El nuevo gobierno abre una oportunidad ilusionante

Miguel Toro

26 de junio de 2018

Estamos a finales de junio de 2018. Mucho han cambiado las cosas en un mes. Rajoy era jefe de Gobierno desde el 2011. Ha sido una época de retroceso para España. Durante ese tiempo han manifestado su peor cara el grupo de personas aupadas a las instituciones públicas por parte de Aznar y posteriormente por Rajoy. En los gobiernos de la comunidad de Madrid y de la comunidad Valenciana, ambos dirigidos durante la mayor parte de ese tiempo por el PP, la justicia ha condenado a muchos de sus dirigentes por corrupción. Los que nos presentaron como buenos gestores, como personas formadas y con criterio, resultaron ser unos corruptos que solo querían acceder a la política para enriquecerse. En ese mismo tiempo el PP ha sido condenado por corrupción. En ese mismo tiempo el PP había conseguido hacer una reforma salvaje del mercado laboral, frenar la necesaria transformación energética, etc. El clamor por la dimisión de Rajoy era muy alto. Pero frente a ello, Ciudadanos, uno de los llamados nuevos partidos emergentes, mantuvo su apoyo al gobierno corrupto. Para distraer a los ciudadanos de esa realidad, el PP y Ciudadanos añadieron más gasolina al fuego de Cataluña. En ese escenario, con un PSOE vacilante y un Podemos discutiendo sobre el modelo de partido, presentado exteriormente como una discusión sobre la compra de una casa en Galapagar, parecía que el futuro estaba escrito: Ciudadanos ganaría las próximas elecciones y las cosas seguirían igual. No cambiaría la ley del mercado laboral, no se abordaría el tema de los migrantes, no se abordaría la transformación energética, no se relajaría el tema catalán, etc. Había un sector amplio de población que aceptaba de manera fatalista un futuro que parecía escrito.

Pero, tal como se ha visto, había una ventana de oportunidad política. Había la posibilidad de quitar al gobierno corrupto y generar una nueva mayoría que abordara los grandes retos. Felizmente alguien, Pedro Sánchez, fue suficientemente audaz para embarcarse en una moción de censura y componer una mayoría parlamentaria para ganarla. Había una estrecha ventana de tiempo. Posiblemente si no se hubiera aprovechado el momento la ventana de oportunidad se hubiera cerrado en muy poco tiempo y hubiéramos continuado con el guion que parecía previamente escrito: Ciudadanos hubiera ganado las próximas elecciones y todo seguiría de la misma forma.

Un nuevo gobierno se inicia. ¿Es predecible?

Antonio Sánchez Rodríguez

19 de junio de 2018

Ha sido este hecho, de la Moción de Censura y el nombramiento de un nuevo gobierno, el más deseado y esperado por una gran mayoría de españoles. La expulsión del gobierno de la derecha corrupta, intolerante, abusiva e insensible a las penurias, agobios y dolor de sus gobernados, sin más justificación que servir los intereses de sus señores: los poderes económicos, ha sido, de momento, un alivio para todos.

Una mayoría del Parlamento que representaban a millones de votantes de izquierda y nacionalistas supera a la nueva derecha y a la vieja, confirmando que este grupo político del PP ha conseguido posicionarse, por sus propios méritos, como un partido indeseable. 

Su lugar, lo ha ocupado la resistencia de un partido de la agotada socialdemocracia con un equipo de mayoría femenina que reconoce con ello el potente movimiento feminista del 8 de marzo, con una mayoría de funcionarios del estado, que desde el primer día sabrá cómo moverse, y un tercio de procedencia del sector privado. Al mismo tiempo cuenta con personajes ejemplares que representan el esfuerzo y la perseverancia. Y en general da, este equipo, una visión de urbanitas de buena educación con modos respetuosos y democráticos y de buenos profesionales que rondan -ni jóvenes ni viejos- los cincuenta años.

