Rosario Granado
20 de diciembre de 2022
Nos dice el
historiador Ilan Pappé[1]
en Palestine Chronicle que Más de la mitad de la población que
vive en Cisjordania y en Gaza tiene menos de 18 años; de hecho se
puede afirmar con certeza que la mitad de los habitantes de la Cisjordania
ocupada y de la sitiada Gaza son niños. Quien hace la guerra contra estos dos
territorios, con demolición de casas, arrestos sin procesos, la humillación
continua y la política de tirar a matar, hace la guerra a los niños. Algunas
veces, brigadas militares enteras del ejército israelí, acompañados de unidades
de élite, de la policía de fronteras y de la policía, persiguen a un muchacho y
la mayoría de las veces lo matan, o en el mejor de los casos lo arrestan. Si
hay algo que ha cambiado en estos últimos años en lo que finalmente las
Naciones Unidas han tenido a bien llamar la Colonización de Palestina, es la intensificación de la política
israelí de tirar a matar.
El asesinato de niños
no es nuevo en la política israelí. Desde el primer momento la dirección
militar de las fuerzas sionistas empezó a definir más claramente su política
hacia toda la población que permaneció en los pueblos ocupados durante la
limpieza étnica de 1948. Una de sus directivas clara era matar o enviar a un
campo de prisioneros, a discreción del comandante del lugar, «a los hombres en
edad de combatir». Y definía claramente lo que entiende por hombres: toda
persona mayor de diez años.
La ONU y otras
organizaciones internacionales de defensa del niño suelen registrar este tipo
de matanzas y estudiar los casos; lo hacen con todos los países del mundo; sin
embargo no lo hacen en el caso de los palestinos. La organización “Defens
Children International Palestine” (DCI-Palestina) señaló que los datos
recogidos sobre el terreno muestran que las fuerzas de ocupación israelíes
apuntan sistemáticamente a las partes superiores del cuerpo para matar o dejar
a los niños imposibilitados para una vida normal.
Michelle Bachelet expresó su inquietud por el
elevado número de personas palestinas heridas y asesinadas, hizo referencia a
los 37 niños asesinados al comenzar el año y se mostró particularmente
horrorizada por la muerte de 19 niños en una semana. Pero al final se limitó a
declarar: Infligir heridas a
un niño en el curso de un conflicto es profundamente preocupante y matar y
mutilar a tantos niños este año es inadmisible.
Inadmisible no es la
palabra adecuada. La falta de rendición de cuentas del gobierno israelí anima a
las fuerzas de ocupación a la continuación de esta política criminal contra los
niños. Defens Children International-Palestina pidió investigaciones «serias y
transparentes» sobre el asesinato de los niños, y que el gobierno de ocupación
israelí rinda cuentas.
Con
motivo del Día Internacional de la Infancia, el 20 de noviembre, la Asociación
de Prisioneros Palestinos (PPS) presentó su informe en el que denuncia que
Israel ha detenido, desde el comienzo de este año, a más de 750 niños
palestinos, algunos de los cuales fueron heridos por disparos antes de ser
detenidos. La mayoría de estos niños fueron sometidos a todo tipo de torturas
físicas y psicológicas durante su detención, en violación de los acuerdos y
convenios internacionales sobre los derechos del niño. Como ejemplo el caso de
Hussein Zubeidat, de 14 años, de Bani Naim, a quien los soldados golpearon y
despojaron de su ropa y publicaron las fotos y vídeos que le hicieron desnudo.
Según los datos facilitados por esta organización humanitaria, 160 niños
menores de 18 años están actualmente cumpliendo condenas en cárceles israelíes,
entre ellos tres niñas, dos de ellas de 16 años y la tercera de 17, y cinco
están en detención administrativa sin cargos ni juicio y sobre la base de
pruebas secretas.
Los asaltos a las escuelas también se han
normalizado en este año. En el vídeo publicado por la organización israelí de
Derechos Humanos B'Tselen se ven al menos unos 15 soldados israelíes provistos
de armamento de guerra asaltando una escuela en Hebrón, Al-Hayeryah, donde
agredieron brutalmente a niños y profesores. Dos niños de 14 años de edad fueron
sacados a rastras de sus clases hasta el puesto militar de control, porque
supuestamente habían tirado piedras al ejército. Los sentaron en el suelo, los
abofetearon y golpearon, tiraron una granada a los profesores que intentaban
acercarse a ellos, y media hora después fueron puestos en libertad. Había sido
un error.
¿Cómo es posible guardar silencio frente a
unas prácticas atroces contra los niños y las niñas palestinas, de tortura,
humillación, cárcel, y ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo es posible la
colaboración preferente con Israel por parte de Europa y el trato exquisito con
los políticos implicados en estos crímenes? La UE con su silencio y apoyo a
Israel es también cómplice. Las empresas europeas están colaborando con la
ocupación.
Un nuevo informe de
“Don't Buy into Occupation”, una coalición de 24 organizaciones europeas y
palestinas (DBIO) en siete países europeos, revela, por segundo año
consecutivo, que cientos de instituciones financieras europeas están
invirtiendo fuertemente en empresas que están apuntalando los asentamientos
ilegales israelíes en los Territorios Ocupados Palestinos, tanto en la
construcción como en agricultura y en industria.
