20 meses de pandemia y se abren perspectivas del cambio de tendencia y condiciones de vida digna de las personas, a pesar del sufrimiento y muertes causadas por el “bicho”: más de 5 millones de personas lo han padecido en España. Situación que ya nos emplaza al conjunto de la sociedad y al gobierno de coalición a “reconstruir” los efectos de esta crisis y la que ya arrastrábamos en la vida social, económica y política desde 2008.
Manuel Armenta
26 de Octubre de 2021
La gravedad de la situación motivada por el Covid-19, se ha visto muy fortalecida por la actitud de las fuerzas políticas PP-Vox-C’s, contra el gobierno de coalición progresista y contra los derechos y la igualdad que a las mayorías sociales les fueron arrebatados por anteriores gobiernos. La crisis sistémica que padecíamos se ha visto reforzada por estos dos “bichos” y no hay otra manera de avanzar en Democracia y Libertad, que mantener a estos dos satánicos animales fuera de la gobernanza institucional.
Las restricciones sociales aplicadas para combatir la crisis sanitaria son manipuladas por el conservadurismo político y económico hasta niveles extremos y radicales, para evitar avances de todo tipo en las políticas sociales y económicas que el gobierno promueve con las limitaciones propias del complicado momento que vivimos. Y ello es lo que les ha permitido dividir más a la sociedad con todo tipo de manipulación y engaño.
Esta radical controversia será de vital importancia en estos momentos en que se afronta el proceso de reconstrucción social y económica con los referentes de los derechos y la igualdad por los que tenemos que avanzar, pero centrando las principales actuaciones de control y eficiencia en los campos básicos restringidos y recortados y las estructuras de servicios públicos sanitarios, educativos y asistenciales, tan dañados para beneficiar a las empresas privadas.
LA SANIDAD PÚBLICA afronta una situación muy crítica no sólo por los efectos Covid-19 sino por los problemas de quiebra del sistema: estructural, de servicios y de personal. Desde hace años se viene derivando la atención hacia la sanidad privada y a Mutuas de seguros sanitarios privados (que ya superan los 10 millones de asociados).
El bicho covid-19 obligó a la estructura sanitaria pública a centrar sus esfuerzos para combatirlo, como acción imprescindible a pesar de la desatención que conllevaba para el resto de problemas sanitarios que la población vive. Esta actitud, comprensible desde la política, también ha sido utilizada por algunos gobiernos autonómicos conservadores -competentes en la materia-, y por los partidos PP-Vox-C´s, para desacreditar al gobierno de coalición progresista y conseguir apoyo social a sus políticas destructivas, que buscan fortalecer y justificar de hecho la complementariedad de la Sanidad privada con la Pública.
La reconstrucción tiene que afrontar una proyección inversora a corto y medio plazo en la triple dirección de: construir y/o ampliar las estructuras hospitalarias y los centros de atención primaria y especialidades para así recuperar los derechos de atención sanitaria que las personas necesitan en tiempo y forma; incrementar los recursos sanitarios pero con el destino claro y transparente de que será para el Sistema Público; incrementar la estructura de personal sanitario y de los servicios, para poder atender en condiciones de igualdad y tiempo en sus ámbitos territoriales a todas las personas necesitadas, y que nunca más vivamos la experiencia de 8.000 muertes en las residencias de mayores de Madrid.
El deterioro de la Sanidad Pública y su privatización ya afecta no solo a la carencia de centros y personal, con su consiguiente deriva complementaria de atención a los centros privados, sino a la implementación de servicios y especialidades privadas dentro de los Centros hospitalarios públicos. Andalucía despide este mes a 8.000 sanitarios públicos.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, igualmente afectada por el Covid-19 con el cierre de centros y una asistencia telemática de los alumnos, y en los casos de presencial con restricciones que evitasen contactos, también ha sufrido un mayor deterioro del sistema y de las políticas públicas inclusivas y de igualdad en los sectores más necesitados de recursos y soportes para los contactos no presenciales. Andalucía recorta a más de 300 orientadores.
