Miguel Campillo Ortiz
9 de
junio de 2026
Además,
la herencia del nacionalcatolicismo franquista está presente. Sólo unos
ejemplos: en el artículo 525 del Código Penal, que penaliza la ofensa a los
sentimientos religiosos, limitando el derecho constitucional de la libertad de
expresión; o la concesión de indultos con motivo de la festividad religiosa de
la Semana Santa por parte del gobierno “progresista” (PSOE+Sumar). Estas
medidas de gracia, supeditadas a la intervención de cofradías católicas, supone
una quiebra flagrante de los principios constitucionales de aconfesionalidad
del Estado (Art. 16.3 CE) y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley
(Art. 14 CE). Recientemente hemos conocido el anuncio del Servicio Andaluz de
Salud (SAS) y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, mediante el cual
se oficializa el patronazgo de la Virgen del Socorro sobre los servicios de
urgencias y emergencias sanitarias (061) en la provincia de Sevilla. Otro
despropósito.
Y qué
decir del expolio al patrimonio histórico-artístico nacional de raíz religiosa
que han supuesto las inmatriculaciones obispales. Veinte años después de
destaparse este escándalo, es inaceptable que el
Congreso de los Diputados, los ayuntamientos y la ciudadanía sigan sin conocer
con detalle cuántos y cuáles son los bienes inmatriculados por la Iglesia
católica mediante un inválido “certificado diocesano”. Y hay que
recordar, además, que NADA se sabe aún de los bienes inmatriculados
entre 1946 y 1998. Un Gobierno que mantiene la opacidad, dilata
la entrega del expediente y desplaza la responsabilidad a terceros se convierte
en cómplice necesario del posible expolio.
Parece ser que el
8 de junio el papa dará un discurso-sermón como jefe del Estado (Vaticano) de
la Santa Sede, el instrumento diplomático de la Iglesia católica para ejercer
influencia internacional que Mussolini concedió a través de los Pactos de
Letrán firmados el 11 de febrero de 1929.
Más allá de las plausibles diferencias del papa con Donald Trump, ese Estado es
una teocracia absolutista que transgrede derechos fundamentales, especialmente
de mujeres, personas LGTBI+ y la infancia.
Estamos
ante otras elecciones, las andaluzas, en las que ningún partido asume con
nitidez la necesidad de avanzar hacia un Estado laico, un Estado auténticamente
democrático. El cántico vejatorio “musulmán el que no bote” en Barcelona en el
partido de fútbol España-Egipto ha sido calificado como racista por los medios
de comunicación y los políticos entrevistados, como si no hubiera musulmanes
catalanes, madrileños, rubios, pelirrojos, etc.
Aunque
relevantes dirigentes políticos, incluso formaciones como IU y Podemos han
suscrito el manifiesto por la derogación de los Acuerdos concordatarios, muchos
de sus correligionarios alcaldes, concejales y demás cargos públicos vulneran
frecuentemente la laicidad de las instituciones que representan. Se ve que sus
tacticistas cálculos electorales les llevan a esa incoherencia, obviando a las
personas laicistas que vienen votando en blanco o engrosando la bolsa de la
abstención al no verse representadas. Y en tiempos de auge de fanatismos
religiosos y neofascismo...
