Vientos de Cambio
Justo:
Manuel Armenta, José
Antonio Bosch, Francisco Casero, Enrique Cobo, Mª Rosario Granado, Antonio
Sánchez, Miguel Toro, Juan Manuel Valencia
Felizmente
tenemos un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno progresista. Un gobierno que ha
sido posible por el acuerdo entre los dirigentes del Partido Socialista y de Unidas
Podemos, ratificado por abrumadora mayoría por los afiliados de sus
organizaciones. A ellos se han sumado algunos partidos nacionalistas,
particularmente Esquerra Republicana de Cataluña, y otros partidos con menor
representación parlamentaria cada uno por diversas motivaciones. Felicitamos a
todos ellos por el éxito obtenido. Era, y ha sido posible, formar un gobierno
progresista. Esto, independiente de los resultados que consiga en los próximos
meses o años ya es un triunfo simbólico sin ningún tipo de dudas: es posible un
gobierno progresista. Aquí está.
Para
llegar a él ha habido que superar muchos escollos. Aunque parezca poco
congruente, los mayores han estado dentro del propio sector progresista. Felizmente,
al final se ha evitado repetir errores y se ha podido llegar a un acuerdo con
un programa que no es el de ninguna de las partes que conforman el Gobierno,
pero que ha podido ser asumido por todas ellas y constituye una base más que
suficiente para emprender una política que mejore de manera sustancial la vida
de la mayoría de la población.
El gobierno de
coalición progresista tiene enemigos económicos, sociales y políticos con gran
capacidad de influencia. Los grandes poderes económicos no dejarán de presionar
en favor de sus intereses; por su parte, algunos miembros de la alta jerarquía
de la Iglesia católica ya han mostrado de forma clara su animadversión hacia
este Gobierno. En la escena política, las formaciones conservadoras y de
ultraderecha han tejido tupidas redes de poder y tienen a su disposición los
medios de comunicación más influyentes. De su carácter cerril y reaccionario solo
cabe esperar una oposición furibunda, ejercida de la manera más zafia y
grosera, sin reparar en medios arteros y mentiras una y mil veces repetidas. Tratarán
por todos los medios de producir fisuras en el bloque de gobierno, ya lo están
intentando desde el primer día.
Pero no hay que tener
miedo a estos enemigos. Hay que hilar fino, no hacer caso de provocaciones, llevar
adelante los cambios prometidos al ritmo adecuado y sobre todo responder a los
compromisos contraídos con la ciudadanía públicamente a través del programa de
gobierno progresista. La fuerza de un pueblo consciente de sus intereses y que
sabe que tiene un gobierno que actúa en favor de la mayoría, es muy superior a
la de las élites reaccionarias que solo velan por sus mezquinos intereses de
grupo.
Tenemos
un gobierno progresista. Es lo que pedíamos. Es lo que necesitaba la mayoría
social de este país. Y las primeras decisiones nos resultan esperanzadoras: hay
que poner en su sitio al sector judicial reaccionario. Hay que activar el ala
progresista que hay en la judicatura. No podemos permitir que los partidos
reaccionarios utilicen al Consejo General del Poder Judicial, para su propio
beneficio, como arma arrojadiza contra el nuevo gobierno. Ya hemos visto que la
verdad judicial tiene sus interpretaciones y defiende unos intereses. Hay que
volver a recuperar la confianza en el Poder Judicial. Pero eso no se conseguirá
si no se eliminan determinados talibanes, al servicio del sector reaccionario,
de sus órganos de referencia.
Una
de las tareas más apremiantes para el nuevo gobierno es revertir en sentido
contrario el proceso de incremento de la
desigualdad que se ha ido produciendo y se está acelerando en los últimos años.
