Thomas
Picketty
20 de junio de 2025
Publicado originalmente el 17 de junio de 2025 en: https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2025/06/17/the-senate-beside-the-story/
Al oponerse al impuesto mínimo del 2 % sobre
el patrimonio de los 1.800 franceses cuyo patrimonio neto supera los 100
millones de euros, tras la adopción de la medida por la Asamblea Nacional
francesa (cámara baja del Parlamento), la cámara alta, el Senado, ha demostrado
su desconexión con los problemas de nuestro tiempo. Esto no es nuevo. Entre
1896 y 1914, el Senado bloqueó medidas relacionadas con el impuesto sobre la
renta, con argumentos tan falaces como los que se utilizan hoy. Sin embargo,
tranquilicémonos: las necesidades de financiación para los retos sociales y
climáticos, así como la deuda pública, son tan significativas que esta
oposición no resistirá mucho ante las realidades económicas, políticas y
ambientales actuales, que muy pronto exigirán medidas redistributivas mucho más
radicales.
Analicemos primero los argumentos del Senado y los partidarios del presidente Emmanuel Macron. ¿Se trata de un impuesto confiscatorio? Esa idea carece de sentido. Según la revista Challenges, que no es precisamente un bastión de la izquierda, las 500 mayores fortunas de Francia aumentaron de 200.000 millones de euros a 1,2 billones de euros entre 2010 y 2025, un aumento del 500 %. Con un impuesto anual sobre el patrimonio del 2 %, se necesitaría un siglo para que volvieran a su nivel de 2010. Esto suponiendo que no perciban ingresos mientras tanto, lo cual carecería de sentido, dado que estas fortunas han crecido entre un 7 % y un 8 % anual en los últimos 15 años.
¿Habría exilios fiscales? El proyecto de ley
aprobado por la Asamblea Nacional ya prevé un mecanismo inicial para abordar
este problema: los multimillonarios seguirían sujetos al impuesto mínimo sobre
el patrimonio durante cinco años tras abandonar el país, lo que limita el
atractivo de un exilio fiscal. Debemos ir más allá: si uno amasa una fortuna
apoyándose en la infraestructura, la educación y los sistemas sanitarios del
país, no hay razón para eludir tan fácilmente las obligaciones colectivas que
financian estos sistemas. Por ejemplo, podríamos decidir aplicar el impuesto en
función del número de años de residencia en Francia. Un contribuyente que haya
vivido en Suiza durante un año después de haber pasado 50 años en Francia
seguiría pagando el 50 % del impuesto adeudado por un ciudadano francés.
Quienes se nieguen a pagar estarían infringiendo la ley y se enfrentarían a las
sanciones correspondientes (embargo de bienes, arresto en aeropuertos), como
cualquier otra persona.
¿Qué hay del riesgo de que nuestras empresas
nacionales emblemáticas sean adquiridas por extranjeros? Una vez más, este
argumento no se sostiene. Francia está cubriendo la brecha con sus ahorros. Si
algunos multimillonarios no pueden pagar el impuesto del 2 % en efectivo,
podrían hacerlo en acciones, que el Estado podría vender a su discreción, por
ejemplo, para beneficiar a los empleados interesados. Esto también
representaría una oportunidad para otorgar a los empleados franceses el derecho
a voto en los consejos de administración que se ha aplicado en Alemania o
Suecia desde la posguerra (donde los trabajadores eligen entre un tercio y la
mitad de todos los puestos en los consejos de administración,
independientemente de su participación en el capital). Estos han arrojado
excelentes resultados en ambos países (los más productivos del mundo, por hora
trabajada). La riqueza es colectiva: depende de la participación de los
empleados, no de un puñado de genios individuales.
¿Sería inconstitucional el impuesto mínimo
sobre el patrimonio? Este argumento legal se contradice. En realidad, es el
hecho de que las personas más ricas eludan los impuestos legales comunes lo que
socava el principio constitucional de igualdad ante los impuestos, y debería
haberse denegado hace mucho tiempo. En definitiva, como todos los grandes
debates fiscales desde 1789, este es, ante todo, un debate político y
democrático. Debe abordarse con argumentos sólidos, no escudándose en
justificaciones pseudo legales diseñadas para perpetuar una injusticia
flagrante.
Lo sorprendente es la total falta de
perspectiva histórica de quienes se oponen al impuesto mínimo sobre el
patrimonio. Las necesidades de financiación asociadas a la descarbonización son
enormes, al igual que las de los sistemas de salud y educación, junto con la
deuda pública que todos conocemos. Es irreal imaginar que la clase trabajadora
y la clase media aceptarán tranquilamente impuestos adicionales o recortes del
gasto público. Mientras los más ricos paguen impuestos insignificantes en
relación con su patrimonio neto, nadie aceptará el más mínimo sacrificio. Al
igual que en las décadas anteriores a 1789, la precipitada subida al
endeudamiento público continuará mientras los que ostentan el poder se nieguen
a realizar la necesaria revolución fiscal.
La historia también nos enseña que una deuda
de esta magnitud no se puede eludir con medidas ordinarias. Durante la
Revolución, la abolición de los privilegios fiscales de la nobleza (el
equivalente al impuesto mínimo del 2 % sobre el patrimonio) fue seguida por una
medida aún más radical: la apropiación pública y subasta de los bienes de la
Iglesia, que entonces representaban aproximadamente un año de la renta
nacional, aproximadamente igual a la deuda pública de la época. Los
multimillonarios de 2025 equivalen a los activos de la Iglesia en 1789: sus
fortunas tendrán que contribuir, redistribuir la riqueza entre los empleados y
reducir la deuda. El aumento de un billón de euros del que se han beneficiado
las 500 mayores fortunas desde 2010 tendrá que tributar eventualmente al 30 %,
40 %, 50 % o más, al igual que los contribuyentes comunes. En última instancia,
los multimillonarios, y no solo los centimillonarios, tendrán que contribuir.
Esto es lo que se hizo en la Alemania de la posguerra con el sistema de
Lastenausgleich (“reparto de la carga”), que generó el equivalente al 60 % del
PIB alemán en 1952. Es la única manera de reducir una deuda pública de tal
magnitud, sin inflación y sin sacrificar inversiones futuras.
En 1914, el Senado finalmente aceptó el
impuesto sobre la renta, aunque a regañadientes, con un tipo marginal de tan
solo el 2 % para los niveles de renta más altos. Irónicamente, fue el Bloc
National (1919-1924), una de las legislaturas más derechistas de la historia de
la República Francesa, quien elevó el tipo impositivo al 60 % en 1920 y luego
al 75 % en 1923, bajo la presión de la izquierda y los sindicatos. Si los
senadores consultaran sus libros de historia con más frecuencia, podrían
aprender un poco más.
