Seguimos
financiando, metiendo dinero público en la bolsa de una organización religiosa
perteneciente a un estado extranjero, sin control de ningún tipo y sin que se
aviste en un horizonte cercano cambios reales
JOSE ANTONIO BOSCH – (Abogado)
26
de noviembre de 2019
Cuando
se promulgó la Constitución Española de 1978, yo era un joven ingenuo y llegué
a creer que del Nacionalcatolicismo en el que había nacido y sido educado, pasaría
a vivir en un Estado aconfesional; llegué a creer que, por fin, con algunos
siglos de diferencia con países de nuestro entorno, llegaba a España la
separación Iglesia-Estado, pero, más de cuarenta años después, sigo viviendo en
un país donde en muchas ocasiones la norma religiosa se nos sigue imponiendo a
la totalidad de la población, en un Estado donde los poderes públicos siguen
reconociendo privilegios a la Iglesia Católica y donde la separación Iglesia-Estado
es una simple quimera.
Hemos
vivido el mayor expolio urbanístico de la historia de España donde la Iglesia,
olvidando que su reino no es de este mundo, ha inmatriculado un pequeño lote de
más de treinta mil inmuebles entre los que se incluyen desde la Giralda de
Sevilla y el Patio de los Naranjos hasta corrales de pueblo, pasando por plazas
públicas, locales comerciales y todo un amplio muestrario de bienes inmuebles. Una
voraz y desenfrenada apropiación de inmuebles que ni el Nacionalcatolicismo
hubiese permitido.
Detrás
o delante de cada procesión, de cada santo o divinidad que procesiona por España
van cargos electos, representantes de administraciones presuntamente aconfesionales
que, sin embargo, se unen al cortejo para mayor gloria de una concreta
divinidad. En las mismas procesiones participan miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas, institutos también
presuntamente aconfesionales soportados con el dinero de todos, creyentes y no
creyentes, para mayor realce de la cofradía o hermandad que organiza la
manifestación religiosa.