Miguel Toro
19 de enero de 2021
A final de año se aprobaba la nueva LOMLOE (más conocida como Ley Celaá), y los detractores de dicha ley proclamaban al unísono: Libertad.
Los detractores de dicha ley repiten una y otra vez que se oponen a la misma “Porque reclaman libertad para poder educar a sus hijos según sus principios”, “Porque quieren seguir teniendo libertad para llevar a sus hijos al centro que quieran”, “Porque esta ley restringe el derecho de los padres a impartir la educación que quieran a sus hijos”, etc.
¿Pero de que libertad hablan? Lo podemos comprender mejor leyendo las razones de Más Plurales, un grupo opositor a la LOMLOE. Dicen que no aceptarán que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración, por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias. No aceptan la planificación pública de la educación. Quieren que el estado siga financiando con fondos públicos a los colegios concertados, quieren que estos colegios tengan libertad para elegir a sus alumnos, poder rechazar a alumnos con dificultades económicas o con otras ideas religiosas, quieren que estos colegios impongan la religión que consideren conveniente. Pero todo ello financiado con fondos públicos. Quieren crear colegios para el sector acomodado de la sociedad pero financiado con los recursos de todos.
Pero existe un hecho incontestable: no hay crecimiento de la escuela concertada sin recortes en la escuela pública, al igual que no existen ricos sin la existencia de pobres. La escuela concertada lleva en nuestro país un ritmo creciente durante las últimas décadas, que es directamente proporcional al decrecimiento de la calidad de la escuela pública, medido éste en todas sus dimensiones (en personal docente, en recursos, en medios, en número de centros, etc.).
En los actuales momentos, el sistema educativo español es uno de los más segregados de Europa. Un estudio del reparto del alumnado por los centros realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) concluye que si la Comunidad de Madrid fuese un país, sería el segundo de todo el continente que tiene un reparto más desigual del alumnado desfavorecido. Este problema se ha subestimado sugiriendo a que es el reflejo de las diferencias sociales entre barrios, pero no es así, y menos en Madrid, que estableció hace años el distrito único en toda la región. En una ciudad como Barcelona, según datos proporcionados por elDiario.es existen colegios con cuatro veces más alumnado pobre o inmigrante que la media de su propio barrio. Diferencias extremas a escasos metros.
El distrito único fue implantado por Esperanza Aguirre en 2013 para potenciar la libertad de elección de las familias –el mismo lema que inspira las protestas de la plataforma Más Plurales contra la LOMLOE–, que a partir de entonces podrían (y todavía pueden) escoger cualquier colegio en toda la comunidad. En ese momento se acabaron en la Comunidad de Madrid los criterios de proximidad a la hora de solicitar una plaza y aumentaron los de hermanos, perpetuando las sagas familiares. Sobre el papel esta medida no tendría que ser segregadora, al dar a todos las mismas oportunidades. Pero la realidad es dura. Beneficia a las familias que pueden elegir, que tienen acceso a la información, que pueden desplazarse y tienen los recursos para pagar clases adicionales si las necesitan.
Tenemos
que ser conscientes, además, que el poder de la Iglesia Católica en la
educación concertada en nuestro país es verdaderamente escandaloso: Escuelas
Católicas, la red que agrupa a todos los centros de la Iglesia representa
al 60% de la escuela concertada, de ahí que la jerarquía eclesiástica haya
llamado también a la rebelión contra la Ley Celaá, más bien con un carácter
preventivo ya que la LOMLOE no ataca directamente a sus centros, ni a medio ni
a largo plazo.
El último informe de Save The Children Mézclate conmigo, señala que para acabar con la segregación en España habría que cambiar al 31% del alumnado más vulnerable de unos centros a otros y que 9 de cada 10 centros escolares con mayor concentración de los más vulnerables son de titularidad pública. El problema se agrava, sobre todo, en algunas comunidades como Madrid, Catalunya o Euskadi.
