- Esquerra debe facilitar la formación de un Gobierno progresista.
- Reducir la creciente desigualdad social y reconducir el problema catalán por vías razonables, dos prioridades para un gobierno progresista.
- El cambio climático, los derechos de la mujer, la recuperación de derechos y hacer realidad el Estado laico, otros ámbitos preferentes de actuación.
Juan M. Valencia Rodríguez
3 de diciembre
de 2019
Las elecciones del 10 de
noviembre han creado una situación parlamentaria que permite la formación de un
gobierno progresista, en especial tras el rápido preacuerdo para una coalición
entre PSOE y Unidas Podemos. Anunciados ya los apoyos de Más País, PNV y otras
formaciones, solo resta al día de hoy un requisito, la abstención de Esquerra
Republicana de Cataluña (ERC).
En la frustrada legislatura
anterior ERC presionó a Unidas Podemos para que facilitara el gobierno del
PSOE, con o sin su participación en el mismo. No se entendería que ahora fueran
ellos quienes impidieran un gobierno progresista. Las audacias imprudentes,
como ya se comprobó, se pagan caras. Esperamos que ERC se comporte con la
cordura necesaria, pese a los ataques que puedan llegarle desde otras fuerzas
del independentismo catalán. Si la única condición que ponen para su abstención
es el diálogo entre los gobiernos estatal y catalán, no debe ser obstáculo.
Hablar hay que hablar, eso es de razón, puesto que existe un problema político
de primer orden. Otra cosa es que el diálogo concluya en un acuerdo aceptable
para ambas partes o esto no sea posible.
El gobierno progresista que se
forme tiene ante sí dos retos fundamentales: combatir con decisión el
crecimiento de las desigualdades sociales, y buscar el camino para conducir por
caminos más razonables el conflicto planteado en Cataluña. Esas dos crisis graves
de nuestra democracia han de ser sus prioridades.
Reducir las desigualdades es obligación ineludible del
Gobierno. Es de justicia, una democracia sana no puede admitir que la riqueza
socialmente producida entre todos se reparta de manera cada vez más desequilibrada
a favor de unos pocos y en perjuicio de la mayoría. Emprender con determinación
políticas contra la desigualdad es además la mejor manera de frenar el avance
de la ultraderecha, evitando la desafección que amplias capas de las clases
medias y trabajadoras sienten en toda Europa hacia una democracia que no se
preocupa por la calidad de vida de su población. Es precisa una política fiscal
diferente y justa, que haga pagar más a los que más tienen para incrementar el
ingreso y el gasto público, en vez de recortarlo. Tenemos margen más que
suficiente: tanto el ingreso como el gasto público en España, en relación con
la riqueza producida (% sobre el PIB) es muy inferior a la media de la eurozona
(6,4 % menos de ingresos y un 4,8 % menos de gasto). En vez de recortar, hay
que Incrementar el gasto público social: en Sanidad, Educación, el sistema
público de pensiones, la atención a la Dependencia, etc.
El problema catalán ha llegado a un punto crítico.
Que los gobiernos del PP lo hayan llevado en exclusiva hacia el terreno
judicial no ha resuelto nada, todo lo contrario, ha contribuido a enquistarlo y
agravarlo cada vez más, haciendo crecer exponencialmente el número de los
separatistas. Por parte de los independentistas, han tensado tanto la cuerda
con su intento unilateral de secesión y obviando el sentir de, posiblemente,
más de la mitad de la población de Cataluña, que han guiado a la gente a un
callejón sin salida, provocando de paso un crecimiento desorbitado de la
extrema derecha española. Ni el Gobierno puede seguir cerrado al diálogo, ni
los independentistas pueden seguir echando un pulso que no tienen posibilidad
alguna de ganar y que conducirá a muchos a una frustración inmensa. Hoy no
existe, ni de lejos, apoyo parlamentario suficiente en las Cortes para plantear
una reforma constitucional que ampare el derecho de autodeterminación.
Otros problemas necesitan
urgente intervención y hacen más necesario tener cuanto antes un gobierno
estable que ponga en marcha políticas progresistas: la emergencia climática no admite más demoras, es urgente actuar
contra el cambio climático porque se nos están pasando ya todos los plazos; hay
que reforzar la lucha contra la
violencia machista y por los derechos de la mujer; debemos recuperar los derechos democráticos que nos
han arrebatado en los últimos tiempos, mediante la derogación de la
contrarreforma laboral y de la “Ley mordaza”, etc. Sería también deseable que
este Gobierno comenzase a suprimir los
privilegios de la Iglesia católica y las injustificables inmatriculaciones
de bienes públicos que ha realizado.
Los desaforados y falaces ataques
al preacuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos por parte de los sectores
políticos y sociales más conservadores (el cavernícola Aznar y su discípula Cayetana
Álvarez de Toledo, la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valencia, la gran
patronal de la CEOE, los medios de comunicación afines al poder económico…), a
los que han acompañado algunos dirigentes de los sectores más a la derecha del
PSOE, no hacen sino reafirmar que ese es el camino correcto. Gran parte de la
ciudadanía, hastiada de la interminable controversia entre los partidos, desea
ya un gobierno que pueda trabajar con estabilidad para solucionar los problemas
más cruciales de las personas.
