Las propuestas de reformas para 2019 del Gobierno, imputando a la Seguridad Social déficits que son de otras Administraciones públicas, su olvido de la derogación de las reformas laborales y de pensiones, y el apoyo a la mochila austriaca, pintan el cuadro de lo alejado que está el Gobierno de las aspiraciones expresadas por las reivindicaciones y movilizaciones obreras y de pensionistas.
Juan Miguel
Fernández, Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas,
jubilado. Sindicalista de UGT
5 de
julio de 2019
El
30 de abril, dos días después de las elecciones generales, el Gobierno envió a
Bruselas, a la Unión Europea, la Actualización del Programa de Estabilidad
2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas de 2019. Daba así cumplimiento a
la obligación de todos los Estados miembros de presentar dichos documentos
básicos para la coordinación de las políticas económicas de la UE.
El Programa de
Estabilidad 2019-2022
Como
ejes del programa se propone garantizar la estabilidad económica y financiera,
reforzar la cohesión social y abordar reformas estructurales como la baja
productividad o el alto nivel de deuda pública.
El
Programa de Estabilidad prevé la reducción paulatina del déficit público hasta
alcanzar en 2022 el equilibrio presupuestario, lo que permitirá al gobierno “acelerar la reducción de la ratio de deuda
pública sobre el PIB, hasta situarse por debajo del 90 %”. En 2019, se
prevé un déficit del 2 %, pues “los
ingresos públicos aumentarán y el gasto publico se reducirá ligeramente, hasta
el 39 % y el 41 % del PIB, respectivamente”.
A
destacar que, al fijarse la distribución del déficit público de 2018, un 2,48%
del PIB entre las diferentes Administraciones públicas, se hace una
distribución engañosa del mismo. Se imputa a la Seguridad Social un déficit del
1,41 % del PIB. Decimos engañosa por la errónea contabilización de la
financiación del Estado a la Seguridad Social, pues según el artículo 109.2 de
la Ley General de la Seguridad Social, tal financiación ha de hacerse por
aportaciones, no por préstamos, y como resultado de esa manipulación aparece la
Seguridad Social indebidamente endeudada y deficitaria, mientras que la Administración
Central del Estado figura con un déficit convenientemente rebajado.
Se
establecen en los ministerios límites para el inicio de nuevos expedientes de
gasto. La parálisis de la inversión pública, necesaria para la creación de
empleo de calidad, es una de las muestras de la lejanía gubernamental de los
problemas reales de la sociedad.
El
plan supone en esencia en reducir gastos para pagar la deuda y, respecto a las
pensiones, consiste en continuar ignorando la obligación de recoger como gasto
del Presupuesto del Estado, no como préstamo, las aportaciones obligatorias del
Estado a la Seguridad Social.