Juan Manuel Valencia Rodríguez
30 de enero de 2024
En julio de 2023 se lograron unos
resultados electorales que, contra todo pronóstico, impidieron la llegada al
Gobierno de la derecha y su socio de la ultraderecha cavernícola. Sin embargo
la presente legislatura va a ser muy complicada. Pedro Sánchez ha demostrado
una vez más su habilidad negociadora y ha logrado formar gobierno junto con
Sumar, pero sobre una mayoría parlamentaria muy inestable. El Gobierno sufre
además un ataque permanente por parte de la derecha cerril, que asociada ya sin
tapujos en todas partes con la ultraderecha extrema, no duda en emplear en su
estrategia trumpista de acoso y derribo todos los medios a su alcance; en
especial, todos los resortes que posee en el ámbito judicial, que no son pocos,
y su control sobre poderosos grupos de comunicación, desde los que bombardea a
la ciudadanía con todo tipo de bulos y falsedades.
Ese es el escenario sobre el que hay que plantear la política a seguir. Lo que está en juego, y en peligro, son sobre todo tres asuntos: la lucha contra el cambio climático y por el cuidado del medio natural; las políticas sociales y laborales contra la desigualdad; y los derechos y libertades ciudadanas, algunos de ellos perdidos con la aún no derogada “Ley Mordaza”. En otro orden de cosas está la política internacional, terreno en el que no hay ni es de esperar una línea progresista por parte del PSOE, partido dominante del Gobierno y que se reserva para sí esta materia.
Otro componente de la situación, que está
dominando de manera excesiva el primer plano, es la política territorial. Ahí
ha quedado de manifiesto que Andalucía carece de voz propia y ha sido
ninguneada en las negociaciones parlamentarias y gubernamentales.
En cuanto al ambiente social, es evidente
la desafección respecto a la política de gran parte de la ciudadanía,
desmovilizada, captada por unos poderosos medios de comunicación (las TVs en
especial) que generan una mentalidad social individualista y reaccionaria.
Así están las cosas. Lo que resulta
preciso es tener claro qué debe hacer la izquierda que pretende ser
transformadora, las organizaciones a la izquierda del PSOE.
Ahí el panorama es sin duda de lo más
confuso y problemático. A los partidos antes existentes: IU, Podemos, Más País,
los partidos territoriales (Comunes, Compromís, etc.) se une ahora SUMAR,
proyecto en construcción que aún no sabe muy bien lo que quiere ser, más allá
de una múltiple alianza electoral (en Sevilla la opinión muy mayoritaria es la
de conformarse como un movimiento político y social, con todas las
organizaciones de la alianza electoral y los movimientos sociales y entidades
ciudadanas que deseen trabajar juntos).
Para más confusión, las dos fuerzas más
importantes en ese espacio, Yolanda Díaz y Podemos, están cada día más
enfrentadas. Sin duda ambas partes pueden esgrimir agravios infligidos por la
otra parte. Porque los egos y los intereses partidistas han prevalecido sobre
la conciencia de que se necesita la fuerza de la unidad para defender a la
mayoría social.
Pero dudo que tales controversias
interesen a quienes, sin ser afiliados de esas organizaciones, piensan que el
logro de una vida mejor sólo puede venir de la mano de la izquierda
transformadora, con el respaldo de las mareas y movimientos sociales. Bien al
contrario, contemplan ese enfrentamiento con desconcierto y desilusión. Y
seguramente les dirían: arreglen sus conflictos, no queremos saber nada de
ellos, luchen unidos por un mundo mejor, colaboren en vez de competir entre sí.
Los intereses de partido son legítimos si
no se convierten en una rémora para lo que hay que defender: la defensa de lo
público para mejorar la vida de las personas y aminorar las desigualdades, la
preservación del medio natural gravísimamente amenazado, una democracia más
verdadera, la defensa de la paz y la justicia para los pueblos oprimidos. Hay
razones más que sobradas para unir fuerzas en torno a esos grandes objetivos.
No sólo de las organizaciones políticas. Hay que imbricarse con todas las
entidades sindicales, mareas y plataformas sociales, entidades ciudadanas, que
sea posible. Porque es impensable que se puedan lograr transformaciones de
cierto calado favorables para la mayoría social con la exclusiva fuerza que se
tiene en el Parlamento y en el Gobierno. El apoyo y la presión social son
imprescindibles para alcanzar que el PSOE se comprometa en políticas contra la
desigualdad y en favor de la mayoría de la población, frente a las durísimas
coerciones que ejercen los grandes poderes económicos y mediáticos.
El diputado al Congreso por Sumar
Francisco Sierra ha defendido reiteradamente, en múltiples foros, que es
preciso forjar un proyecto de unidad popular con participación de la
ciudadanía, un “eje rojo, verde, violeta y andalucista”, un frente amplio y
andaluz en el que deben estar Podemos y Adelante Andalucía. Con paciencia,
escucha y diálogo, lograr un “constitucionalismo colaborativo”, la unidad que
permita desalojar del gobierno de Andalucía a un PP que está desmantelando lo
público y poniendo en grave riesgo ecosistemas vitales del paisaje andaluz.
Suscribo plenamente ese discurso. La
unidad dialogada es el camino a seguir. Está difícil, pero es posible, si se
quiere trabajar por ella. Si no se hace, los resultados serán un desastre para
la gente común, en Andalucía y en España.
