Miguel Toro
3 de
marzo de 2020
Cada
día se habla de la España vaciada, del abandono de los pueblos para incrementar
la población de las grandes ciudades. Los motivos que llevaron a tantas
personas en la mayor parte de los países europeos a emigrar hacia las ciudades
tuvieron que ver con los mayores salarios que se pagaban en ellas, las mayores
oportunidades laborales, o sus mejores equipamientos o servicios. En
definitiva, la gente emigró, y sigue emigrando, buscando mayores niveles de
bienestar. Para las zonas de origen de estos emigrantes, la despoblación está
teniendo efectos significativos. Se genera una peligrosa dinámica demográfica
ya que al tender a emigrar predominantemente poblaciones jóvenes y adultas, el
envejecimiento de las zonas de origen, de las zonas rurales, es una
consecuencia rotunda. Ello, además, genera baja natalidad, por la debilidad de
la población en las franjas reproductivas, con lo que el crecimiento vegetativo
(la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad) acaba siendo negativo.
La
primera década del siglo XXI, con un crecimiento económico muy rápido de la
economía española, implicó cambios sustanciales. La crisis económica iniciada
en 2008 produjo como resultado no el regreso de la población al campo, sino el
aumento de los niveles de desempleo urbano. El abandono de las zonas rurales
siguió aumentando.
El
despoblamiento de una buena parte de nuestro medio rural es consecuencia de su
atraso socioeconómico y su desatención pública. Este inmenso territorio rural
alberga la práctica totalidad de nuestros recursos naturales y una parte muy
destacada de los culturales, cuya conservación y recuperación afectan tanto a
la población rural como a la urbana. Sin embargo se está despoblando. La lucha
contra la despoblación y el abandono del medio rural choca con una pretendida
racionalidad económica: no es rentable mantener en las zonas rurales
equipamientos y servicios públicos equiparables a los de las ciudades; y con
una justificación política: las zonas rurales se contemplan como un complemento
electoral fácilmente asequible para alcanzar mayorías.
Abordar
el problema del despoblamiento y del abandono de las zonas rurales implica, no
veo otra manera, dotar a las zonas rurales de infraestructuras y equipamientos
que las hagan atractivas. Esto puede implicar incentivar específicamente a los
servidores públicos o privados que atiendan esas dotaciones públicas en
sanidad, educación, cultura, atención a las personas mayores, etc. Cada vez
está más claro que el desarrollo rural solo puede enfrentarse con éxito
actuando sobre unidades territoriales amplias, formadas por municipios
agregados (comarcas) que compartan planes de inversiones públicas y privadas incentivadas
en función de objetivos sociales bien definidos.
Pero
lo anterior no es suficiente: hay que diseñar
una política de transferencia de rentas de las personas con rentas y/o
patrimonios altos residentes en las zonas urbanas o rurales a las personas con
rentas y patrimonios bajos residentes en las zonas rurales. Para ello debemos
definir claramente que entendemos por rentas y patrimonios altos o bajos y que
entendemos por zonas rurales. Esos detalles los dejamos para otro día. Pero algunos
elementos están claros: el SMI (salario mínimo interprofesional) en toda España
y en particular en las zonas rurales debe seguir aumentando, la declaración de
Parques Naturales debe implicar compensaciones a la pérdida de rentas
ocasionadas a los oriundos de la zona, el mantenimiento del olivar de montaña o
la dehesa debe ser conseguido con subvenciones específicas a los propietarios,
etc.
Aunque
no podemos confundir la problemática de la agricultura con la del mundo rural
hay una fuerte relación entre ambas. Abordar el problema del despoblamiento
implica abordar la problemática del sector agrario, la problemática de las
rentas agrarias y su distribución, la contribución de la agricultura a la
fijación de la población en el territorio y la distribución de las subvenciones
a la agricultura ya desde Europa, fundamentalmente la PAC (Política Agraria
Común), o desde el estado central.
Claramente
una forma de transferir rentas al mundo rural es hacer más rentables las
explotaciones agrarias. Esto implica la mejora tecnológica de las
explotaciones, por una parte, y por otra la coordinación de las pequeñas
explotaciones en grandes unidades que les permitan una mejor estrategia de
negociación de los precios de los productos agrícolas. El primer aspecto
requiere incentivar desde el sistema público la modernización de las
explotaciones agrarias para la incorporación de nuevas tecnologías. Aunque la
agricultura se va modernizando lo está haciendo particularmente rápido en
grandes explotaciones en muchos casos de dueños no residentes en el mundo rural
y mucho más lentamente en aquellas pequeñas de residentes rurales. El segundo
aspecto implica, entre otras cosas, la potenciación del cooperativismo agrario
y la mayor democratización de este.
La
democratización del cooperativismo agrario implica un aumento de la inspección
y del control para impedir importaciones fraudulentas que mezcladas con las de
aquí se venden como productos europeos para el beneficio de unos pocos. En la
prensa se han descrito como los camiones cargan en fincas hortofrutícolas de
Marruecos judías, tomates o calabacines, pasan por la aduana del puerto de
Algeciras, a veces por Motril, y llegan a las naves de Almería. Allí, a
escondidas, se cambian de caja los alimentos y se etiquetan como producidos en
España. También se ha descrito la importación de aceite de Túnez y su mezcla
con aceite local, dejando, en algunos casos, sin vender el andaluz. La
democratización del cooperativismo agrario, supone, como piden los sindicatos
de asalariados del campo un mayor control de la Inspección de trabajo de
Andalucía y Extremadura para perseguir a los que defraudan a la Seguridad
Social con trabajo en negro y jornadas sin declarar.
