Al parecer, las comunicaciones de Su Señoría con el
investigado por delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad,
estaban provocadas por la empatía que le producía ver el dolor de una persona
desesperada. Lo único que trataba era de dar consuelo al que sufre. ¡Admirable!
José Antonio Bosch. Abogado.
7 de marzo de 2023
Ya sé que es una
excepción, pero tiene tal tamaño que me duele como si fuese la regla. Que el
presidente de la Audiencia Nacional chatee con un investigado por uno de los
Juzgados Centrales de Instrucción y le remita información sobre la marcha del
proceso me resulta un escándalo de tal magnitud que debería mantener sonrojados,
no sólo a los miembros del poder judicial, sino a aquellos que permiten, por
acción o por omisión, un sistema de elección de cargos basado en el amiguismo,
un poder, el judicial, cuya cúpula se conforma por personas elegidas a dedo.
Por supuesto que Su
Señoría cuenta con la protección que le otorga el principio a la presunción de
inocencia, que respeto con rigor, y por eso no hablo de delito alguno. Ignoro
si su conducta pudiera ser constitutiva de algún delito, pero no es eso lo que
me escandaliza. No estoy hablando de conducta penalmente punible, sino, como
mínimo, de conducta indecorosa, de comportamiento inaceptable, de una práctica
que mayoritariamente sus compañeros de profesión, estoy convencido, repudian.
A estas alturas no sé si me resulta más escandaloso el hecho de que el señor presidente se comunique por WhatsApp con un investigado para ir comentando “minuto y resultado” del proceso, que de las conversaciones tuviese constancia otro magistrado (por cierto, de la misma demarcación) y le resultaran procesalmente intrascendentes, o que no haya habido respuesta ni reacción alguna de ningún poder del Estado ni de ninguno/a de sus integrantes. Pero, seguramente, lo más lamentable es la normalidad con la que se asume en este país la pérdida de papeles de un alto magistrado y la deslegitimación y pérdida de autoridad moral que se ocasiona a uno de los poderes del Estado.
Al parecer, las
comunicaciones de Su Señoría con el investigado por delitos de malversación,
encubrimiento y contra la intimidad, estaban provocadas por la empatía que le
producía ver el dolor de una persona desesperada. Lo único que trataba era de
dar consuelo al que sufre. ¡Admirable! En todos mis años de profesión nunca
encontré un magistrado tan empático como el señor presidente de la Audiencia
Nacional.
No sé si tendrá algo
que ver con que la propia existencia de la Audiencia Nacional sea al principio
constitucional de tutela efectiva como pulpo a animal de compañía. No sé si
tendrá algo que ver que esos tribunales sean los herederos, los sucesores, de
los otrora famosos Tribunales de Orden Público. Tampoco sé si tendrá algo que
ver que el presidente de la Audiencia Nacional no sea un cargo que se alcance
por oposición, concurso, ascenso por escalafón o cualquier otro procedimiento
de promoción en base a sus méritos y carrera profesional, sino que se elige a
dedo, por el dedo ordenante del Consejo General del Poder Judicial que señala a
aquellos que le indican los que a su vez colocaron en el Consejo a sus vocales.
Realmente no entiendo
la razón de que en Madrid tengan que existir unos tribunales, los Juzgados
Centrales y la Audiencia Nacional, que se reservan para sí unas causas que
cualquier otra Sala de cualquiera de las audiencias provinciales de España
podría atender. No entiendo que tengan que existir seis Juzgados Centrales de
Instrucción en Madrid para acometer la instrucción de delitos que se podrían
instruir en cualquiera de los Juzgados de Instrucción de España, porque no se
olvide que los magistrados que están al frente de los Tribunales, tanto de los
de Madrid como de los del resto de España, tienen la misma titulación y han
superado la misma oposición. Y todo esto sin entrar a comentar las constantes
sustituciones de los magistrados titulares de los Juzgados Centrales que se
marchan a otros destinos, algunos muy atractivos, en comisión de servicio.
Cuando se concentra
mucho poder en pocas personas y además esas personas carecen de los debidos
controles democráticos en sus nombramientos, se corren muchos riesgos. Se corre
el riesgo de que quien ayudó al nombramiento reclame, cuando menos se espere,
que hay que agradecer los servicios prestados con pequeños favores “sin costo
alguno” salvo la nimia tontería de la pérdida de credibilidad y confianza que
sufre el sistema. Se corre el riesgo de que un órgano, que debería servir de
control del ejecutivo, aplique varas de medir diferentes a los ciudadanos
poderosos que a los desposeídos.
A veces, cuando
contemplo a la Dama de la Justicia con sus ojos vendados, más que representarme
el símbolo de las decisiones objetivas e imparciales, ausentes de toda
influencia positiva (dinero, poder, fama…) y negativa (infundios, venganzas…),
me sugiere una ausencia de visión o miopía grave de un poder en el que sus
integrantes deberían de ser ejemplo y guía para todos los ciudadanos. No se
olvide que es un poder en el que sus miembros tienen la función de sancionar a
aquellos/as que de una u otra forma incumplen una norma, dedicados, en esencia,
a solucionar conflictos mediante la imposición del cumplimiento de la Ley.
Soy consciente de lo
poco que les importa en general a los ciudadanos la Justicia, su organización y
funcionamiento, pero más nos vale que nos vayamos ocupando en serio si queremos
mejorar la salud democrática de este país. No se puede tolerar que cargos
caducados sigan rigiendo el órgano de gobierno de los jueces. Hay que cambiar
la elección de todos aquellos cargos que hoy se escogen por dedazo y amiguismo.
Hay que buscar soluciones que permitan el acceso a la carrera judicial a
jóvenes procedentes de todas las clases sociales. No hay razón para seguir
manteniendo la existencia de la Audiencia Nacional ni de los Juzgados
Centrales. Hay que impulsar un pacto de Estado en pro de la independencia real
del poder judicial y, entre tanto, si es posible, que Sus Señorías sigan con el
procedimiento escrito, pero a través de LexNet, no de WhatsApp.