José Antonio Bosch. Abogado.
7
de julio de 2026
Parece que no era tan trágico para el señor Moreno Bonilla, como había anunciado, no obtener la mayoría en las pasadas elecciones autonómicas, toda vez que ha sido capaz de alcanzar un acuerdo de gobierno en tiempo récord. Otra cuestión es el tipo de acuerdo que, en realidad, no se diferencia demasiado de los ya suscritos por el PP y VOX en otras comunidades autónomas, y ello pese a la “especialidad de la vía andaluza” que desde tantas plataformas se vendía.
Hasta
el presente, se nos decía por activa y por pasiva que, si bien la música era de
VOX, la letra era del señor Moreno Bonilla. Así que, pese a acuerdos puntuales
PP y VOX, en realidad la habilidad y el buen hacer del presidente andaluz nos
conducía por la senda de la moderación y nos mantenía a salvo de las
estrambóticas propuestas de la extrema derecha. La cruda realidad nos ha
demostrado que la letra y la música la compone VOX, incorporando así a
Andalucía a la larga lista de gobiernos (autonómicos y estatales) dirigidos por
la extrema derecha en todo el mundo.
Me
imagino a “Juanma presidente” -como lo presentaban las vallas y demás soportes
electorales- llegando a la reunión para pactar con VOX y poniendo sobre la mesa
una firme postura, muy marxista (de Groucho, no de Karl) parecida a aquella de estos
son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Y lo digo porque, tras
la lectura de las 160 medidas del Acuerdo de Gobierno PP-VOX en Andalucía (en
adelante Acuerdo) podemos comprobar cómo rompe e incumple en forma descarada
compromisos ofrecidos en el programa electoral del PP de Andalucía (en adelante
el Programa).
Así,
por ejemplo, en el Programa se utiliza en veintinueve ocasiones el término
«género» en contextos tales como perspectiva de género, violencia de género o
igualdad de género, mientras que en el Acuerdo el término «género» ni está ni
se le espera. Por el contrario, si observamos las referencias a la inmigración
o a las personas inmigrantes, vemos que en el Programa se realizan siete
menciones en contextos tales como la promoción social de las personas
inmigrantes, la afirmación de que la inmigración no está saturando el mercado
laboral andaluz o la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento
económico. Frente a ello, en el Acuerdo se realizan quince referencias en
contextos como «inmigración masiva», «rechazo a la política migratoria del Gobierno»,
«inmigración ilegal» o «repatriación», sin que podamos encontrar una sola
medida que suponga el más mínimo reconocimiento a las personas inmigrantes y,
mucho menos, cualquier tipo de ayuda.
Por
supuesto, en las 441 páginas del Programa no existe una sola referencia al
concepto de «prioridad nacional», concepto que sí se incluye en el Acuerdo. Ya
sé que los portavoces autorizados del PP sostienen que ellos lo llamaban
arraigo y que, en realidad, significa lo mismo que prioridad nacional, pero,
por más que consulto diversas herramientas de inteligencia artificial, no logro
encontrar ninguna que me ilustre sobre la similitud de ambos conceptos.
Prioridad nacional significa «los españoles primero» —pretensión muy acorde con
el trumpismo militante de VOX—, que además resulta contraria al principio de
igualdad y, en consecuencia, a nuestra Constitución. Por su parte, el arraigo
es un término que no establece distinción alguna en función de la nacionalidad,
sino que atiende a circunstancias objetivas aplicables a todas las personas,
con independencia de su origen.
Inmigrantes,
de entrada, sí, pero, por Dios, que no sean muy oscuros de piel; que además
recen a nuestros dioses; que recojan nuestras fresas y nuestras aceitunas a
cambio de salarios ínfimos y en las condiciones laborales que determine el
empleador; que cuiden de nuestros mayores con esmero y respeto, pero que no
pretendan convertirse en un español más. Hasta ahí podíamos llegar. Cuando nos
sobre algo ya lo compartiremos, pero sentarse en nuestra mesa en condiciones de
igualdad, de ninguna manera.
¿Y
qué decir del llamativo acuerdo de incluir en los planes de estudio la historia
del terrorismo en España? La verdad es que no espero muchas sorpresas. A buen
seguro no se incluirá a los GAL, ni al Batallón Vasco Español o Fuerza Nueva,
por ejemplo; ni mucho menos al terrorismo de Estado o al comportamiento de
determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la
dictadura y la transición. Con suerte, y si el asunto se le escapa al censor,
se citará el atentado de Atocha y ya veremos a quién se le atribuye la autoría.
Se trata, como en los mejores ejemplos del fascismo, de alterar la historia
para justificar el presente.
Mientras
en el Programa se hablaba de educación en valores democráticos y al rechazo de
la violencia terrorista, en el Acuerdo se contempla que antes de finales del
2026 deberá estar registrada una Ley de Concordia que sustituya la normativa
vigente en materia de memoria histórica. No hay problema: Juanma es un
hombre muy versátil. Sus principios no pueden ser un obstáculo frente a la
posibilidad de ostentar un tercer mandato en Andalucía.
Por
supuesto el Acuerdo contempla la bajada de impuestos junto con el aumento de
las prestaciones sociales, es decir la cuadratura del círculo que tantas veces
nos ofrecen pero que siempre termina empobreciendo a los menos favorecidos y
haciendo más cuantiosas las fortunas de los que más tienen.
También
acuerdan derogar leyes ideológicas —medidas 148 y 149—, como si el propio
Acuerdo fuera algo empírico, objetivo y ajeno a las ambiciones personales de
quienes lo suscriben y de sus respectivos partidos. Sin embargo, lo cierto es
que el Acuerdo constituye la antesala de las políticas ultraderechistas que
guiarán a Juanma y a todo su gobierno durante los próximos cuatro años, en los
que veremos cuestionados el principio de igualdad, los derechos sexuales y
reproductivos, la protección del medio ambiente o los avances en materia de
violencia de género, por ejemplo.
Un
Parlamento y un Gobierno rancios como el tocino añejo, que nos empujarán a
creer que el enemigo común es quien es diferente y no quien acumula rentas y
capital a costa de que las personas vulnerables vean reducida su protección. Un
Parlamento y un Gobierno que, ante la evidente emergencia climática, acuerdan
reducir tasas a quienes contaminan o dejar de financiar a quienes promueven
zonas de bajas emisiones.
No
puedo sino recomendar la lectura detenida del Acuerdo. El PP se ha quitado el
«burka» siguiendo las instrucciones de VOX y ambos se han compinchado para
construir una realidad que normalice lo que, hasta hace muy poco, eran claras
vulneraciones de los derechos humanos. Se trata de que nos vayamos
acostumbrando a una «nueva normalidad» que, pisoteando principios, valores y
derechos constitucionales logrados con sumo esfuerzo, y con un evidente
desprecio por los derechos humanos, permita, en pocas palabras, que la
desigualdad, como mínimo, se mantenga y, preferentemente, aumente.
Lamentablemente,
no estamos ante escenarios desconocidos; la extrema derecha no es especialmente
innovadora. Se están reproduciendo patrones que ya se utilizaron en el siglo
XX. No miremos para otro lado y, como diría el señor Aznar, «el que pueda
hacer, que haga».
