Miguel Ángel Mancheño
13 de noviembre de 2020
Mientras cada día son más las personas y familias que no disponen de un lugar para vivir, ni de recursos para proveerse de él, cientos de miles de viviendas continúan vacías en manos de las entidades financieras (o sus sociedades inmobiliarias instrumentales, o la SAREB) que han recuperado la propiedad tras dejar de pagar sus hipotecas quienes perdieron el empleo a finales de la década anterior.
Y, a pesar de que no se recuerda una situación tan grave (e injusta), nadie es capaz de dar un puñetazo sobre la mesa e inventar o instrumentar un camino para lograr la recuperación de un contingente mínimo de viviendas vacías en poder de los bancos que permita ponerlas al servicio de políticas públicas, de ofrecerlas para el alquiler social.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, con clara competencia y responsabilidad en el asunto, critican esta situación y se rasgan las vestiduras, pero concluyen su lamento afirmando: “… No tenemos capacidad económica; no disponemos de herramientas o instrumentos legales, no existen procedimientos coercitivos que habiliten para hacerse con el uso de las viviendas vacías…; estamos atados de pies y manos”.
Cuando el sistema y la acción política fracasan, cuando la búsqueda de soluciones a este gravísimo problema definitivamente estructural fracasa, cuando el poder económico-financiero no hace otra cosa que acaparar propiedades, cuando el poder judicial blinda el Derecho de Propiedad sin considerar la obligada defensa de su Función Social, es necesario regresar a la acción directa.