¿Pueden
ser independientes y estar sometidos solamente al imperio de la ley los
magistrados que administran justicia cuando tienen que juzgar a aquellos que los
auparon a sus cargos?
25 septiembre 2018
Los
españoles son iguales ante la ley, reza el comienzo del artículo 14 de nuestra
Constitución, pero al igual que en la famosa granja de Orwell, habría que incluir
a continuación, pero algunos son más iguales que otros, porque nuestra realidad diaria y
nuestras propias normas así nos lo ponen en evidencia.
Estoy
tratando de entender el debate sobre el aforamiento de los políticos y de un
largo etcétera de personalidades (Presidentes del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial,
Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia
Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado,
Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas…), estoy tratando de comprender
los argumentos en los que se escudan quienes abiertamente mantienen la
necesidad de los aforamientos y de aquéllos que dicen estar contra los
aforamientos pero que no hacen, y no creo que lo hagan en el futuro, nada para
poner fin a una desigualdad sin justificación.
Lo
que suponen los aforamientos, en términos llanos, es evitar que el juez
natural, el que nos corresponde a todos los ciudadanos, investigue, juzgue y
sentencie los actos de determinados españoles privilegiados que, por el
contrario, son investigados, juzgados y sentenciados por magistrados que
conforman tribunales a los que han accedido con la ayuda y empuje, casualmente,
de aquéllos que tienen ese privilegio.