Del ejemplo de los sexenios universitarios hemos podido sacar algunas conclusiones que deberíamos aplicar a otros sectores de la administración pública
Miguel Toro
28 de mayo de 2024
Este artículo fue publicado originalmente en elDiario.es el pasado 21 de mayo
Tras su publicación a
finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos
ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria del desempeño
para todos los empleados de la Administración General del Estado con el fin de
valorar la conducta profesional y medir el rendimiento del personal. ¿Es esta
una medida correcta? ¿Es necesaria la evaluación de los funcionarios en
general? Y en particular, ¿es necesaria la evaluación de los profesores de las
universidades públicas, de los centros públicos de enseñanza primaria y
secundaria? ¿Es necesaria la evaluación de los médicos de los hospitales
públicos? ¿Es necesaria la evaluación de los jueces? Y así un largo conjunto de
preguntas para cada uno de los sectores de la administración pública.
La respuesta a esta
pregunta, como podemos imaginar, depende mucho en general de si se la hacemos a
un ciudadano que ha sido atendido por un funcionario o al funcionario.
Actualmente el discurso, muy necesario, en defensa del sistema público suele
poner en el centro al funcionario, sus demandas y necesidades, cuando a quien
tenemos que poner en el centro es al ciudadano. Es el ciudadano el objeto de la
atención púbica y es responsabilidad de la Administración Pública conseguir el
máximo beneficio para los ciudadanos. Lo que el Estado debe procurar es que el
ciudadano reciba la mejor asistencia sanitaria, la mejor enseñanza
universitaria, la mejora enseñanza primaria y secundaria, que disponga del
mejor sistema judicial, etc. La buena marcha de la Administración Pública se
basa en la capacidad de sus trabajadores (que la demuestran al acceder a su
puesto de trabajo) y en su mejora continua.