El conjunto ha caído bien, se les supone que son representantes de una visión  más humanista de la vida y democratizador de viejas estructuras partidistas. Ha creado esperanza e ilusión a esa gran mayoría de españoles que comentaba, pero también es cierto que entre ellos no hay nadie de “mi barrio”, ni de “mi pueblo” y demasiado cercanos a mi edad –sexta decena-, sin embargo no hay “pensionistas”, a mi modo de ver falta representación del mundo del trabajo, de la gente que produce y de las generaciones que vienen supuestamente más conocedores de los nuevos modos y modas –muchas de ellas con base en las tecnologías- de los que algunos y algunas de incidencia directa a derechos fundamentales de trabajo, privacidad, etc. habrá que frenar en seco.

Todos los componentes pueden ubicarse en esa clase educada y universitaria que desde hace unos años vota a la izquierda. Gran parte de ellos, especialmente su líder Pedro Sánchez vienen de perder-ganar-perder-ganar en su partido, ante los agotados socialdemócratas o de los de la tercera vía, en diferentes momentos históricos. Pero que finalmente han conseguido vencerlas al conectar con unas bases más exigentes, hartas de ver  como los anteriores líderes claudicaban antes los poderes económicos, sin apenas resistencia, ofreciéndoles en bandeja reformas laborales retrógradas o cambiar el artículo 135 de La Constitución para anteponer los prestamistas a las necesidades sociales esenciales.

El equipo, de momento, ha hecho una apuesta clara de jugarse el todo por el todo, solos y sin apoyos, ellos serán los que recojan los frutos de su gobierno y lo cierto es que tienen margen y además el momento de movilizaciones sociales le es propicio.

BIPARTIDISMO ….. Confrontación o Ruptura

Manuel Armenta

12 de junio de 2018

El 1 de Junio de 2018 ya es historia por haberse producido un acontecimiento tan exigido y deseado por millones de personas que sufren recortes en derechos y libertad, en la vida laboral y en condiciones de vida dignas: El partido Popular es expulsado del gobierno de España, a pesar de su “primacía parlamentaria” y del soporte de C´s, por una Moción de Censura del PSOE, en minoría, que culmina con una mayoría absoluta por el apoyo generalizado de partidos.

Era posible, y ha sido posible su salida del gobierno porque los gritos y demandas de la calle desde 2011, ha confluido con las organizaciones progresistas instaladas en las estructuras del Estado, forzando la quiebra de los partidos históricos y sus formas de “ser y estar” en la vida política Institucional. El cruce de trenes ha puesto fin al llamado “bipartidismo” –PP-PSOE-, a pesar de haber  convivido y compartido los poderes del Estado Democrático y sus políticas, en su origen -1978- y en todas sus derivas, incluidas las que provocaron la crisis y los recortes.

La quiebra del bipartidismo no es solo un golpe de efecto sino real, porque desbanca al PP del poder Institucional “por corrupto” (ya solo gobierna en 4 Comunidades), y Rajoy abandona la presidencia del partido para abrir una nueva etapa.

También ha sido posible, porque el conjunto de fuerzas progresistas han sabido dar un respaldo INCONDICIONAL a la Moción de Censura anteponiendo el interés de mayorías sociales, aunque otras fuerzas nacionalistas la apoyen por interés propio y territorial, sin desestimar la actitud del PSOE con la Moción de Censura. Confluencia parlamentaria, que cierra puertas y abre opciones de CAMBIO hacia más y mejor Democracia.

Respecto del PSOE, la confrontación y quiebra directa del bipartidismo, le abre una puerta real a la “regeneración de sus prácticas políticas” con protagonismo y nuevas alianzas y confluencias, en la posible dirección de recuperar derechos y condiciones de vida dignas para las mayorías sociales. 

Andalucía: el actor político escondido

David Benavides, Profesor de Informática de la U. de Sevilla, @davbencue

María Eugenia Gutiérrez, Profesora de la Facultad de Comunicación de la U. de Sevilla

María Lamuedra, Profesora de la Facultad de Comunicación de la U. de Sevilla, @marialamu

4 de junio de 2018

La trayectoria histórica, cultural y la posición geográfica han convertido a Andalucía, de una u otra forma, en un lugar a tener en cuenta en la valoración de los ciclos discontinuos que conforman la historia de la humanidad. Desde los fenicios hasta los tartessos, desde Adriano hasta Maimónedes pasando por la Guerra de la Independencia.

