Este
año será decisivo en todos los órdenes de la vida, por la confluencia de las
crisis -sanitaria, institucional y la guerra- y sus consecuencias, unidas a las
confrontaciones con el ultra-conservadurismo y los poderes fácticos económicos
y mediáticos que no soportan las políticas de progreso y democráticas que
beneficien a las mayorías sociales en Democracia e Igualdad.
Manuel Armenta
27 de Enero de 2023
La crisis sanitaria la arrastramos hace ya tres años y, aunque pervive, está siendo más llevadera y asumida por el conjunto de la sociedad con criterios de positivismo que eliminan confrontación y radicalismo político. En cambio la guerra Rusia-Ucrania, de la que nos hemos hecho partícipes a través de organismos internacionales que la soportan y la extienden, trae consecuencias muy negativas para los principios de PAZ, VIDA y ENTENDIMIENTO, así como para la vida económica y medio-ambiental, que afecta a España de forma muy particular. La confrontación institucional del Poder Judicial con el Gobierno es otra brecha que añade fuego a la crisis general que vivimos, influyendo de forma notoria en la falta de credibilidad en los poderes del Estado.
El “recurso previo de inconstitucionalidad” que utilizó el Tribunal Constitucional para que los órganos legislativos del Estado NO votaran una nueva ley se derogó en 1985 porque interfería en la separación de poderes y la formación de voluntad del Poder Legislativo. Lo indica Mª Victoria Rosell Aguilar (BOE 8 de junio de 1985 por el que se derogó el capítulo II del título VI de la Ley Orgánica 2/1979 del 3 de octubre, reguladora del Tribunal Constitucional). Y en esta misma dirección indica el magistrado Joaquín Bosch: el Alto Tribunal tiene asignadas funciones de control de la Constitucionalidad de las leyes una vez sean promulgadas, pero NO impedir que éstas se aprueben... y sería una extralimitación peligrosa de sus competencias que generaría un enorme daño al sistema democrático.