Crisis del bicho que ha agravado la situación de deterioro de las estructuras públicas en todos los sentidos y fortalecido a la “privada concertada”, que además de los recursos públicos dispone del respaldo económico de las familias más pudientes, que también les aportan recursos complementarios. Su presencia estructural en el sector crece gracias a los intereses privados, de la Iglesia y de los partidos políticos y gobiernos autonómicos PP-Vox-C´s –con poderes competenciales en Educación-, que ya superan el 40 % de la estructura educativa existente, y en consecuencia de los recursos públicos.
La reconstrucción, al igual que en la Sanidad, debe afrontar una estrategia inversora del corto y medio plazo para generar y mejorar las estructuras públicas educativas, que nos permita acercarnos al 100x100 de la demanda, eliminando los desequilibrios territoriales que tanto daño causa a importantes sectores de la población más necesitada, mediante el incremento de recursos económicos y las dotaciones profesionales educativas y asistenciales que hagan posible el mejor sistema educativo público que se necesita.
Un principio fundamental de la igualdad está en la estructura educativa, y sólo la pública tiene la capacidad de avanzar por ella y conseguirlo, porque el sentido de la privada es el de formar élites y sostener los intereses económicos e ideológicos de división social –que hoy se aplican hasta para la separación en clases por razones de sexo-. La libertad para elegir centros educativos privados no implica en absoluto su financiación pública, ni soportar la creciente dimensión de la privada de régimen concertado.
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE DEPENDENCIA, además de los recortes que ya soportaban por la crisis de 2008, se han visto muy agravados por el Covid-19 en la salud y condiciones de vida de los sectores más dependientes, a pesar de las importantes medidas aplicadas por el Gobierno de coalición con el IMV a las personas y familias y los ERTES a empresas y trabajadores.
La crisis ha puesto también en evidencia las grandes dificultades que viven las personas y familias para acceder a todo tipo de ayudas, debido a los sistemas burocráticos de acreditación de condiciones críticas de vida implantadas en todas las Comunidades Autónomas, que provocan inaceptables retrasos en sus concesiones.
Y descarnadamente la degradación con que se han gestionado los Centros y Residencias de Mayores, en su mayoría Públicos pero de gestión privatizada, que han supuesto tantas muertes por su falta de atención sanitaria y, en muchos casos, la negativa a sus traslados a centros hospitalarios.
La reconstrucción requiere de importantes esfuerzos en el control y eficiencia en todos los procedimientos administrativos de reconocimiento de los derechos asistenciales y económicos, así como los asistenciales domiciliarios y de residencias. En esta dirección, el Gobierno del Estado tendrá que implementar medidas efectivas de todo tipo y las de coordinación y flexibilización competenciales, para que las Comunidades Autónomas, como responsables de su gestión, introduzcan las políticas más adecuadas y correctas que prioricen los intereses y fortalecimiento de las Instituciones Públicas y las mayorías sociales.
La reconstrucción de estos tres ámbitos de derechos básicos que necesitan un refuerzo muy importante en todos sus aspectos no debe olvidar las desigualdades autonómicas que se viven en toda España por razones competenciales de sus gobiernos. Tomando el ejemplo del gasto máximo y mínimo por persona, se oscila en Sanidad de 1.792 a 1.204 euros; en Educación de 1.329 a 725 euros; y en Servicios Sociales de 557 a 158 euros. Y si tomamos el referente de que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinan el 59,8 % al gasto social, es obvio que es posible su aplicación y eficiencia para avanzar por el camino progresista de la IGUALDAD y los DERECHOS.
La reconstrucción, que ya está suponiendo un gran pacto de Estado para afrontar todas las políticas de progreso que se necesitan para avanzar en Democracia, también necesita de un gran pacto social de organizaciones y sectores sociales en apoyo al Gobierno de Coalición, sin menoscabo de las movilizaciones y demandas que se les tengan que hacer, y así evitar a toda costa que las derechas-ultraderechas PP-Vox-C´s se acerquen al poder del Estado como un objetivo básico y fundamental. Reconstruir y avanzar en Derechos e Igualdad requiere protagonismo y responsabilidad de todos.
