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v Nuestro voto debe servir
para revertir el denigrante aumento de las desigualdades.
v Pedro Sánchez impidió el
Gobierno de coalición porque no quería comprometerse con una política social
progresista
v El voto a Unidas Podemos
es el único en el que se puede confiar para desarrollar las políticas
favorables a la mayoría de la población
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Juan M. Valencia
Rodríguez
15 de octubre de 2019
Con unas nuevas elecciones generales a la vista
para el próximo 10 de noviembre, la cuestión esencial que atañe a la ciudadanía
reside, a mi modo de ver, en decidir con acierto el sentido de nuestro voto
para hacer posible una política que favorezca a las clases populares.
Tal política puede resumirse en revertir el bochornoso incremento de las
desigualdades que se ha producido en España en las últimas décadas, con y
sin crisis, y que se traduce en un reparto cada vez más injusto de la riqueza
socialmente producida entre todos. Dicho objetivo general se concreta en una
serie de aspectos:
·
Blindar mediante una ley de rango superior el
sistema público de pensiones y de Seguridad Social frente a los intentos de
privatización, asegurando unas pensiones dignas y el mantenimiento de su poder
adquisitivo respecto al coste de la vida.
·
Hacer realidad la igualdad ante la ley entre
mujeres y hombres, eliminando la brecha salarial de género y disponiendo los
medios necesarios para combatir de manera eficaz la violencia machista.
·
Derogar la contrarreforma laboral iniciada por
el presidente Zapatero (PSOE) y profundizada con Rajoy (PP), porque los
trabajadores necesitan instrumentos legales para poder defender sus derechos,
que están siendo duramente atacados.
·
Establecer un sistema fiscal más justo y
progresivo que incremente los ingresos del Estado imponiendo mayores impuestos
a quienes más tienen, incluidas las grandes empresas multinacionales, y
persiguiendo con medios suficientes el fraude fiscal. No se trata de recortar
el gasto público, sino de aumentar los ingresos para que el Estado pueda
cumplir con su tarea de redistribución de la riqueza social.
·
Sustituir la política “austericida” de recortes
sociales por un mayor gasto social, incrementando los presupuestos para
necesidades sociales básicas como la Sanidad y Educación públicas.
·
Suprimir los privilegios de la Iglesia católica
y anular las inmatriculaciones de bienes públicos que ha realizado.
·
Atender las necesidades sociales de los sectores
más vulnerables: subida del salario mínimo; dotar la “ley de Dependencia” con
el presupuesto necesario para su cumplimiento; asegurar unos mínimos de vida
digna al gran número de familias que hoy están en España bajo el umbral de
pobreza y en riesgo de exclusión social; acabar con los desahucios y limitar
por ley las subidas de los alquileres de vivienda; una política de inmigración justa
y humanitaria.
·
Derogar la “ley mordaza” que empobrece nuestra
democracia y arrebatan derechos necesarios para que la población pueda defender
sus intereses.
·
Combatir la desigualdad significa también
afrontar con decisión la lucha contra el cambio climático que está situando al
planeta ante una situación límite, y que siempre se ceba más con quienes viven
en situación precaria. No hay plan B, no tenemos otro lugar en el que vivir. La
emergencia climática exige un giro radical y un cumplimiento riguroso con los
compromisos medioambientales contraídos por España.
Para hacer realidad esta política, que es la
que favorece a la mayoría de las personas, necesitamos un Gobierno valiente,
capaz de asumir los objetivos mencionados, lo quieran o no (que no lo
aceptarán) los grandes poderes económicos y los grupos políticos conservadores.
La última y fracasada legislatura ha demostrado
que el PSOE no ha emprendido ese “regreso a los orígenes” de un socialismo
consecuente que algunos pensaban iba a protagonizar Pedro Sánchez. Una vez más,
conforme a la tónica habitual seguida desde el retorno a la democracia, en los
asuntos esenciales de política económica y social el PSOE, que promete una
política de izquierdas en la oposición, practica una política de derechas
neoliberal cuando accede al gobierno, preso de la red de intereses de los
grandes grupos económicos. El PSOE tendrá que elegir a quién quiere servir, si
a los poderosos o a la gente trabajadora.
Los hechos son claros para quienes quieran
verlos sin cegueras partidistas, y así lo han dicho los analistas políticos más
ecuánimes: si no se ha llegado a un gobierno de coalición progresista con
Unidas Podemos, que era la opción de mayores garantías para poner en marcha una
política en favor de la mayoría social, ha sido porque el PSOE de Pedro Sánchez
no lo ha querido. Gastó casi todo el tiempo disponible en lanzar mensajes a la
derecha para que permitieran con su abstención el gobierno monocolor del PSOE.
Solo a última hora aceptó dialogar con Unidas Podemos y todo su manejo de la
negociación se encaminó a impedir un gobierno de coalición: desde la
extravagante exigencia de que el líder de la coalición con la que se negociaba
no formara parte del Gobierno, hasta rechazar las sucesivas propuestas a la
baja que Unidas Podemos le iba dirigiendo.
Esto que decimos es un hecho, que no obvia los
errores, graves, que en la negociación han existido por parte de Unidas
Podemos, que también han dificultado la consecución de un acuerdo. El deseo de
no defraudar a sus 4,7 millones de votantes, que los habían apoyado para hacer
posible una política social progresista y eso solo podía asegurarse con una
presencia significativa de UP en el Gobierno, es comprensible y legítimo. Pero
una cosa son los deseos y otra la realidad, y ante la posición negativa del
PSOE, Unidas Podemos podía haber aceptado alguna de las ofertas de Pedro
Sánchez o, en última instancia, haber evitado el riesgo de unas nuevas
elecciones.
Pero tales errores no pueden ocultar lo
esencial: Pedro Sánchez deseaba evitar a toda costa un gobierno de coalición
con Unidas Podemos. ¿Y por qué ese rechazo a lo que era a todas luces la
consecuencia más razonable del resultado electoral? La razón fundamental es que
la dirección del PSOE no estaba dispuesta a llevar adelante una política social
como la que hemos definido al comienzo de este artículo, que sin duda sus
potenciales socios de gobierno le iban a exigir, y que era sin duda la deseaba
también por las bases socialistas. Los propios dirigentes del PSOE lo han
reconocido en público, al confesar que el Ministerio de Trabajo no podía ser
para Unidas Podemos, porque la gran patronal (CEOE) no lo quería. Una evidencia
de que Pedro Sánchez no estaba dispuesto en realidad a derogar la
contrarreforma laboral de Zapatero/Rajoy.
Las presiones de los grandes poderes económicos han sido tan fuertes que
una vez más el PSOE se ha plegado a sus intereses y ha impedido un gobierno de
coalición progresista.
Para las nuevas elecciones entra en acción un
nuevo elemento: Más País, el partido de Errejón. Este político, al que yo jamás
podría dar mi voto porque no puedo confiar en una persona que ha dado muestras
de una deslealtad insólita hacia sus antiguos compañeros de partido, es un
vendedor de humo que no se sabe con quién está, que no ha concretado cuál es la
política que defiende.
En conclusión, por todo lo dicho, el único voto en el que se puede confiar para desarrollar las políticas favorables a la mayoría de la población es el voto a Unidas Podemos.
