Antonio Aguilera Nieves
17 de marzo de 2026
Cuando
se evalúan y valoran los costes de la crisis climática, los costes del
aceleramiento del cambio climático provocado por la actividad humana, se presta
atención en gran medida a las repercusiones ambientales. Se habla así de la
pérdida de biodiversidad (la Sexta Extinción global), la desertización, el
efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las
temperaturas medias…
En
menor medida, se valoran las repercusiones sociales, aunque Naciones Unidas,
hable, desde hace unos años, de migrantes climáticos. Según el Centro de
Monitoreo de Desplazamiento Interno, 17,2 millones de personas tuvieron que
abandonar sus casas en 2024, debido a desastres naturales. En un ámbito más
local, la crisis climática está entre las causas claras del despoblamiento
rural del interior peninsular y andaluz.
Sin embargo, demasiado poco se habla de las repercusiones económicas de la crisis climática. De un lado, del coste de las medidas de mitigación y reversión del cambio climático, procedentes en su inmensa mayoría de la administración pública, ni de los costes que suponen los desastres naturales que ya se están produciendo, así como todo el catálogo de medidas complementarias que nos permitan caminar hacia la necesaria transición ecológica.