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viernes, 25 de octubre de 2019

10-N – FRAUDE A LA VOLUNTAD POPULAR DEL 28-A



La voluntad popular expresada en las URNAS el 28A ha sido pisoteada por quienes tenían la obligación Constitucional de respetarla para formar el gobierno: Jefatura del Estado y Pedro Sánchez (candidato a Presidente del Gobierno y representante del PSOE como la fuerza más votada).


Manuel Armenta

25 de Octubre de 2019
 
Desde la posición política de respeto al Sufragio Universal reconocido en la Constitución como el principio legítimo de la soberanía popular expresada en las urnas para formar el gobierno, no es admisible que ninguna Institución ni Partido político, antepongan su voluntad e interés particular para la “formación” del gobierno, y convoquen unas nuevas Elecciones contraviniendo la voluntad popular expresada en las urnas.

Formar gobierno y gobernar son dos conceptos, dos principios y dos etapas diferentes en quienes protagonizan la responsabilidad y el poder de decidir, con independencia de los procedimientos participativos de Instituciones y ente Político en su materialización.

La voluntad transversal del voto es matemática e inequívoca (guste más o menos), para que se respete, y de acuerdo con los procedimientos legales se normalice la formación del gobierno con mayoría o no de representación parlamentaria. La gobernanza dure el tiempo que dure, un día o cuatro años, es ya responsabilidad de las Instituciones del Estado, así como su liquidación y/o convocatoria anticipada de elecciones.

Nada de esto se ha respetado y se convocan nuevas elecciones, convirtiendo los valores y principios democráticos, en antidemocráticos. El Jefe del Estado y el Sr. Sánchez (Psoe) nos dicen que: ¿hemos votado mal, y que volvamos a las urnas?...... ¡¡¡¡!!!!....

viernes, 5 de julio de 2019

EL PROGRAMA DE REFORMAS Y DE ESTABILIDAD DEL NUEVO GOBIERNO




Las propuestas de reformas para 2019 del Gobierno, imputando a la Seguridad Social déficits que son de otras Administraciones públicas, su olvido de la derogación de las reformas laborales y de pensiones, y el apoyo a la mochila austriaca, pintan el cuadro de lo alejado que está el Gobierno de las aspiraciones expresadas por las reivindicaciones y movilizaciones obreras y de pensionistas.



Juan Miguel Fernández, Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado. Sindicalista de UGT

5 de julio de 2019

El 30 de abril, dos días después de las elecciones generales, el Gobierno envió a Bruselas, a la Unión Europea, la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas de 2019. Daba así cumplimiento a la obligación de todos los Estados miembros de presentar dichos documentos básicos para la coordinación de las políticas económicas de la UE.

El Programa de Estabilidad 2019-2022

Como ejes del programa se propone garantizar la estabilidad económica y financiera, reforzar la cohesión social y abordar reformas estructurales como la baja productividad o el alto nivel de deuda pública.

El Programa de Estabilidad prevé la reducción paulatina del déficit público hasta alcanzar en 2022 el equilibrio presupuestario, lo que permitirá al gobierno “acelerar la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, hasta situarse por debajo del 90 %”. En 2019, se prevé un déficit del 2 %, pues “los ingresos públicos aumentarán y el gasto publico se reducirá ligeramente, hasta el 39 % y el 41 % del PIB, respectivamente”.

A destacar que, al fijarse la distribución del déficit público de 2018, un 2,48% del PIB entre las diferentes Administraciones públicas, se hace una distribución engañosa del mismo. Se imputa a la Seguridad Social un déficit del 1,41 % del PIB. Decimos engañosa por la errónea contabilización de la financiación del Estado a la Seguridad Social, pues según el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, tal financiación ha de hacerse por aportaciones, no por préstamos, y como resultado de esa manipulación aparece la Seguridad Social indebidamente endeudada y deficitaria, mientras que la Administración Central del Estado figura con un déficit convenientemente rebajado.

Se establecen en los ministerios límites para el inicio de nuevos expedientes de gasto. La parálisis de la inversión pública, necesaria para la creación de empleo de calidad, es una de las muestras de la lejanía gubernamental de los problemas reales de la sociedad.

El plan supone en esencia en reducir gastos para pagar la deuda y, respecto a las pensiones, consiste en continuar ignorando la obligación de recoger como gasto del Presupuesto del Estado, no como préstamo, las aportaciones obligatorias del Estado a la Seguridad Social.