José Antonio Bosch. Abogado
25
de noviembre de 2025
En
los debates públicos sobre derechos y libertades, intento comprender todas las
posturas. Sin embargo, hay ocasiones en que la falta de base jurídica en
ciertos argumentos me resulta incomprensible. Esto me ocurrió recientemente con
el derecho a la objeción de conciencia en la Comunidad de Madrid donde se ha
producido un debate en el que soy incapaz de encontrar la más mínima base
jurídica que justifique determinadas posiciones.
Hace unos días, la consejera de Salud, al ser interpelada sobre la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia de los y las profesionales sanitarios con relación al aborto de su comunidad, respondía, literalmente: «Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie». Muy cercano a lo que ya dijo su presidente en la Asamblea de Madrid (sic): «No se va a señalar a nadie en la Comunidad de Madrid, ¿le parece poco? pues vaya usted a otro lado a abortar».