Francisco Casero Rodríguez
23 de marzo de 2021
Que quienes detentan un privilegio no quieran renunciar a él es comprensible, incluso que se resistan a perderlo e intenten evitar su desaparición o su devaluación, y que para ello se asocien con quienes gozan iguales o similares prebendas. Quizás no sea ético, y desde luego no es solidario, pero se entiende. Lo que no es tan comprensible es que organizaciones que representan a conjuntos más amplios de la ciudadanía, que pretenden hacerlo con sectores completos como es el caso de las organizaciones profesionales agrarias, hagan una defensa cerrada de esas posiciones de privilegio de una parte de sus representados, y se opongan a cualquier modificación que las debilite, manifestando además posturas dispares según el territorio desde donde se hagan, lo que está evidenciando una visión localista que nos confunde.
Es necesario, ante la confusión interesada de ciertos intereses, hablar de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y del debate que está generando la puesta a punto de la reforma prevista para el periodo 2023–2027, que incluye una -ya retardada- “convergencia” en la cuantía de los pagos.