Miguel
Toro
25 de enero de 2022
Como podemos leer en varios periódicos, “Durante el confinamiento el aumento de la pobreza extrema fue enorme, pero a medio y largo plazo hay más: esta crisis ha cogido a mucha gente justo en la edad en la que deberían estar estabilizándose en el mercado laboral, y eso tiene efectos duraderos. Tardaremos años en ver estas cicatrices, pero las veremos” (El País, 2021). Con las dos últimas crisis, España se ha situado en los furgones de cabeza de Europa en términos de desigualdad, solo un escalón por debajo de los países del Este y los bálticos. Esas elevadas cifras tienden a cronificarse, a la vista de que más de la cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza, según los datos de Bruselas.
La nueva economía digital, sumada a la progresiva sustitución del trabajo humano por robots y computadoras, ha generado y va a seguir generando un incremento de la desigualdad de tal dimensión que preocupa incluso a quienes no la padecen.
Pero frente a esa realidad el sector progresista de la sociedad, los partidos progresistas europeos siguen si reaccionar. Solo buscan soluciones ‘pragmáticas’ a la situación actual. Aplican la etiqueta de ‘utópico’ a la posibilidad de reducir los paraísos fiscales, al intento de subir los impuestos a los ricos, a la mejora de una sanidad pública para todos, a la posibilidad de tener un Estado que movilice los recursos ociosos en beneficio de la mayoría. Claramente la concepción imperante sobre lo posible e imposible no es neutral ni inocente. Es una consecuencia de la batalla cultural que desde los años 90 se libra a favor de las ideas del liberalismo económico. Ideas que defienden que hay que disminuir el Estado, que es suficiente con dejar funcionar al mercado sin regulación alguna. En definitiva que es imposible oponerse a las leyes del mercado y al poder de los superricos.