Carlos Arenas
9 de
enero de 2026
Julio
de 1936; después de años de la gimnasia contra-democrática que se había
iniciado cinco antes, el mismo día en que se proclamó la II República, el
fascismo español ya había acumulado la suficiente propaganda como para
convencer a los mercenarios de turno de que había que hacer lo que se había
anticipado: dar un golpe de Estado que no dejara piedra sobre piedra del
edificio republicano, del edificio de una nación titulada República de
trabajadores de todas las clases; es decir, de una nación que contradijera el
itinerario de un país secularmente usurpado política, social y económica por
unos pocos centenares de familias con la inestimable ayuda clérigos y milicos.
No dejar piedra sobre piedra, ya lo dijo el general Mola, significaba liquidar físicamente a todo aquel que dudara del derecho de los señores a seguir parasitando el Estado; en Andalucía el sátrapa Queipo de Llano cumplió al pie de la letra la consigna con la estrecha colaboración de una burguesía acostumbrada a ser tratada con reverencias, ahora rebajada al trato con los iguales, a tolerar una reglamentación laboral y a soportar la rotura del nexo patrimonial con el alcalde, el cura y el cuartelillo. Había llegado la hora del exterminio y el señorito llamó a los suyos: a aperadores, gañanes, jornaleros, colonos, lumpen-proletarios a los que siempre había considerado suyos, a los más sumisos, a los que en la plaza del pueblo eran elegidos a la hora de las peonadas.