Leandro del Moral Ituarte. Fundación Nueva
Cultura del Agua
19 de diciembre de
2023
1. Antecedentes y significación de Doñana
Los espacios naturales de Doñana y su entorno conforman un territorio excepcional. No son únicos, existen otros muchos espacios protegidos de gran valor y todos los territorios merecen, como establece en su campo concreto de actuación la Directiva Marco del Agua, el máximo respeto y consideración. Pero la realidad es que, sin desconocer lo importante de otros casos, Doñana viene recibiendo desde hace décadas una atención social y política extraordinaria. Junto a los reconocimientos autonómicos, nacionales, europeos y mundiales que no hace falta recordar, Doñana se ha convertido en un símbolo del conflicto entre conservación de ecosistemas y bienestar socio-económico de la población que vive en su entorno; un símbolo del conflicto y un laboratorio, se supone, de las soluciones.
La historia es larga. Baste señalar que en 1991 el presidente de la Junta de Andalucía nombró un Comité Internacional de Expertos, presidido por Manuel Castells, para dar cobertura científica a la modificación del Plan territorial de Doñana recién aprobado (el PDTC de Doñana, 1988) y con ello descartar el proyecto de macro-urbanización Costa Doñana a la que dicho Plan había dado luz verde. La compensación al “Entorno” por aquella descalificación se materializó en el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana (1993-2000), dotado de 65.000 millones de pesetas de fondos comunitarios. Justamente en 1993, Juan F. Ojeda Rivera publicó su libro Doñana: esperando a Godot.
Esta realidad ayuda a contextualizar la petición
por unos y la aceptación por otros de actuaciones y medidas para Doñana que,
aunque también se han aplicado, sin éxito, a otros territorios, no se pueden
generalizar. Esa es una de las contradicciones fundamentales: medidas
excepcionales que aspiran o se presentan -como se hizo con el Plan de
Desarrollo Sostenible de 1993 o ahora con el Acuerdo sobre Doñana de 27 de
noviembre de 2023- con el carácter de ejemplo, de modelo a seguir, pero que sin
embargo no se pueden generalizar. La significación de Doñana, espacio
excepcional convertido en símbolo, hace que funcione como supuesto laboratorio
de actuaciones, medidas y soluciones que se observan con especial atención
desde otros lugares… en los que no va a ser posible replicar.
2. Condiciones para que el Acuerdo sobre Doñana contribuya a solucionar problemas e impulsar la transición ecológica-hídrica en Doñana.
Muchos compartimos la impresión de que la pura y simple “aplicación de la ley” no es solución suficiente, además de inaplicable, a la nueva encrucijada. En este caso, como en otros, mientras que el mercado produce a diario experiencia y realidad, la izquierda dispone tan sólo de la ley y de la retórica de la comunicación, y por eso es percibida como legalista y descontextualizada (además de moralizadora y puritana). La amenaza de Proposición de Ley del PP y Vox de 2022 (luego solo del PP, en 2023), que pretendía regularizar los regadíos no incluidos en el Plan de Ordenación de la Corona Forestal de 2014, es el resultado de una larga trayectoria de tolerancia, connivencia e incluso fomento de la trasgresión de la legalidad durante décadas por parte de diferentes agentes privados (comunidades de regantes, plataformas de defensa del regadío, el conjunto del sector agro-industrial de los frutos rojos) e institucionales (locales, autonómicos y estatales)
a) Transparencia y participación pública
La condición básica, de entrada, para que las actuaciones propuestas en el Marco de actuaciones derivado del Acuerdo sobre Doñana aspiren a alcanzar algún grado de legitimidad es la eliminación de la opacidad que ha rodeado hasta la actualidad el contenido concreto y la identificación de beneficiarios de la Proposición de Ley, que en la situación actual se traslada a la identificación de los beneficiarios de la actuación denominada “reconversión de tierras”, dotada de 170 millones de euros.
La experiencia de la elaboración y publicación (aunque haya sido con resistencias y dilaciones) de los Censos de usuarios de las masas de agua subterráneas de Aznalcázar, Almonte y la Rocina, son un buen punto de referencia, que debería extenderse, como condición previa, a cualquier medida de regularización de otros usuarios en situación irregular. Pero en realidad, esta es la gran contradicción de la operación: se reconoce la dimensión ‘política’ del acuerdo (el paseo por Doñana de la ministra y el presidente de la Junta y el resto de escenificaciones) a la vez que se insiste en que ‘no hay pacto’ y que se respetará estrictamente la legalidad en las distintas materias afectadas (entre ellas, el agua).
b) Criterios sociales para una transición hídrica justa
No puede haber mejoras en el medio ambiente que conlleven o vayan acompañadas de deterioro de la justicia social. Es necesario introducir elementos de equidad y equilibrio social propios de una perspectiva de transición ecológica justa. La distribución de la tenencia de la tierra y del agua en el ámbito de Doñana es muy desequilibrada, como han mostrado los análisis de los censos de usuarios publicados. No se puede plantear, para el caso de las subvenciones a la transformación de cultivos, una aplicación lineal por superficie de las ayudas. En la línea de los planteamientos de la Mesa Social del Agua de Andalucía para el caso de las asignaciones de dotaciones en situaciones de sequías, es necesario aplicar criterios de discriminación positiva hacia las explotaciones que se ajusten a criterios sociales, ecológicos y territoriales.
La mejora de las condiciones de vida y vivienda de los temporeros debe ser, realmente, una de las medidas más importantes para avanzar hacia la sostenibilidad del Marco de Actuaciones y debe contar con el apoyo decidido de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos y los sectores económicos. La inhumana situación en la que viven estas personas es una responsabilidad social e institucional. Su situación de vulnerabilidad está condicionada por la falta de regulación, por lo que las instituciones deben asumir la solución del problema real.
c) Supervisión y seguimiento
El seguimiento de la aplicación y la evaluación de los resultados de las medidas, ya planteado aunque de una manera excesivamente genérica en el documento del Marco de medidas del Ministerio, es un factor clave. En este apartado se inscribe la reivindicación de la activación y apertura a la participación y escrutinio público de la Oficina técnica de aplicación del Plan de Ordenación de Cultivos de la Corona Forestal o de una nueva figura que incluya aquellas tareas y las nuevas derivadas del nuevo Marco de Actuaciones. No es suficiente la participación en ella de las administraciones central y autonómica, es necesario articular una estructura abierta a las organizaciones sociales comprometidas con la transición hídrica justa del territorio de Doñana.
Por supuesto, ‘el problema de Doñana’ es más
complejo y está afectado con los procesos regionales, estatales y globales que
agudizan el deterioro ecológico y la polarización social, económica y de poder.
Como dice Amador Fernández Savater, “el neoliberalismo no sólo son políticas de
desregulación que desarman el puzzle (del Estado social) que se trata de volver
a montar, sino una forma de sociedad, una manera de pensar, un tipo de ser
humano individualista y competitivo. La atmósfera misma que respiramos, el
mundo mismo en que vivimos, la promesa misma de realización y felicidad a la
que adherimos”. Todo ello condiciona el presente y el futuro de ese pequeño
pedazo de tierra, formado por barros, arenas, arcillas y seres humanos,
localizado en el fondo del embudo de la cuenca del Guadalquivir, en el Sur del
Norte.