Estas empresas juegan
un papel esencial en el funcionamiento, sostenibilidad y expansión de los
asentamientos israelíes ilegales. Nos dice Willen Staes, coordinador de DBIO,
que las instituciones financieras se relacionan entre ellas para llevar a cabo
de mejor manera las actividades que violan la ley internacional. Cabe recordar
que los asentamientos israelíes son ilegales bajo la ley internacional y
equivalen a crimen de guerra y crimen contra la humanidad.
La construcción de
nuevos asentamientos necesita como condición previa la apropiación extensiva de
la tierra palestina y la transferencia ilegal de la población dentro y fuera
del territorio ocupado. Junto con el régimen militar que los protege, los
asentamientos suponen graves consecuencias para los derechos de los palestinos.
La violencia de los colonos contra las comunidades palestinas, incluyendo la
violencia física y la intimidación, el uso de las armas con munición real, el
incendio de las cosechas y del ganado, va en aumento día a día.
“Los asentamientos son un componente
fundamental del régimen de apartheid israelí sobre el pueblo palestino, y por
prestar las empresas apoyo directa o indirectamente a los colonos, estos
negocios son cómplices del robo de tierras palestinas, de la expoliación de los
recursos naturales, y de la expulsión forzada de sus casas de los palestinos”
nos dice Inès Abdel Razek, del grupo de los Derechos Palestinos, miembro de la
coalición DBIO.
De las empresas españolas que colaboran con
la ocupación israelí, sobresale la empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles) que está implicada con el tren ligero de Jerusalén. Israel
ocupó Jerusalén Este en el año 1980. Ni Naciones Unidas ni la Unión Europea
reconocen esta anexión. Todos los asentamientos israelíes construidos en
Territorio Palestino Ocupado son ilegales según el Derecho Internacional. CAF, como
otras empresas, asume una grave responsabilidad al hacer negocios en una clara
violación del Derecho Internacional. En el año 2019, la empresa CAF, que
trabaja junto con la constructora israelí Saphir,
fue seleccionada como adjudicataria del proyecto del tren ligero de Jerusalén.
Otras empresas internacionales se retiraron de la
licitación, alarmadas por la posible pérdida de contratos en otras zonas del
mundo, prefiriendo no arriesgarse a la pérdida de su prestigio
corporativo. La empresa Saphir, tiene el dudoso honor de haber sido incluida en
la lista elaborada por el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el
que figuran empresas que se benefician de violaciones
sistemáticas de derechos de la población palestina y contribuyen a
ellas, algo que Amnistía Internacional viene denunciando desde hace tiempo.
También el comité de
empresa de la planta de Beasáin y numerosas entidades del País Vasco expresaron
su petición de que la empresa renunciara a un proyecto al que nunca debió
licitar.
Las actividades empresariales en asentamientos ayudan a normalizar y legitimar
una situación ilegal, colaborando con la ocupación y el sistema de apartheid
israelí y se exponen a que se las acuse penalmente
de ser cómplices de graves abusos contra los derechos humanos, incluidos los
crímenes de guerra, cometidos por otros, como las fuerzas de seguridad u
otros organismos del Estado. Lo mismo sería aplicable también a la empresa
francesa Carrefour, que se ha instalado en los asentamientos israelíes
colaborando igualmente con la ocupación.
La guerra israelí contra los niños
palestinos, con su intolerable resultado de víctimas es, en gran parte,
responsabilidad de todos. Ya que no vemos en nuestros gobernantes ningún atisbo
de hacer un simple gesto de condena de la política israelí, ni vemos muestras
claras de apoyo a la población palestina, ni intención ninguna de que Israel
cumpla con la Legislación Internacional, sólo nos queda como ciudadanos, además
de la justa y necesaria exigencia a nuestros políticos, hacer y extender el
boicot a los productos israelíes y mostrar toda nuestra solidaridad con el
pueblo palestino. Ante el silencio de la prensa difundir las noticias de lo que
está pasando en Palestina y mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo
palestino.
Hemos visto la solidaridad internacional con
Palestina en el Mundial de Fútbol de Qatar por parte de los asistentes y de los
jugadores de países árabes y otros que no lo son. Ha sido una solidaridad casi
unánime. Se ha podido comprobar que Israel, a pesar de haber normalizado
relaciones con los países árabes y contar con el apoyo vergonzante de la Unión
Europea, no tiene ningún apoyo popular.
Sólo la solidaridad entre los pueblos puede
lograr desmontar la aquiescencia que genera la propaganda del régimen israelí,
la imagen amable con la que tratan de revestirse las empresas coloniales y
desmontar en la opinión pública la apariencia de legalidad de los Estados que
la practican. Pero no basta, no es suficiente. Cada vez se hace más evidente la
necesidad de medidas de protección internacionales para un pueblo sometido a un
genocidio por etapas, como lo ha definido con precisión el historiador Ilan
Pappé.
[1] Ilan
Pappé, uno de los más importantes historiadores sobre Palestina-Israel, es
actualmente profesor en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Fue hasta
el año 2007 profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa. Es autor entre otros libros de Historia de la Palestina moderna: una tierra,
dos pueblos, La limpieza étnica de Palestina, La cárcel más grande de la tierra:
una historia de los territorios ocupados.