Andalucía ha sido un espacio de referencia en los hitos trascendentes de la Historia de España. Sin embargo, en la actualidad, Andalucía aparece como ese actor secundario, cuya presencia se da tan por supuesta que apenas genera atención, pero sin la que los protagonistas no podrían desarrollar su acción.

Si trasladamos la metáfora al ámbito de la política cotidiana, sólo con ojear los presupuestos generales del Estado se vislumbran indicios del “maltrato” sistemático a la comunidad: las partidas para Andalucía son insuficientes y, además, las que se comprometen, luego no se ejecutan. Por tanto, es fácil reconocer el uso político de Andalucía para dotar de contenido a la marca España, sustentada en un “kit” de romerías y flamenco “para todos”, cuando la actitud de los gobernantes siempre ha sido la de usar esas señas de identidad y diluirlas en España mientras que en lo concreto se sigue infravalorando la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la escena nacional. Como Manu Sánchez dice: "Andalucía is not Spain, Spain is Andalucía".

¿La discusión en Podemos ha sido sobre la compra de una casa?

Miguel Toro

1 de junio de 2018

Estamos en junio de 2018. En los últimos días ha habido un gran revuelo mediático alrededor de la compra de una casa en Galapagar (Madrid), valorada en unos 600.000 euros lo que supone una hipoteca de 540.000 durante 30 años. Como resultado, si el Euribor se mantiene, la cuota mensual aproximada ascenderá a unos 1.860 euros al mes el primer año y 1.755 los restantes. Ante el revuelo mediático Pablo Iglesias e Irene Montero decidieron consultar a las bases su continuidad como líderes del partido con el compromiso de dimitir si hubieran perdido la consulta. Los resultados de la misma ya fueron publicados. Estos son los datos.

Frente a ellos ha habido un conjunto muy amplio de opiniones. Hay sectores mediáticos, claramente en la oposición al partido morado, que opinan que la hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero es propia de la casta, no del español medio. Otros, del mismo signo político, denuncian la incoherencia de Iglesias, que no hace mucho criticaba a políticos como Luis de Guindos por realizar operaciones inmobiliarias similares a la suya.

Otros sectores dentro de la corriente de Podemos, como el alcalde Cádiz, opinan: "No quiero dejar de vivir en un piso de currante. Ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz, y con Teresa Rodríguez". Y que el código ético de la formación "no es una formalidad, es el compromiso de vivir con la gente corriente". Supone, según él, "renunciar a privilegios como el exceso de sueldo". Otros, en la misma corriente, han declarado que la compra de la casa “denota cierta mentalidad pequeñoburguesa que no cuadra con los principios fundacionales” del partido. Para el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, la compra de la casa afecta al relato de "la gente frente a la casta" y deben ser las bases las que tienen que "dar la respuesta" a la dimisión o continuidad de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Evidentemente el primer bloque de opiniones, los de los opositores de Podemos, los que lo ven como una amenaza, están haciendo su trabajo: erosionar la imagen de Podemos, intentar restarle toda la fuerza política posible. Es lo normal, lo esperable, que los adversarios políticos lo intenten. Por ello no me detendré en comentar estas opiniones.

UNA FINANCIACIÓN ADECUADA PARA LA ENSEÑANZA PÚBLICA

La política practicada por los gobiernos durante la crisis económica ha efectuado recortes considerables en el gasto educativo, a la vez que se incrementaban los fondos públicos destinados a centros privados concertados. 
España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la Iglesia concentra el 60 %

 

Juan M. Valencia Rodríguez - 29 de mayo de 2018

El acceso universal y gratuito a la educación, al saber y la cultura, es una de las grandes conquistas de las clases trabajadoras de la sociedad contemporánea, que no pudieron tener las poblaciones de épocas anteriores. La exigencia social hizo que el Estado liberal primero, y en especial las democracias en un momento posterior, asumieran  como propia la tarea de la “instrucción pública”.

