Si el objetivo de la sociedad es el de mitigar las desigualdades y asegurar una mínima igualdad de oportunidades, la existencia de impuestos que graven la riqueza y su transmisión no es una opción, es un deber.
Miguel Toro
16 de marzo de 2021
En estos días podemos leer en los periódicos diversas iniciativas de sectores sociales privilegiados para intentar abolir el Impuesto sobre el Patrimonio. En particular una de las más conocidas es la de Foment del Treball, la patronal catalana, y la CEOE. Ambas patronales han iniciado la ofensiva contra este impuesto, que ha de acabar, según ellos, en un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo. Los presidentes de Foment, Josep Sánchez Llibre; y de la CEOE, Antonio Garamendi, han entregado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, un dictamen que argumenta la necesidad de impugnar este impuesto.
El desencadenante fueron los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se incluye una subida del tipo máximo del tributo del 2,5 % al 3,5 % y se otorga a este gravamen, hasta ahora provisional, un “carácter indefinido". Según ambas patronales las modificaciones introducidas suponen "un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico" y, según ellos, un tipo máximo del impuesto del 3,5 % es "distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional.
El presidente de la Confederación Empresarial Andaluza (CEA) ha anunciado que se suma a la iniciativa anterior.