Estamos convencidos que el estado tiene que evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Esta declaración de intenciones ha conducido, en la LOMLOE, a reforzar la gratuidad del sistema –las cuotas que cobra la concertada son uno de los principales factores que repele a las familias pobres–, hacer referencias a la distribución equilibrada del alumnado, cambios en los procesos de admisión y matriculación o en la planificación de las plazas.
La derecha política, social y mediática de este país se quiere apropiar del término Libertad. La libertad individual que reclaman los detractores de la ley Celaá supone conceder privilegios a ciertos sectores, grupos o personas a costa del erario, es decir, a costa del conjunto de la sociedad.
Por otra parte las derechas en el poder en algunos de los ayuntamientos y comunidades autónomas izan la bandera de la libertad como sinónimo de liberar a los ciudadanos de los tributos confiscatorios vigentes. Argumentan que reducir la presión fiscal, dejar más dinero en el bolsillo de las personas, redunda en un aumento de la actividad económica y en el bienestar de los ciudadanos. Piden libertad para no pagar impuestos o pagar los mínimos.
Pero hemos de ser conscientes que España es el país de Europa donde más ha aumentado la desigualdad salarial por culpa de la pandemia del coronavirus. El motivo que explica la superior distancia española entre salarios más altos y más bajos no es otro que el mayor impacto de la pandemia, tanto de la pérdida de empleo como de la reducción de horas de trabajo por los ERTE u otros esquemas de protección similares, en las ocupaciones peor retribuidas. España lidera la desigualdad salarial en Europa.
En
su obra El capital en el siglo XXI, Thomas Pikkety identifica dos
grandes fuerzas que, según él, favorecen el ensanchamiento y amplificación
de las desigualdades. Una es el proceso de divergencia en la distribución
de las rentas (lo que él denomina distanciamiento de los mejor remunerados),
y la otra es el proceso de convergencia de la riqueza o acumulación y
concentración de los patrimonios debido a las leyes del mercado y a la
falta de impuestos globales al capital y al patrimonio.
El aumento de las desigualdades económicas (de rentas y de patrimonio) se realimenta con la segregación escolar. Los sectores acomodados piden que el estado financie centros educativos donde no tengan que mezclarse con los más desfavorecidos. Las familias de sectores económicos intermedios que consiguen entrar en los colegios concertados, donde están los privilegiados, acaban desarrollando ideas en la misma línea. Creen que ellos ya pertenecen a los favorecidos. Acaban pidiendo más colegios concertados y votando a opciones políticas de derechas.
Estos fenómenos, la desigualdad económica creciente y la segregación escolar, van en aumento, se realimentan entre sí y están dando lugar a una sociedad a dos velocidades: los favorecidos que claman libertad para elegir centro, pero que lo pague el estado, y libertad para no pagar impuestos y los no favorecidos, un porcentaje de población cada vez más grande, que ve cerrarse todo tipo de horizontes. Una sociedad así es una fuente de inestabilidad y conflictos sociales.
Yo
no soy de los que creen que todos los servicios públicos deban ser llevados a
cabo por funcionarios. Los conciertos con las empresas privadas para
proporcionar servicios públicos son importantes. La escuela concertada fue
necesaria en los 80 cuando el estado no podía atender toda la enseñanza pública
pero ahora es una fuente de segregación.
Si queremos una sociedad que progrese, si queremos una sociedad estable hay que revertir los mecanismos de desigualdad que producen las leyes del mercado y luchar contra esos mecanismos en el plano cultural implica revertir la segregación en aumento en las escuelas. Esta es una tarea para el estado. Es una tarea para un gobierno progresista como el que tenemos porque un gobierno alternativo de las derechas acelerará la desigualdad y la segregación tal como lo están demostrando en la Comunidad de Madrid.
Curiosamente los negacionistas de la pandemia de coronavirus, en esfera ideológica de los favorecidos, también reclaman en las calles de las ciudades Libertad. Piden que no se les confine a ellos, que tienen derecho a hacer lo que crean conveniente.