Un incremento de la desigualdad que ha tenido dos causas fundamentales: la
crisis económica de 2007 ha dejada tirada a gran parte de la población. La
forma legal de esta consolidación de la desigualdad y la precariedad ha estado
y sigue estando en la llamada Ley de
Reforma Laboral. Una ley que legitima formas de despido y de contratación que
impiden la defensa de los intereses de los trabajadores. Una ley que ha
conseguido bajar el salario medio de un sector muy amplio de población. Es el
sector perdedor en términos de desigualdad. La evolución tecnológica contribuye
a hacer estructural esa desigualdad.
Otra
es la reforma del sistema fiscal. En los últimos años se han rebajado los
impuestos a las rentas altas y a las empresas y no se han exigido unos mayores
impuestos a los bancos, aunque sí pagamos su rescate. La reivindicación sobre
el mantenimiento de las pensiones solo será alcanzada si se fusiona con la
reforma del sistema impositivo. Las pensiones no se pueden mantener si una
buena parte de ellas, en primer lugar las no contributivas, no se mantiene con
cargo a impuestos. El Estado del Bienestar, que es una de las bases de la lucha
contra la desigualdad, no se puede sostener si no se recaudan más impuestos.
Impuestos que deben ser más progresivos y recaer sobre las rentas altas y las altas concentraciones
de patrimonio de distintos tipos. El nuevo gobierno tiene que hacer un esfuerzo
adicional para promover nuevos impuestos europeos a las grandes empresas
multinacionales, luchar contra el dumping
fiscal y los paraísos fiscales. Eso solo es posible a escala como mínimo de
la Unión Europea.
Junto
a la recuperación de los derechos económicos y sociales perdidos en los últimos
años el otro objetivo medular del Ejecutivo progresista ha de ser la
recuperación de los derechos políticos, que permita un modelo de democracia más
justa e igualitaria. Esta debe incluir un sistema participativo que abra cauces
para una intervención efectiva y real de la sociedad civil en los asuntos
públicos. Como aspecto central, el gobierno ha de hacer efectivos los derechos
de la mujer y tomar las medidas necesarias contra la violencia machista y por
la igualdad de la mujer en el trabajo.
Muchas
tareas más quedan para el nuevo gobierno. Una de ellas es la lucha contra el
cambio climático. Pero no solamente haciendo declaraciones testimoniales sobre
la emergencia climática. El cambio climático no afecta a toda la humanidad de
la misma manera. Hay ganadores y perdedores con el cambio climático. El cambio
climático es un nuevo mecanismo de generación de desigualdad. Y los perdedores
coinciden con los perdedores en términos de desigualdad, tanto si hablamos de
personas como de espacios. El despoblamiento de la “España vacía” exige dar
prioridad a una gestión adecuada del territorio. Abordar la problemática del
cambio climático, además de todas las medidas conocidas, es abordar la reforma
del sistema fiscal. Esto es necesario para recaudar recursos para las nuevas
inversiones necesarias para paliar la desigualdad generada por el cambio
climático. Las empresas productoras de mercancías que deterioran la Naturaleza
deben pagar por ello, además de ser obligadas a reducir los efectos de su
actividad que degradan el medio natural.
Otro
reto central e ineludible para el gabinete recién constituido es abordar la
crisis territorial, impulsando el diálogo y buscando vías para mejorar la
convivencia en Cataluña y respetar la libertad y los derechos de los pueblos y
nacionalidades.
El
nuevo gobierno es una ilusión para un gran sector progresista. Una ilusión que
apoyaremos para ir convirtiendo muchas de las reivindicaciones populares en
realidades.
Para
superar las presiones, resistencias y obstáculos a su política progresista, el
Gobierno deberá contar con el apoyo de la mayoría social, y esta debe estar
dispuesta a movilizarse en apoyo de las políticas progresistas cuantas veces
sea preciso. Hoy es más necesario que nunca que los movimientos y
organizaciones de la mayoría social sigan siendo protagonistas de luchas y
movilizaciones, con un doble propósito: reforzar al Gobierno progresista frente
a las fuerzas conservadoras, y a la vez exigirle que cumpla con su programa en
beneficio de la mayoría social, tan castigada por la crisis y las políticas
neoliberales anteriores.