Ahora
el mundo agrario parece haberse despertado. Miles de agricultores protestan en
las calles de toda España por la crisis que atraviesa el sector. Claman contra
la caída en picado de los precios en origen. Pero debemos preguntarnos: ¿están
claras las reivindicaciones de los agricultores?, ¿están alineadas con la lucha
contra la despoblación?, ¿están alineadas en la lucha contra el cambio
climático?, ¿tienen como objetivo revertir las desigualdades económicas entre
las zonas urbanas y rurales?, etc. Otras preguntas relacionadas con las
anteriores serían: ¿está diseñada la PAC para revertir la despoblación rural y
potenciar las zonas rurales?
La
crisis del campo ha puesto sobre la mesa el debate sobre el SMI a 950 euros. Pero
se están evidenciando otras realidades que debemos entender sobre la economía
agraria. Según la organización agraria COAG en su informe La uberización del
campo español: "Observamos un cambio de paradigma en el modelo
productivo en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital
ajeno al agrario que busca sólo rendimientos económicos (…) ganan terreno en
detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales". Esto
está implicando el avance de los modelos industriales de producción que junto a
la financiarización del sector y la liberalización comercial se están llevando
por delante los anteriores modelos productivos, tal y como está sucediendo en
otros ramos, como el taxi o la distribución de mercancías al por
menor,
e incluso el propio modo de vida del campo, en cuyo horizonte comienzan a tomar
cuerpo nubarrones con forma de falso autónomo. Esa transformación está
intensificando los procesos de ‘uberización’, o cuando menos industrialización, junto con un
importante incremento de la renta agraria y las exportaciones agrarias en la
última década. Sin embargo, insiste COAG, "lo que va bien es lo
macroeconómico, las grandes cifras de producción y exportación, pero a los
agricultores y agricultoras no nos va tan bien" con este cambio de
modelo en el que "nuestras explotaciones están dejando de tener
carácter familiar" y en el que "el valor de lo que producimos
no llega a quienes lo producimos".
La
otra agria realidad es la distribución de las subvenciones de la PAC. Se siguen
los llamados “derechos históricos” de la PAC, que en la práctica suponen
distribuir más de 4.000 millones de euros al año entre quienes mantienen desde
2003 la propiedad de tierras en un reparto basado en la producción media de
esas fincas entre los años 2000 y 2002, con independencia de que hoy se cultiven
en realidad o se apaciente ganado en ellas. Basta con mantener los derechos
para cobrar las ayudas europeas. Este sistema ha favorido a los llamados “agricultores
de sofá” y ha tenido el efecto secundario de subvencionar un sector en el
que conviven los elevados beneficios para la gran empresa con una baja
rentabilidad de las pequeñas explotaciones. Baja rentabilidad que expulsa del
ramo a los agricultores tradicionales y a los
emprendedores. El Ministerio de Agricultura del actual gobierno defiende en
Bruselas la eliminación de los llamados “derechos históricos” de la PAC.
Las
movilizaciones agrarias tienen diversos matices políticos. Algunos están
intentando usarlas contra el gobierno actual. El exalcalde de Almendralejo
(PP), imputado en la trama Púnica se quejaba amargamente con una pancarta: “El
coletas come lubina y los agricultores en la ruina”. Otros, como el
presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Extremadura
(ASAJA), piden directamente ir a protestar frente a la casa de Pablo Iglesias. Por
otra parte algunas asociaciones de agricultores y ganaderos quieren que el
Gobierno les perdone las cotizaciones a la Seguridad Social por sus
trabajadores, esto es, que bonifique al 100% la cuota empresarial.
Como
podemos ver las movilizaciones agrarias tienen un perfil complejo y en su
interior aúnan diversos intereses contradictorios. Para mí el elemento central
es mantener un gobierno en España que defienda los intereses de la mayoría
progresista y que luche dentro de lo posible
contra la desigualdad. Para conseguir que las reivindicaciones agrarias sean
aliadas de esta mayoría progresista hay que apoyar algunas de sus
reivindicaciones y desenmascarar los intereses particulares que están detrás de
otras. En primer lugar hay que apoyar sin fisuras la subida del SMI, el aumento de
las inspecciones y del control de las importaciones, un mayor control de
la Inspección de Trabajo a los que defraudan a la Seguridad Social, no hay que
bonificar las cotizaciones de las empresas agrarias a la Seguridad Social, y
hay que conseguir en Bruselas el mantenimiento de la cuantía de la PAC pero su
distribución con criterios que beneficien al pequeño agricultor asentado en el
medio rural. Junto a lo anterior hay que ir diseñando una política más
ambiciosa de transferencia de rentas de las personas con rentas y/o patrimonios
altos residentes en las zonas urbanas o rurales a las personas con rentas y
patrimonios bajos residentes en las zonas rurales y planes específicos de
desarrollo concretados a nivel comarcal.
