Carlos
Arenas Posadas
15 de septiembre de 2023
1.- La Constitución de 1978, definió al español como el Estado de las
autonomías en atención a las peculiaridades culturales de un país diverso,
transfiriéndoles competencias plenas en aspectos sensibles del ordenamiento
económico y social para que las distintas regiones aprovecharan sus ventajas
comparativas dentro y fuera del mercado español. Se entendía que todas las
comunidades alcanzarían con ellos similares niveles de desarrollo. No ha sido
así; cuatro décadas después, una resultó finalmente vencedora: la comunidad de
Madrid. La “marca España” que se vendía con el nuevo siglo era en realidad la “marca
Madrid”; aprovechando la vecindad con el Estado Central, rivalizando con él,
Madrid ha hecho, con descaro, lo que antes hacía el Estado: favorecer al
capitalismo financiero y oligárquico desde siempre ubicado en la capital de
España.
2.- En el marco de una crisis del capitalismo neo-liberal y de la
globalización, de nuevas jerarquías en el orden mundial, las élites económicas
periféricas españolas se incomodan ante el protagonismo extractivo de Madrid, y
demandan al poder central una superación de la fórmula autonomista de 1978. Ha
sido el lehendakari Íñigo Urkullu quien más claramente se ha expresado en ese
sentido, proponiendo la convocatoria de una “convención constitucional” que
reformule la organización territorial del país, con competencias y ventajas
asimétricas para las tres “naciones históricas”, Galicia, Euskadi y Cataluña,
incluyéndose entre aquellas las relaciones bilaterales con el Estado; es decir,
acude en defensa del Estado acosado por el extractivismo madrileño, pasando
factura por el favor político.