En España, ese formidable logro tuvo uno de sus hitos más importantes en el primer bienio (1931-1933) de la Segunda República, en el que se produjo un esfuerzo mayúsculo de alfabetización y de construcción de centros escolares públicos. El retorno a la democracia tras la dictadura de Franco abrió nuevas esperanzas y posibilidades para el desarrollo de la enseñanza pública en nuestro país. La Constitución de 1978 sancionó el derecho de todos a la educación al establecer la enseñanza básica como obligatoria y gratuita.

La educación es un derecho universal, una prioridad humana y un bien público. Permite a las personas desarrollar las capacidades intelectuales para hacerse su propia idea de la vida y del mundo, adquirir la formación necesaria para ganarse el sustento con dignidad y también para disfrutar de las creaciones culturales y artísticas de la Humanidad. Hacer realidad tal derecho exige medios económicos, una financiación suficiente y adecuada. Cada colectividad debe preguntarse qué cantidad de la riqueza socialmente producida, es decir, qué porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) debe asignarse al gasto en Enseñanza pública, a través de la parte correspondiente de los impuestos recaudados por el Estado.

En este asunto la realidad española deja mucho que desear, porque a nuestro atraso secular se une la política seguida por los gobiernos durante la crisis económica, de recortes considerables en el gasto educativo (iniciados en los dos últimos años de gobierno de Zapatero y agravados en los gobiernos de Rajoy): de un 4,94 % del PIB en 2009 se pasó al 4,1 % en 2015, y sigue bajando: en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno de Rajoy a Bruselas se contempla que España rebaje el gasto educativo en 2020 al 3,67 %.

MENORES PROTEGIDOS: INVISIBLES Y OLVIDADOS

La Junta de Andalucía no ha elaborado un estudio serio (ni creo que lo elabore nunca) que ponga al servicio del ciudadano y de la propia Administración la información que permita valorar la bondad, maldad o perversión, en su caso, de las políticas de protección de menores.

JOSE ANTONIO BOSCH

21 de mayo de 2018

El pasado mes de marzo se publicaron las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España. Tras examinar los dos citados informes de España, el Comité, en sendas sesiones celebradas en enero y febrero de este año, realizó una serie de observaciones sobre determinadas cuestiones que preocupan al Comité en lo que podríamos denominar incumplimientos o deficiencias relativas a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en el Estado español.

Previo a todo, hay que señalar varias cuestiones, la primera, que como quiera que la competencia de protección de menores está transferida a las Comunidades Autónomas, los incumplimientos o deficiencias imputadas al Estado español son, mayoritariamente, los causados por las diferentes CC.AA; la segunda, que con el término “niño” se abarca a toda persona menor de 18 años con independencia de su sexo, por lo que en el presente escrito mantendremos el término para hacer coincidente su significado con el utilizado por el Comité; y, finalmente, que cada una de las observaciones y de las recomendaciones que realiza el citado Comité merecería una entrada de nuestro blog, por lo que vamos a centrarnos en una sola para no extendernos en demasía.

Recoge el citado texto la “seria preocupación del Comité” con relación a los niños privados de un entorno familiar, el elevado número de niños atendidos en centros de acogida y el hecho de que, en la práctica, este tipo de atención es la opción principal utilizada como medida inicial. Quién escribe la presente entrada lleva años denunciando el abuso que se realiza desde la Administración encargada de la protección de menores de las declaraciones de desamparo, así como las ratificaciones que reciben desde los Tribunales de Justicia, y ello por diversos motivos. En primer lugar, por entender que se vulnera de forma constante la Convención de los Derechos del Niño, amén de variada normativa internacional, estatal y autonómica relativa a la protección del menor, por cuanto la obligación primera que se impone a los Estados en esta materia es la de velar para que el niño no sea separado de sus padres; según esta normativa, si surgen disfunciones en el seno familiar que puedan suponer un riesgo para el niño, deberán tratar los poderes públicos de poner los medios para solucionar las disfunciones en el seno de la familia directa; si a pesar de la intervención pública, se siguen produciendo situaciones que puedan suponer riesgo o peligro para la integridad física o moral del niño, el menor deberá ser extraído de la familia directa y acogido por la familia extensa y si todo lo anterior falla, el menor deberá ser internado en un centro, el menor tiempo posible, lo que se tarde en buscarle una nueva familia.