Enrique
Cobo
10 de abril de 2018
Hay
que mojarse en un asunto tan crucial como este, dado que se ha convertido de
hecho en algo más que la “cuestión catalana” y lo que está en cuestión es
repensar el “estado de derecho”. Si fuera solo la cuestión catalana ya valdría
la pena pensar en una propuesta política para solventar dignamente un problema,
pero hay más.
Analizando
el proceso vemos como “el estado de las autonomías” fue una victoria de los
demócratas sobre la dictadura, se consiguió quebrar el estado centralista y
autoritario y avanzar en democracia y participación de las personas
individuales y de las comunidades históricas. Se hizo de “aquella manera” de
forma que aquel armisticio, tras más de cuarenta años de violencia fue fruto
del equilibrio de fuerzas de aquel momento, del equilibrio entre los violentos
vencedores en una guerra y en una dictadura y un pueblo ansioso de libertades y
de ilusiones personales y colectivas. Un pueblo fuerte y un ejército fuerte
pactaron un equilibrio inestable pero no venció ninguna de las partes sino que
pactaron lo que pudieron para salvar cada una parte de sus esencias. Fue un
armisticio, un pacto y he de recordar que en ese pacto Alianza Popular estuvo
en contra del capítulo octavo de la constitución, del título que organizaba territorialmente,
superando un estado centralista y dictatorial.
El
PP heredero de aquella opción, convertido en la derecha que pactó el armisticio
incluyendo la transición al “estado de las autonomías” ha venido haciendo y
presumiblemente seguirá intentando reinterpretar el título octavo que no
aceptó. De la misma forma no ha dejado de intentar imponer su peculiar forma de
entender el “estado de derecho”, por ejemplo cuando considera que el poder
judicial debe ser un poder independiente de los otros dos pero hay que intentar
que esté compuesto por personas jueces y fiscales que coincidan en su
interpretación de las leyes con sus posiciones políticas e ideológicas y
ejerciendo presiones han logrado parir unas instituciones judiciales supremas,
(el Tribunal Constitucional que hizo lo que hizo con un estatuto acordado y votado y, por otra parte y el Tribunal Supremo tantas veces
contradicho por tribunales) en las que la mayoría de sus miembros proceden de
la selección del PP imponen contra los otros jueces, casi siempre, su
interpretación de las normas y que, en su conjunto, no gozan del aprecio y del
respeto de los ciudadanos.