negociación es un ahorro económico para la empresa y evidentemente una pérdida para los trabajadores.

Además recurrir al Pacto Social es aceptar que lo actual es corregible con la negociación, pero tenemos ejemplos claros cuando vemos lo que hace la CEOE si no le gusta el pacto, por ejemplo “La reducción de Jornada”… simplemente se levanta de la mesa y dirá en los medios en todos sus medios: “Son dictadores, son totalitarios, traen el asunto cerrado para que firmemos, y cómo vamos a firmar una pérdida asegurada”. Ni se les ocurrirá decir los años que llevan aumentando sus beneficios con el aumento de la productividad.

Al menos ahora, en este asunto de la reducción de la jornada hay una postura lógica y una razón justificada para implantar una la ley por decreto.

El gran problema lo tenemos encima, los cambios tecnológicos, la robotización, el poder de las grandes tecnológicas en la propiedad y control de los datos de cualquier cosa que se haga, la financiarización que destroza las inversiones de proyectos tangibles o el poder de los grandes gestores de capital… el mundo del trabajo se tensionará cada día más y ese mundo, nuestro mundo es el que más puede decir y hacer. 

Finalmente creo que a los responsables sindicales y sus liberados a tiempo completo aún les falta tiempo para una simple obligación de un sindicato de clase como es el adelantarse a los acontecimientos que con toda seguridad llegarán desde la empresa, para ello es necesario el análisis político empresarial continuo. Hoy saben igual que yo que siempre van a rastras de los cambios e implantaciones de las empresas, saben que es su método para que no puedas hacer nada o que te sientes a negociar sin saber apenas qué.